Una pieza clave para la modernizaci¨®n de las Administraciones

Si el protagonista del famoso relato de Larra titulado Vuelva usted ma?ana acudiera en la actualidad a la Administraci¨®n P¨²blica espa?ola, cambiar¨ªa, sin duda, su opini¨®n, con respecto a su funcionamiento y la actitud de los empleados p¨²blicos en el desempe?o de su trabajo, pues en estos ¨²ltimos tiempos han ido evolucionando, evidentemente, a mejor.

Efectivamente, reforma tras reforma, las Administraciones P¨²blicas se han adaptado, progresivamente, aunque muy lenta y parcialmente, a las demandas de la sociedad actual.

La introducci¨®n de las nuevas tecnolog¨ªas; la simplificaci¨®n de tr¨¢mites y procedimientos a la hora de relacionarse con los ciudadanos; la puesta en marcha de planes y programas formativos negociados con los sindicatos m¨¢s representativos, tendentes a profesionalizar a los empleados p¨²blicos; la reciente puesta en marcha, previo acuerdo con la UGT, del denominado Plan Concilia para compatibilizar la vida personal y laboral; etc., as¨ª lo ponen de manifiesto. Pero en todo caso, a¨²n siendo reformas importantes, no dejan de suponer cambios muy puntuales y parciales.

Sin embargo, una de las reformas m¨¢s necesaria (no en vano es un mandato constitucional), la relativa a regular y actualizar el marco legal de las relaciones y condiciones de trabajo de los empleados p¨²blicos, no terminaba de contar con la voluntad del Gobierno de turno para llevarla a cabo, hasta tal punto que, todos los antiguos presidentes del Gobierno de la democracia (todos excepto el anterior, que nunca crey¨® ni creer¨¢ en "lo publico"), han coincidido en reconocer entre sus posibles "fracasos", el no haberlo, siquiera, intentado.

Pues bien, han tenido que transcurrir casi 28 a?os desde la promulgaci¨®n de la Constituci¨®n Espa?ola para que, en el marco del Di¨¢logo Social abierto en el seno de las Administraciones P¨²blicas con el actual Gobierno, se de respuesta, ???por fin!!!, a la necesidad comentada, en virtud del Anteproyecto de Ley del Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico, cuyo contenido ha sido consensuado entre el Gobierno y los sindicatos m¨¢s representativos en las Administraciones P¨²blicos, entre los cuales se encuentra la UGT.

Una iniciativa que de aprobarse (y desde aqu¨ª, con el m¨¢ximo respeto, invitamos al conjunto de Grupos Parlamentarios a que hagan todo lo posible para que el Estatuto vea la luz), significar¨¢, ni m¨¢s ni menos, la definitiva consolidaci¨®n de la democracia en las relaciones laborales de las Administraciones P¨²blicas, pues se estar¨¢ dando cumplimiento, insisto, a una parte de la Constituci¨®n, estableciendo unas condiciones de trabajo comunes para los dos millones y medio de empleados p¨²blicos, derogando en muchos casos, normas preconstitucionales.

En la UGT hemos sido pioneros, y as¨ª lo demuestran las resoluciones de todos nuestros Congresos, a la hora de exigir la elaboraci¨®n de un Estatuto que sirviese para cambiar las condiciones de trabajo de los empleados p¨²blicos, con el objetivo de democratizarlas, sindicalizarlas, y por lo tanto, mejorarlas, adapt¨¢ndolas a la realidad social, territorial y sectorial. Y todo ello persiguiendo un doble objetivo. Por un lado, la mejora y ampliaci¨®n de los Servicios P¨²blicos que el ciudadano debe recibir; y por otro, dignificar la situaci¨®n socioprofesional de los empleados p¨²blicos.

En este sentido, en la UGT consideramos que no es osado afirmar que cualquier modernizaci¨®n de las Administraciones estar¨¢ abocada al m¨¢s absoluto de los fracasos, sino se progresa en todas aquellas cuestiones que afectan directamente a las condiciones de trabajo de sus empleados.

Por ello, que la UGT haya decidido avalar el Anteproyecto de Estatuto del Empleado P¨²blico, supone una garant¨ªa m¨¢s que suficiente de que sus contenidos son muy positivos, y van a contribuir a una mejora sustancial de los empleados p¨²blicos, al facilitar un desarrollo espec¨ªfico en cada ¨¢mbito territorial y sectorial, respetando as¨ª los distintos niveles competenciales, y la jurisprudencia constitucional a cerca de qu¨¦ debe entenderse por norma b¨¢sica.

La progresiva equiparaci¨®n entre los distintos tipos de personal existentes en la Administraci¨®n; el establecimiento de mecanismos incentivadores del rendimiento; la concreci¨®n de medidas tendentes a eliminar la temporalidad; la clarificaci¨®n de la estructura retributiva; la configuraci¨®n de un aut¨¦ntico derecho a la Negociaci¨®n Colectiva; la fijaci¨®n de criterios que van a facilitar la formaci¨®n, carrera y promoci¨®n profesional; el desarrollo de unos derechos acordes a la realidad actual; la obligaci¨®n para todas las Administraciones de coordinarse en materia de empleo p¨²blico; la compilaci¨®n en un solo texto de toda una normativa muy dispersa; etc; son razones m¨¢s que suficientes para mostrarse muy satisfecho con el Anteproyecto de Estatuto.

En este mundo global en el cual estamos inmersos, no son habituales actitudes dirigidas a mejorar y potenciar los Servicios P¨²blicos, m¨¢s bien al contrario, por ello debemos congratularnos ante la posible aprobaci¨®n del Estatuto del Empleado P¨²blico.

En la UGT creemos que nos encontramos ante una oportunidad hist¨®rica para situar definitivamente nuestras Administraciones P¨²blicas a la altura de las necesidades de la sociedad del siglo XXI, que estamos, tal vez, al comienzo de una de las etapas m¨¢s esperanzadoras, que es preciso seguir recorriendo para llegar a la cima del ideal que con respecto a las Administraciones P¨²blicas y Servicios P¨²blicos (modernas, eficaces, equitativos, de calidad, etc.), todos deseamos, porque como ya apunt¨® en su d¨ªa Pablo Iglesias , "si bien es cierto que no todo lo que se afronta puede cambiarse, nada puede cambiarse hasta que se afronta".

Julio Lacuerda Castell¨® es secretario general de la Federaci¨®n de Servicios P¨²blicos (FSP) de la Uni¨®n General de Trabajadores (UGT).