Los funcionarios conservar¨¢n su puesto s¨®lo si desempe?an bien sus funciones

Los funcionarios contar¨¢n en 2007 con el primer estatuto que regular¨¢ sus derechos, deberes y condiciones de trabajo. El Gobierno y los sindicatos mayoritarios en la funci¨®n p¨²blica (UGT, CC OO y CSIF) pactaron ayer un texto que recoge la obligaci¨®n de evaluar el trabajo de los empleados p¨²blicos para decidir si contin¨²an en su puesto o no. Los funcionarios tendr¨¢n derecho a la negociaci¨®n colectiva y a conciliar la vida laboral con la familiar. Las administraciones se comprometen a reducir la creciente tasa de temporalidad en el sector p¨²blico.

Dos a?os despu¨¦s de comenzar las negociaciones, el ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla, y los sindicatos se han puesto de acuerdo en las reglas b¨¢sicas que deben definir al funcionario. Lo acordado se aplicar¨¢ a los casi 2,4 millones de empleados p¨²blicos (estatales, auton¨®micos y locales) que existen en Espa?a, incluidas las fuerzas armadas, la polic¨ªa y los jueces, aunque estos colectivos tendr¨¢n algunas limitaciones. Las normas b¨¢sicas de funci¨®n p¨²blica datan de 1965 (en 1984 se introdujeron algunas novedades).

El Estatuto, que el Consejo de Ministros prev¨¦ aprobar antes del verano, entrar¨¢ en vigor en la primavera del a?o pr¨®ximo, seg¨²n calculan los negociadores. Sevilla conf¨ªa en que sirva para situar la Administraci¨®n "a la altura del siglo XXI". ?stas son las principales novedades:

- Evaluaci¨®n en el puesto. "Resulta socialmente inaceptable que se consoliden con car¨¢cter vitalicio derechos y posiciones profesionales por aquellos que no atiendan satisfactoriamente a sus responsabilidades". Con esta contundencia, el Estatuto deja claro que la permanencia en el puesto depender¨¢ del desempe?o. El funcionario no perder¨¢ la plaza fija, pero podr¨¢ ser trasladado a otro puesto si no cumple con los objetivos previstos. Del mismo modo podr¨¢n mejorar sus condiciones si el rendimiento es satisfactorio. Una comisi¨®n lo evaluar¨¢ peri¨®dicamente. Para Julio Lacuerda, de UGT, se trata de un elemento "de enorme expectativa".

- Negociaci¨®n colectiva. Es uno de los principales derechos que se les reconocen a los empleados p¨²blicos. Podr¨¢n negociar salarios y condiciones laborales con la administraci¨®n correspondiente, incluso recurrir a f¨®rmulas extrajudiciales de resoluci¨®n de conflictos. En caso de desacuerdo, la administraci¨®n decidir¨¢.

- Salarios y promoci¨®n. El Estatuto clarifica las pagas de los funcionarios, principalmente las extraordinarias. Se especifica que ser¨¢n dos y deber¨¢n incluir la parte fija del salario y las complementarias, salvo las ligadas a productividad. Hasta ahora s¨®lo se reconoc¨ªa una parte de esos complementos. Adem¨¢s, se ampl¨ªan las posibilidades de promoci¨®n de los funcionarios. Habr¨¢ m¨¢s facilidad para que un trabajador desempe?e otras funciones.

- Personal directivo. Se crea una nueva figura que pretende dotar de mayor atractivo salarial los altos cargos de la Administraci¨®n para evitar que huyan a la empresa privada.

- Vida laboral y familiar. Se reconoce a los funcionarios el derecho a conciliarlas. El Estatuto incorpora las principales novedades del Plan Concilia, entre ellas, el permiso de paternidad de 10 d¨ªas y las posibilidades de excedencias.

- Deberes. Adem¨¢s de derechos, los funcionarios contar¨¢n con una larga lista de deberes. Se proh¨ªbe discriminar, intervenir en asuntos en los que tengan inter¨¦s personal, tratar de forma irrespetuosa a los ciudadanos, aceptar regalos...

- Freno a la temporalidad. Los puestos eventuales son cada vez m¨¢s frecuentes en la Administraci¨®n p¨²blica, especialmente en comunidades y ayuntamientos, donde pueden rondar el 30%. El Estatuto permite a esas administraciones convocar plazas fijas para las 650.000 ahora ocupadas por interinos en toda Espa?a.