La financiaci¨®n, 30 a?os despu¨¦s

Un total de 13 art¨ªculos, un par de disposiciones adicionales y una transitoria. As¨ª ventilaba el Estatuto de 1979 el cap¨ªtulo de Finanzas y Econom¨ªa, con una particularidad nada desde?able: el Estatuto de Sau supedita el t¨ªtulo de financiaci¨®n a lo que m¨¢s adelante se conoci¨® como Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas, la controvertida LOFCA. En la pr¨¢ctica, esa subordinaci¨®n a la LOFCA -"por la puerta de atr¨¢s", ya que aparec¨ªa tan s¨®lo en una disposici¨®n adicional, explica el catedr¨¢tico Guillem L¨®pez Casasnovas- dej¨® en suspenso algunos art¨ªculos y ha distorsionado sustancialmente los preceptos que se derivaban del texto de 1979.

Los expertos consultados por este diario hacen hincapi¨¦ en este aspecto para destacar las diferencias con el Estatuto que se votar¨¢ el 18 de junio. "El texto se blinda y no esta supeditado a la LOFCA", afirma N¨²ria Bosch, catedr¨¢tica de Hacienda P¨²blica de la UB. El nuevo texto establece que las relaciones tributarias se regulan por la Constituci¨®n, el Estatuto y la LOFCA. Por este orden. Y es tambi¨¦n mucho m¨¢s profuso, con 20 art¨ªculos y 12 disposiciones adicionales. "Tal vez incluso demasiado; introduce principios generales, m¨¢s propios de una ley estatal", argumenta ?ngel de la Fuente, vicedirector del Instituto de An¨¢lisis Econ¨®mico del CSIC y una de las voces cr¨ªticas con el nuevo texto.

Las diferencias entre los dos estatutos son sustanciales y suponen un cambio cualitativo y cuantitativo en lo relativo a las relaciones financieras del Estado y la Generalitat. Vuelve a abrirse as¨ª el mel¨®n de la financiaci¨®n auton¨®mica, despu¨¦s de la ¨²ltima reforma de 2001.

M¨¢s autonom¨ªa financiera

"El cap¨ªtulo de financiaci¨®n supone un salto adelante", destaca Jes¨²s Ruiz Huerta, director del Instituto de Estudios Fiscales. "Va en la senda de profundizar en la autonom¨ªa financiera y supone un paso m¨¢s en materia de solidaridad: el sistema actual es opaco y eso causa problemas. Los art¨ªculos sobre la solidaridad van en el buen camino, pero queda mucho por recorrer porque este aspecto se debe pactar con todas las comunidades", afirma este experto.

Casi 30 a?os despu¨¦s de la aprobaci¨®n del Estatuto de 1979, las sucesivas leyes estatales han diluido algunos de sus art¨ªculos y el modelo actual "es s¨®lo uno de los que pod¨ªan derivarse de aquellos preceptos", asegura Maite Vilalta, profesora de Hacienda P¨²blica de la Universidad de Barcelona. "Con el nuevo texto, todos los recursos de la Generalitat proceder¨¢n de los impuestos que pagan los ciudadanos, y no de transferencias como suced¨ªa hasta ahora".

La autonom¨ªa tributaria deriva de la elevaci¨®n de la cesta de impuestos cedidos parcialmente: hasta el 50% del IRPF y el IVA y el 58% de los impuestos especiales, cuando en 1979 no hab¨ªa ning¨²n tipo de participaci¨®n en estos grav¨¢menes, que se fueron incorporando a trav¨¦s de la LOFCA. Se complementa tambi¨¦n con la Agencia Tributaria de Catalu?a -una figura que no aparece en la redacci¨®n de 1979 y que dar¨¢ a la Generalitat, en parte, la llave de la caja- y el incremento de la capacidad normativa.

La solidaridad es tal vez el elemento m¨¢s pol¨¦mico, el que despierta m¨¢s reticencias cada vez que vuelve a reabrirse el debate de la financiaci¨®n auton¨®mica. El Estatuto de Sau daba vagas referencias respecto a la solidaridad. Introduc¨ªa conceptos como esfuerzo fiscal y pobreza relativa, que no ha tenido en cuenta la legislaci¨®n estatal. El nuevo Estatuto "fija principios b¨¢sicos, pero no los desarrolla", argumenta el consejero de Econom¨ªa del Ejecutivo aut¨®nomo, Antoni Castells. La raz¨®n es la obligada multilateralidad de los mecanismos de nivelaci¨®n, que afectan a todas las comunidades aut¨®nomas.

Aun as¨ª, el nuevo texto introduce varias novedades. El Estatuto aboga por lo que los expertos llaman nivelaci¨®n parcial: el mayor esfuerzo fiscal de Catalu?a revertir¨¢ en mayores ingresos para la Generalitat. L¨®pez Casasnovas afirma que hay otro matiz importante: el denominado principio de ordinalidad, prestado del modelo federal alem¨¢n. A saber: la aplicaci¨®n de mecanismos de solidaridad no puede alterar la posici¨®n de Catalu?a en la ordenaci¨®n de rentas per c¨¢pita entre las comunidades antes de nivelaci¨®n. Adem¨¢s, el Estatuto se?ala variables para fijar la necesidad de gasto de cada comunidad que no aparec¨ªan en 1979: la inmigraci¨®n, por ejemplo.

Las diferencias son notables, pero algunos expertos consultados, como el profesor Antoni Zabalza, se detienen tambi¨¦n en la inversi¨®n en infraestructuras. El Estatuto de Sau no establece ninguna garant¨ªa de inversi¨®n. En cambio, con el nuevo Estatuto las inversiones deben equipararse al peso del PIB catal¨¢n en el conjunto de Espa?a (18,8%) en un periodo de siete a?os: unos 800 millones de euros anuales m¨¢s. "Se trata del reconocimiento de un d¨¦ficit hist¨®rico, dif¨ªcilmente generalizable al conjunto de las comunidades. Aunque lo que ha ocurrido siempre es que las propuestas catalanas generan un rechazo severo al principio y se copian sin miramientos despu¨¦s", concluye N¨²ria Bosch.