Roca contradice a Juli¨¢n Mu?oz y asegura que nunca tramit¨® una licencia de obras
El ex abogado de Gil dice que recomend¨® dar permisos condicionados al nuevo PGOU
El que fuera gerente de Urbanismo en Marbella durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal, Juan Antonio Roca, declar¨® ayer en un juzgado de M¨¢laga que "en absoluto" intervino en los tr¨¢mites para las licencias de obras que otorg¨® el consistorio, aunque reconoci¨® que desde 1997 ¨¦stas se tramitaban sin los preceptivos informes jur¨ªdicos. Contradijo as¨ª al ex alcalde Juli¨¢n Mu?oz, juzgado por conceder una licencia para seis chal¨¦s en zona verde, quien en la primera sesi¨®n de la vista asegur¨® que Roca era el responsable de las decisiones urban¨ªsticas. "Nunca tuve facultades vinculantes en el Ayuntamiento", dijo.
Roca fue conducido a los juzgados de M¨¢laga desde la prisi¨®n de Alhaur¨ªn de la Torre, donde ingres¨® acusado de ser el presunto cerebro de la trama de corrupci¨®n en el Ayuntamiento de Marbella. Compareci¨® esposado en la sala, y neg¨® rotundamente su intervenci¨®n en la tramitaci¨®n de los expedientes de las licencias de obras. Asegur¨® que su funci¨®n como "apoderado" de la sociedad municipal Planeamientos 2.000 era coordinar la planificaci¨®n urban¨ªstica y reconoci¨® que intervino en las negociaciones de todos los convenios que se incluyeron en la revisi¨®n del PGOU que realiz¨® el gobierno de Jes¨²s Gil pero que nunca entr¨® en vigor porque la Comisi¨®n Provincial de Urbanismo, dependiente de la Junta, lo rechaz¨® en julio de 1998. Entre ellos, el convenio que dio origen a la licencia de obras que la comisi¨®n de Gobierno otorg¨® a la promotora Moansa para la construcci¨®n de seis chal¨¦s en zona verde y por la que est¨¢n acusados de delito urban¨ªstico el ex alcalde Juli¨¢n Mu?oz y otros siete ex concejales de la corporaci¨®n, para los que la fiscal¨ªa pide penas que oscilan entre a?o y medio y dos a?os de prisi¨®n.
Roca reconoci¨® tambi¨¦n que la eficacia de los convenios quedaba supeditada a la aprobaci¨®n del plan, pero la realidad es que el consistorio dio licencias de obras y permiti¨® construcciones al amparo de un planeamiento que nunca entr¨® en vigor. A?adi¨® que el ex alcalde fallecido Jes¨²s Gil tuvo siempre las competencias de Urbanismo y que dio instrucciones a los ediles y a los t¨¦cnicos de Urbanismo para que se concedieran licencias de obras de acuerdo a las estipulaciones que se iban a incluir en el nuevo PGOU.
Roca insisti¨® a preguntas del fiscal y de una de las acusaciones particulares (Los Verdes) que ¨¦l se ocupaba del planeamiento, y que nunca intervino en los tr¨¢mites de las licencias, y aunque participaba en las reuniones preparatorias de las comisiones de gobierno no se pronunciaba nunca sobre estos asuntos. Seg¨²n Roca, los expedientes de las licencias se pasaban a aprobaci¨®n cuando el jefe del servicio jur¨ªdico administrativo de Urbanismo "consideraba que estaban conclusos". Este funcionario era Jorge Gonz¨¢lez, quien en octubre de 2005 hizo una declaraci¨®n al juez en la que cont¨® las irregularidades en la tramitaci¨®n de las licencias de obras que dio origen a la apertura de la Operaci¨®n Malaya, en el transcurso de la cual fueron detenidos hace dos meses Roca, la ex alcaldesa Marisol Yag¨¹e y la ex primera teniente de alcalde Isabel Garc¨ªa Marcos, y el ex concejal de Tr¨¢fico Victoriano Rodr¨ªguez que permanecen encarcelados.
Los concejales acusados por el caso Moansa declararon el lunes que ellos se limitaban en las comisiones de gobierno a asentir sobre los asuntos que les llegaban tramitados desde el departamento de Urbanismo, al frente del cual Juli¨¢n Mu?oz record¨® que estaba Roca. A las comisiones llegaban un listado de las licencias, que los ex ediles llaman cuadernillo, en los que figuraban los datos b¨¢sicos de las mismas y la leyenda en may¨²scula favorable o desfavorable, calificaciones que ven¨ªan determinadas desde Urbanismo.
Los ex ediles dijeron estar convencidos de que si la resoluci¨®n era favorable es que la licencia cumpl¨ªa los requisitos legales. Las licencias de obras necesitan un informe t¨¦cnico y otro jur¨ªdico, pero Roca reconoci¨® ayer que en 1997 el entonces alcalde, Jes¨²s Gil, dict¨® un decreto en el que ordenaba a Jorge Gonz¨¢lez que se abstuviera de emitir informes jur¨ªdicos, por lo que las licencias se tramitaron sin ¨¦stos. Del listado se entregaba una copia a Gil, que le deba el visto bueno, y otra al secretario municipal para que las sometiera a la comisi¨®n de gobierno.
En la sesi¨®n de ayer tambi¨¦n compareci¨® el abogado Jos¨¦ Luis Sierra, que durante muchos a?os llev¨® los asuntos personales de Jes¨²s Gil. Los concejales acusados se?alaron el lunes que Sierra hizo los informes jur¨ªdicos que avalaban las licencias de obras. Pero Sierra tambi¨¦n lo neg¨®, y s¨®lo reconoci¨® que en junio de 1993, por encargo de Gil, elabor¨® un informe sobre como se pod¨ªan conceder licencias de acuerdo a un plan de ordenaci¨®n a¨²n no aprobado y que no tuvieran amparo en el que estaba en vigor. En aquel informe, Sierra admit¨ªa que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no lo permit¨ªa, y recomend¨® que se concedieran "con car¨¢cter provisional", condicionadas a la aprobaci¨®n del PGOU, lo que implicaba, dijo, que la parte beneficiada aceptara "la demolici¨®n inmediata sin indemnizaci¨®n" en el caso de que el planeamiento no se aprobara.
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