Se busca culpable

El ex vicepresidente Rodrigo Rato asegura que s¨ª transmiti¨® a su sucesor, Pedro Solbes, una lista de asuntos pendientes entre los que figuraba el desarrollo reglamentario de la Ley de inversiones colectivas, norma que est¨¢ en el centro del debate sobre el esc¨¢ndalo de Afinsa y F¨®rum Filat¨¦lico. Solbes lo niega. No parece asunto para un careo; es posible que s¨ª hubiera transmisi¨®n de la necesidad de desarrollar la ley en general pero no una menci¨®n a la disposici¨®n adicional relativa espec¨ªficamente al control de actividades como las que han motivado el presunto fraude.

Con independencia de qui¨¦n tenga raz¨®n en ese aspecto concreto (o en el de la eventual responsabilidad de las Comunidades aut¨®nomas, a las que est¨¢n transferidas las competencias de Consumo), llama la atenci¨®n la forma en que los dos principales partidos, el del Gobierno y el que lo fue hasta 2004, est¨¢n encarando este asunto: dando la impresi¨®n en todo momento de estar m¨¢s preocupados por culpar al otro que en averiguar qu¨¦ cabe hacer para paliar los efectos del supuesto fraude y tratar de evitar que se repita. El PP reaccion¨® de entrada pidiendo medidas para compensar a los damnificados, y justificando esa medida por la responsabilidad del Gobierno en no haber regulado el sector de manera conveniente. El Gobierno (administrador de los fondos que en su caso habr¨ªa que librar para pagar esas compensaciones) respondi¨® recordando que gobernaba el PP cuando se legisl¨® de manera insuficiente. M¨¢s tarde el PP ha a?adido la acusaci¨®n de que el Gobierno no alert¨® a los inversores de las irregularidades que investigaba la fiscal¨ªa, lo que ha hecho la discusi¨®n a¨²n m¨¢s espesa, y tal vez in¨²til.

El revent¨®n financiero en Afinsa y F¨®rum Filat¨¦lico es responsabilidad de los gestores de esas sociedades, y nada sugiere que pueda ser de otra forma. Si existe alguna responsabilidad de los poderes p¨²blicos, ser¨¢ por haber autorizado este tipo de sociedades de inversi¨®n -as¨ª las define la Fiscal¨ªa- sin la garant¨ªas para los ahorradores que existen en las otras formas conocidas y legalmente reguladas de captaci¨®n del ahorro. Entonces la responsabilidad es compartida por todas las administraciones habidas en los ¨²ltimos 26 o 27 a?os. La identificaci¨®n de un culpable tendr¨ªa sentido si de ella derivase una responsabilidad subsidiaria del Estado para hacer frente a las p¨¦rdidas de los inversores. Pero no es el caso. No ser¨ªa justo que los contribuyentes, muchos sin posibilidad de ahorrar, pagasen con sus impuestos una indemnizaci¨®n a quienes invirtieron sus ahorros en estas sociedades, de las que esperaban recibir -y en parte recibieron- una rentabilidad superior a la media.

No es habitual en pa¨ªses desarrollados la ausencia de conciencia de la continuidad del Estado que se da en Espa?a. No porque corresponda a decisiones de una administraci¨®n anterior puede un Gobierno lavarse las manos sobre ciertos hechos. Como tampoco el estar en la oposici¨®n exime a un partido con vocaci¨®n de gobierno del deber de velar por la utilizaci¨®n responsable de los fondos p¨²blicos.