Reconstruir Colombia

Jos¨¦ Pisario no ir¨¢ a votar el domingo pr¨®ximo en las elecciones presidenciales de Colombia. Tampoco acudir¨¢n a las urnas Abasito Kaisamo y Amador Membache. Estos tres ind¨ªgenas de la etnia woonan huyeron, en los primeros d¨ªas de abril, de sus aldeas en la cuenca del r¨ªo San Juan (departamento de Choc¨®), en la selva occidental colombiana. Las amenazas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han provocado el abandono forzado de 1.740 habitantes de cinco comunidades woonan. "Era la huida o la muerte", recuerda Pisario, maestro, de 43 a?os, cuyo nombre figura en una lista de 18 personas a las que la guerrilla acusa de "informantes" del ej¨¦rcito. Los rebeldes secuestraron y mataron a dos docentes de la lista, que eran compa?eros de trabajo de Pisario. Con ¨¦l empezamos un viaje por los grandes conflictos abiertos en Colombia, un recorrido por todos los dramas que el presidente ?lvaro Uribe (con una popularidad del 57,6%) hereda de s¨ª mismo.

"La guerra empez¨® por razones ideol¨®gicas, pero esto hace tiempo que se acab¨®. Hoy es un negocio muy bueno", asegura un dirigente empresarial

El miedo reina en la selva chocoana, cuyos habitantes poco tienen que decir de la campa?a electoral ni de la probable reelecci¨®n del presidente ?lvaro Uribe

La ausencia del Estado y la guerra han permitido la apropiaci¨®n de tierras o la compra a bajo precio por parte de grupos amparados por los paramilitares

El intenso debate sobre la fumigaci¨®n indica que no han disminuido las plantaciones de droga, sino que se han desplazado hacia donde no exist¨ªan

Los l¨ªderes locales en vano exigieron a la guerrilla que se fuera de la zona con un mensaje claro: "Ustedes no son la soluci¨®n a nuestros problemas"

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LOS DESPLAZADOS

El miedo reina en la selva chocoana, cuyos habitantes poco tienen que decir de la campa?a electoral ni de la probable reelecci¨®n de Uribe, de 53 a?os. Son otras las preocupaciones del mundo rural de Colombia, la segunda naci¨®n del planeta, despu¨¦s de Sud¨¢n, con mayor n¨²mero de desplazados internos (tres millones de personas en cuatro d¨¦cadas de conflicto), seg¨²n la Consultor¨ªa para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). La cifra se ha disparado durante el Gobierno de Uribe, con m¨¢s de 748.000 campesinos e ind¨ªgenas que se han visto obligados a abandonar sus tierras originarias.

En un precario asentamiento de Istmina, donde se hacinan unos 740 ind¨ªgenas fugitivos de la regi¨®n Medio San Juan, un joven que se niega a dar su nombre describe la tremenda situaci¨®n de las comunidades woonan, embera y tule, atrapadas entre dos fuegos. La guerrilla de las FARC y los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que siguen activos se enfrentan estos d¨ªas por el control de territorios donde abundan los cultivos ilegales. "Todo el mundo sabe lo de la coca", dice nuestro interlocutor, que huy¨® por el r¨ªo en un viaje en bote de ocho horas.

Pisario, padre de ocho hijos de dos esposas, comenta que las ¨²ltimas noticias dan cuenta de la presencia en el r¨ªo San Juan de varias unidades fluviales de la marina. Las elecciones est¨¢n a la vuelta de la esquina y todos tratan de demostrar que tienen el dominio de la regi¨®n. La guerrilla ha hecho correr la voz de que es inminente un "bloqueo" en el tr¨¢nsito de personas y mercanc¨ªas. Y de paso env¨ªa el mensaje a las autoridades y a la poblaci¨®n de que la insurgencia sigue viva, pese a la pol¨ªtica de mano dura del Gobierno.

Choc¨® es un territorio geoestrat¨¦gico, al que siempre se ha mirado m¨¢s con af¨¢n de extraer sus recursos que de invertir en su desarrollo. As¨ª lo estima la monja Yanneth Moreno, de las Hermanas del Divino Salvador -15 a?os en Quibd¨®, la capital departamental-, cuando habla de "la deuda hist¨®rica" con los chocoanos. "Nada ha cambiado para mejorar la calidad de vida. Aqu¨ª una embarazada o un ni?o pueden morir de una diarrea", asegura. La vulnerabilidad de la poblaci¨®n contrasta con la riqueza de una tierra que posee yacimientos de oro, platino y minerales estrat¨¦gicos, madera, r¨ªos caudalosos con abundante pesca, las mayores posibilidades de generaci¨®n de energ¨ªa h¨ªdrica y probables reservas de petr¨®leo. Choc¨® es la segunda zona del planeta donde m¨¢s llueve, y tiene una biodiversidad rica y variada.

Podr¨ªa ser una tierra promisoria para sus habitantes, negros en un 90%, junto a un 10% de ind¨ªgenas de diversas etnias y mestizos. Pero las gentes de Choc¨® viven desde hace d¨¦cadas bajo una maldici¨®n por la confluencia de los principales actores del conflictivo escenario colombiano: guerrilla, paramilitares, narcotr¨¢fico, ej¨¦rcito, usurpadores y depredadores de tierras, deforestaci¨®n. La situaci¨®n de violencia se agrav¨® a partir de 1996 debido a la fuerte penetraci¨®n desde el norte de Choc¨® de los grupos paramilitares de ultraderecha, de la mano de grandes proyectos agr¨ªcolas, y a los enfrentamientos armados con la guerrilla. En medio, los civiles. La cifra de m¨¢s de 1.200 muertos en los ¨²ltimos 10 a?os, seg¨²n datos oficiales, revela la dimensi¨®n de la crisis humanitaria. Los cad¨¢veres descend¨ªan por los r¨ªos Atrato y San Juan y pasaban por delante de las aldeas con carteles en los que pod¨ªa leerse "No me toque", "No me coja". Con estos mensajes siniestros, la zona se ha convertido en testigo mudo de matanzas.

El 2 de mayo de 2002 se produjo uno de los episodios m¨¢s sangrientos en la poblaci¨®n de la cuenca del r¨ªo Atrato. Bellavista, cabecera municipal de Bojay¨¢, era escenario de cruentos combates entre las FARC y los paramilitares, que se atrincheraron alrededor de la iglesia. El templo estaba repleto de civiles. La guerrilla dispar¨® un proyectil que impact¨® en el altar. Fue una carnicer¨ªa, con 119 muertos, entre ellos 45 ni?os, y m¨¢s de 95 heridos. Los combates duraron tres d¨ªas. Yanneth Moreno particip¨® en las labores de rescate. Recuerda la religiosa que, cuando los guerrilleros vieron la magnitud del desastre, m¨¢s de uno lloraba. Entre las v¨ªctimas hab¨ªa familiares de los rebeldes. Las FARC reconocieron el error y pidieron perd¨®n. Los l¨ªderes locales exigieron en vano que la guerrilla se fuera de la zona y transmitieron un mensaje inequ¨ªvoco: "Ustedes no son la soluci¨®n a nuestros problemas".

La matanza provoc¨® un ¨¦xodo de 4.000 habitantes de Bojay¨¢ y Vig¨ªa del Fuerte, dos municipios frente a frente a orillas del Atrato. La mayor¨ªa malvive en los asentamientos de El Futuro y Villa Espa?a, en Quibd¨®. Ana Ramona Mosquera y su hija Mar¨ªa Olivia huyeron en un bote, en medio de los disparos. Detestan recordar aquella noche y se quejan de la falta de apoyo de las instituciones. "La palabra retorno es muy linda, pero no hay garant¨ªas para hacerla realidad", dice Mar¨ªa Olivia. Algunos decidieron volver. No est¨¢n vivos. "Eso fue muy duro. Vuelves y la tierra ya tiene otro due?o. No queda nada de lo que dejaste".

Las causas que provocaron el desplazamiento de los habitantes de Bojay¨¢ no han cambiado, dice Giovanni Salazar, encargado de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Quibd¨®. No ha habido un solo caso de retorno exitoso, se?ala Salazar.

La ausencia del Estado y el conflicto armado han permitido la compra a bajo precio o directamente la apropiaci¨®n de tierras por parte de sectores poderosos amparados por grupos paramilitares. En 1982 llegaron a la regi¨®n del Medio Atrato las madereras. "Las comunidades negras campesinas detectaron que for¨¢neos empezaron a marcar los ¨¢rboles", recuerda la zaragozana Aurora Bailarin, misionera claretiana con muchos a?os en Choc¨®, al explicar los primeros pasos de la organizaci¨®n de los campesinos en defensa de la tierra. As¨ª naci¨® en Bet¨¦ la Asociaci¨®n Campesina Integral del Atrato (ACIA), cuya carta de presentaci¨®n fue frenar las concesiones madereras en aquel territorio. La nueva Constituci¨®n de 1991 y la Ley 70 de 1993 reconocieron la identidad ind¨ªgena y el derecho de las comunidades negras a su territorio mediante t¨ªtulos colectivos de propiedad, que son declarados inalienables, inembargables e imprescriptibles. El hecho de mayor trascendencia en Colombia se produjo en diciembre de 1997, cuando las comunidades negras obtuvieron un t¨ªtulo colectivo que las reconoce legalmente como due?as del territorio que habitaron por generaciones en el Medio Atrato.

La ACIA agrupa hoy a 120 comunidades (91 del departamento de Choc¨® y 29 de Antioquia), con una poblaci¨®n de 55.000 personas. Esta peculiar organizaci¨®n ha conseguido sobrevivir en un escenario de violencia en el que los grupos paramilitares libran una guerra con las FARC por el control territorial. Los primeros han puesto en marcha gigantescos planes agropecuarios, que incluyen la siembra de palma africana en territorios de comunidades negras, o la ganader¨ªa extensiva en tierras agr¨ªcolas.

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LA DROGA

Los r¨ªos que atraviesan Choc¨® son fuente de vida y v¨ªa de comunicaci¨®n entre el Pac¨ªfico y el departamento de Antioquia. Por el r¨ªo se moviliza la poblaci¨®n y se transportan las mercanc¨ªas. Por su localizaci¨®n estrat¨¦gica facilita, adem¨¢s, el tr¨¢fico de armas y drogas para financiar la guerra.

Desde la entrada en vigor del Plan Colombia, hace seis a?os, Estados Unidos ha invertido 4.000 millones de d¨®lares en el combate antidroga, la mayor¨ªa en labores de fumigaci¨®n a¨¦rea de cultivos de hoja de coca. Numerosos especialistas colombianos y estadounidenses cuestionan la eficacia del plan y el enorme dispendio econ¨®mico que implica. Las cifras var¨ªan seg¨²n quien las difunde. John Walters, director de la Oficina de Control de Drogas de Estados Unidos, asegura que en 2005 la superficie de cultivos de coca y amapola aument¨® en Colombia (de 114.000 a 144.000 hect¨¢reas), pese a que fue un a?o r¨¦cord en erradicaci¨®n, con 170.000 hect¨¢reas. El Gobierno colombiano rebaja a 90.000 hect¨¢reas las de cultivos il¨ªcitos.

A diferencia de pa¨ªses como Bolivia y Per¨², que han prohibido la fumigaci¨®n por sus efectos nocivos, en Colombia es la pr¨¢ctica habitual para destruir las plantaciones de droga. La erradicaci¨®n manual no supone m¨¢s del 20%. Los operativos para fumigar requieren una movilizaci¨®n impresionante: un batall¨®n de 400 hombres que se despliegan por todo el per¨ªmetro de la zona de actuaci¨®n para prevenir eventuales acciones de los grupos armados, y 15 helic¨®pteros para dar cobertura a¨¦rea protegen el sobrevuelo de los aparatos de fumigaci¨®n, pilotados por estadounidenses. Cada misi¨®n dura entre dos y cuatro meses, uno de los cuales se emplea en la log¨ªstica. Tres equipos act¨²an simult¨¢neamente en diferentes zonas del pa¨ªs durante todo el a?o. El Gobierno colombiano sostiene que para acabar con todos los cultivos il¨ªcitos necesitar¨ªa 10 equipos de similares caracter¨ªsticas y ha pedido m¨¢s medios a Estados Unidos, cuyo Gobierno no parece dispuesto a aumentar su desembolso.

El intenso debate sobre la fumigaci¨®n permite, de momento, una conclusi¨®n: lejos de disminuir las plantaciones de droga, se ha producido un desplazamiento de las mismas hacia zonas donde antes no exist¨ªan, como en Choc¨®. Fuentes militares explican que para sortear los efectos de la erradicaci¨®n a¨¦rea, los cultivadores recurren a las estratagemas m¨¢s ingeniosas, como el uso de viveros para reemplazar inmediatamente las plantas destruidas, la protecci¨®n de la hoja de coca con az¨²car panela o el corte de la planta justo despu¨¦s de la fumigaci¨®n.

Las naves que vierten los productos qu¨ªmicos son blanco de ataques de la guerrilla, que en m¨¢s de una ocasi¨®n ha logrado derribar o da?ar aviones y helic¨®pteros. Diversas fuentes certifican la implicaci¨®n de las FARC y de las AUC en el narcotr¨¢fico, que abarca toda la cadena de producci¨®n, desde el cultivo de la hoja de coca hasta la cristalizaci¨®n en clorhidrato de coca¨ªna.

En departamentos como Choc¨® y Antioquia, las dos organizaciones armadas combaten por el control territorial, mientras en otros como Nari?o y Meta colaboran en el negocio ilegal. B¨¢sicamente, depende de los comandantes locales, dice un oficial de las Fuerzas Armadas.

"Los beneficios del narcotr¨¢fico son m¨¢s elevados que la inversi¨®n para combatirlo", sostiene Juan Camilo Ochoa, presidente del Grupo Empresarial Antio-que?o (GEA), el primer holding de Colombia. "La guerra empez¨® por razones ideol¨®gicas, pero esto hace tiempo que se acab¨®. Hoy es un negocio demasiado bueno", a?ade. Y el negocio tiene que ver, seg¨²n el primer empresario colombiano, con la debilidad de la justicia, la corrupci¨®n, el contrabando y los grandes negocios en torno al paramilitarismo. "As¨ª seguir¨¢ mientras no tengamos un aparato judicial fuerte y eficaz".

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EJ?RCITO Y GUERRILLA

El eje principal de gobierno de ?lvaro Uribe ha sido la llamada pol¨ªtica de "seguridad democr¨¢tica" y su obsesi¨®n por derrotar a las FARC por la v¨ªa militar. Una buena parte del presupuesto del Estado se ha destinado a tal fin, y para ello no se han escatimado recursos para las Fuerzas Armadas: los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la polic¨ªa aumentaron en un 30% de julio de 2002 a marzo de 2006, hasta llegar a casi 400.000 efectivos. El presupuesto de Defensa, incluida la ayuda de Estados Unidos, pas¨® de 4.600 millones de d¨®lares en 2003 a 6.900 millones en 2006.

La estrategia incluye iniciativas de dudosa eficacia, como recompensas por la captura o eliminaci¨®n de jefes de frentes guerrilleros. La idea es del ministro de Defensa, Camilo Ospina, y se trata de la Boina (Bonificaci¨®n por Operaciones de Importancia Nacional), que pretende estimular a las tropas, y a la fuerza p¨²blica en general, a base de prometer un a?o de sueldo adicional a quien logre el bot¨ªn requerido.

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PARAMILITARES

El presidente presenta como el gran ¨¦xito de su Gobierno el proceso de desmovilizaci¨®n de los paramilitares de las AUC, a los que se atribuye algunos de los episodios m¨¢s sangrientos del conflicto colombiano. Las versiones oficiales aseguran que unos 30.000 combatientes han dejado las armas y est¨¢n en fase de reintegraci¨®n a la sociedad.

Jaime Fajardo Landaeta dirige en Medell¨ªn un programa de reinserci¨®n de los paramilitares desmovilizados desde su puesto de asesor de paz del gobernador de Antioquia. Voz autorizada en la materia, Fajardo fue miembro del Ej¨¦rcito Popular de Liberaci¨®n (EPL) en la regi¨®n de Urab¨¢, hasta que en 1990 dej¨® las filas de la segunda organizaci¨®n guerrillera de Colombia en aquellos a?os y particip¨® en la Asamblea constituyente de 1991 que promulg¨® la nueva Carta Magna. "La experiencia me demuestra que hay que lograr el copamiento institucional y no s¨®lo militar de los territorios que abandonan los desmovilizados", advierte Fajardo, "donde no opera el Estado social de derecho". En otras palabras, hay que prestar atenci¨®n no s¨®lo a quienes cuelgan las armas, sino tambi¨¦n a "la comunidad que vivi¨® durante mucho tiempo con la ilegalidad".

La tarea de lograr la plena reinserci¨®n apenas comienza. El Gobierno calcula que Antioquia tendr¨¢ que acoger a la mitad de todos los desmovilizados de las AUC, porque una gran parte son originarios de este departamento y porque en ¨¦l, en las regiones de Urab¨¢ y Santander, cometieron las primeras fechor¨ªas. Los obst¨¢culos para hacer fracasar el proceso de paz surgen diariamente. Durante la entrevista con Jaime Fajardo, la secretaria interrumpe la reuni¨®n para entregarle una hoja de papel. Es una octavilla firmada por las Autodefensas de la Universidad de Antioquia-Audea en la que anuncian la reactivaci¨®n de sus actividades delictivas, y amenazan de muerte a varios profesores y estudiantes de la universidad, a los que acusan de ser miembros activos de organizaciones guerrilleras. "Puede que sea una farsa, pero no podemos descuidarnos. Todo es posible", advierte el asesor de paz.

En el a?o 2004 se firmaron los acuerdos que establecen una "zona de ubicaci¨®n" para los desmovilizados de las AUC en Tierralta (C¨®rdoba), donde quedaron concentrados los jefes paramilitares y su guardia privada. Todos tienen un salvoconducto para desplazarse por el pa¨ªs y disponen de esquemas de seguridad mejores y m¨¢s aparatosos que cualquier candidato presidencial. En este grupo de escogidos est¨¢ Salvatore Mancuso, el jefe de jefes, y otros conocidos comandantes. La buena sinton¨ªa entre paramilitares y autoridades ha sido palpable en algunos actos de desmovilizaci¨®n, con discursos de los representantes del Estado claramente elogiosos hacia las AUC.

Seg¨²n cifras que se han filtrado a la prensa, hay unos mil que tienen cuentas pendientes con la justicia y acusaciones de graves violaciones de derechos humanos. El problema es que el marco jur¨ªdico de la desmovilizaci¨®n -Ley 782, Decreto 128 y Ley de Justicia y Paz- adolece de excesiva vaguedad en cuestiones tan sensibles como la reparaci¨®n y el castigo a los culpables.

Muchos colombianos se preguntan qu¨¦ pasar¨¢ despu¨¦s de las elecciones. ?Llegar¨¢ la ansiada paz? Los l¨ªderes de la organizaci¨®n guerrillera en activo m¨¢s antigua de Am¨¦rica Latina lo han dicho claramente. No hay nada que hablar con el Gobierno de ?lvaro Uribe, por lo que la v¨ªa a una negociaci¨®n de paz est¨¢ cerrada. Claro que Colombia est¨¢ en ¨¦poca electoral y nadie quiere hacer una apuesta equivocada. Habr¨¢ que esperar al resultado de las urnas del domingo pr¨®ximo. "Las FARC nunca se van a desmovilizar como si fueran una organizaci¨®n paramilitar. Se consideran Estado y poder en los territorios bajo su control, han promulgado leyes y quieren discutir pol¨ªticamente", opina Jaime Fajardo.