Un caso la mar de instructivo (II)

El trabajo mar¨ªtimo ofrece el ejemplo de una globalizaci¨®n anticipada, como indiqu¨¦ en un art¨ªculo anterior, pero tambi¨¦n de situaciones regresivas que lo conectan m¨¢s con pr¨¢cticas gremiales propias de la premodernidad que con las de una econom¨ªa eficiente. Esto sucede particularmente en el ¨¢mbito portuario, que se convierte as¨ª en un aut¨¦ntico cuello de botella en la cadena del transporte.

Por razones hist¨®ricas que no vienen ahora a cuento, lo cierto es que en los puertos mar¨ªtimos ha pervivido una singular forma de organizaci¨®n del trabajo de manipulaci¨®n de las mercanc¨ªas (carga/descarga/estiba), centrada en esencia en la monopolizaci¨®n de tales labores por un n¨²mero limitado de trabajadores, que se agrupan en un censo o cartel. S¨®lo ellos pueden realizar esas tareas y toda empresa portuaria que pretenda entrar en la actividad de manipulaci¨®n debe utilizar sus servicios. El ingreso en ese censo est¨¢ f¨¦rreamente controlado por sus mismos integrantes, lo cual, como es obvio, les garantiza una situaci¨®n de privilegio a la hora de imponer las condiciones de prestaci¨®n de su actividad, no s¨®lo en el aspecto salarial, sino tambi¨¦n en el organizativo.

Una pr¨¢ctica ilegal se hab¨ªa implantado en el principal puerto de la comunidad aut¨®noma

La situaci¨®n responde a un esquema t¨ªpicamente gremial, contradictorio con los principios de libertad de trabajo y empresa que inspiran la sociedad moderna. Sin embargo, se mantiene por inercia hist¨®rica y, sobre todo, por la fuerza desmesurada que han adquirido estos actores al controlar un cuello de botella del tr¨¢fico comercial. La sola amenaza de una huelga en los puertos paraliza los deseos reformadores de cualquier gobierno. A pesar de ello, el da?o que causa esta gremializaci¨®n del trabajo portuario a la eficiencia de los puertos como plataformas del transporte es claro, y no se justifica en ning¨²n objetivo social general. Si pretendi¨¦semos generalizar la idea de que cada actividad industrial debe estar reservada en exclusiva a unos pocos operadores (sean empresarios o trabajadores), con exclusi¨®n de la libertad y de la competencia, volver¨ªamos directamente a la Edad Media. Por eso sorprende que las organizaciones sindicales apoyen a estas entidades gremiales cuando la Comisi¨®n Europea intenta introducir un poco de racionalidad moderna en los puertos, pues est¨¢n apoyando pr¨¢cticas incompatibles con el mundo industrial que nos ha permitido crear sociedades avanzadas.

Por cierto, un intento de extender la gremializaci¨®n como norma pr¨¢ctica se ha producido realmente, y aqu¨ª tenemos, bien cercano, el ejemplo del puerto de Bilbao. Sintetizando la historia, resulta que los propietarios de camiones que operan habitualmente en ese puerto decidieron hace ya a?os que la idea de tener reservado en exclusiva el transporte por carretera de las mercanc¨ªas que llegan al puerto por v¨ªa mar¨ªtima era una muy buena idea. Para ellos, claro. Y mediante pr¨¢cticas de violencia difusa impusieron a todos, volis nolis, una realidad inapelable: s¨®lo los camioneros aut¨®nomos integrados en un concreto censo pueden operar en el puerto de Bilbao. Mientras ello suced¨ªa, nuestras autoridades se limitaron a mirar para otro lado, de manera que el cartel fue estableciendo s¨®lidas ra¨ªces y pr¨¢cticas asentadas. Quienes quer¨ªan entrar en el censo deb¨ªan comprar sus licencias a la organizaci¨®n, abonando cantidades sustanciosas a los controladores del monopolio.

Naturalmente, esta cartelizaci¨®n del transporte genera unos extracostes al puerto de Bilbao que perjudican su competitividad comercial con otros puertos, y por ello lleg¨® un momento en que el Gobierno vasco tuvo que despertar de su c¨®modo sue?o y se vio obligado a afrontar la realidad. La realidad de que una pr¨¢ctica ilegal (incursa en el C¨®digo Penal, seg¨²n los informes de sus propios asesores) se hab¨ªa implantado s¨®lidamente en el principal puerto de la comunidad aut¨®noma. Lo dif¨ªcil, claro est¨¢, es encontrar la forma de atajarla sin ganarse la antipat¨ªa de sus beneficiarios. Porque, por poner un ejemplo, existen centenares de aut¨®nomos del transporte que han pagado fuertes cantidades a la organizaci¨®n para poder ingresar en ella, han comprado esas peculiares licencias ilegales. Y ahora piden que, si se suprime el cartel, alguien les devuelva su inversi¨®n.

El problema es en cierto sentido apasionante, e incluso presenta curiosas analog¨ªas con otros procesos en curso ?Cu¨¢l es la funci¨®n de la autoridad p¨²blica ante una pr¨¢ctica ilegal arraigada? ?Debe aplicar la ley y restablecer el orden, por mucho que los anteriores beneficiados del sistema ilegal se quejen? ?O debe indemnizarles por el cierre de su chiringuito particular, poniendo a cargo de la comunidad todos los costes de una pr¨¢ctica mafiosa? En definitiva, ?c¨®mo se termina con situaciones ilegales? ?Aplicando la ley o comprando a los extralegales? Instructivo dilema.

Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Soroa es abogado.