Cerrando filas

Cuando observo movimientos, como los que han tenido lugar el pasado s¨¢bado en Madrid intentando que la calle sea la que marque el rumbo del Estado y cuando observo movimientos, como los que han protagonizado los llamados Obispos del Sur, tratando de persuadir por v¨ªa apostolar que el Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonom¨ªa para Andaluc¨ªa va en contra de la Iglesia, m¨¢s me convenzo que qui¨¦nes act¨²an as¨ª se est¨¢n lazando piedras contra su propio tejado.

En Espa?a, el mecanismo normal de funcionamiento para la modificaci¨®n de las leyes y la direcci¨®n pol¨ªtica, corresponden a las Cortes y al gobierno. Hoy los ciudadanos conocemos en mayor o menor medida, pero conocemos, el programa con el que cada grupo pol¨ªtico se presenta a las elecciones; tambi¨¦n sabemos, en igual medida, su grado de cumplimiento a la terminaci¨®n del mandato y como han encauzado esta direcci¨®n pol¨ªtica. Esta realidad determina que, cada vez que se convoquen elecciones, nos inclinemos por un grupo o por otro a los efectos de mantener o generar un cambio de gobierno. Es verdad, y no se debe ignorar, que ante determinadas situaciones -y Espa?a ha vivido unas pocas- se generen movimientos de expresi¨®n popular que hacen que los ciudadanos se levanten, sum¨¢ndose a estos levantamientos grupos pol¨ªticos y representantes de la sociedad sin distinci¨®n de banderas o ideolog¨ªas. Los asesinatos de Tom¨¢s y Valiente, Miguel Angel Blanco, Jim¨¦nez Becerril y los asesinatos masivos en Atocha son algunos ejemplos. Ahora bien, la espontaneidad de estas movilizaciones se pierde, y con ella su raz¨®n de ser, cuando los grupos pol¨ªticos se identifican con la movilizaci¨®n callejera y dejan en un segundo plano el hacer parlamentario. En estos casos, y m¨¢s cuando son reiterados, lo normal es que se provoque un efecto contrario.

Vivimos en tiempos en el que la informaci¨®n es un devenir diario. La persona, en general, no acepta verdades en funci¨®n de qui¨¦nes emiten los mensajes. Adem¨¢s, ante la mentira y la manipulaci¨®n, reacciona en sentido opuesto, ya que le provoca desconfianza y hast¨ªo. No hay una aceptaci¨®n sin m¨¢s de la pretendida universalidad de los mensajes. Se analizan y solo se deja influir por ellos si convencen. Y as¨ª hoy sabemos, los que confiamos en el sistema democr¨¢tico, que los hechos son tozudos y la verdad del 11-M, por mucho que se quiera mudar, es que la que resulta de la investigaci¨®n de los servicios del Estado y de la instrucci¨®n de los tribunales de justicia. Tambi¨¦n sabemos que, ni el Guadalquivir ni la organizaci¨®n judicial del Estado y de esta Comunidad, figuraban entre las preocupaciones de San Mateo o San Lucas.

Pretender, como est¨¢ haciendo el grupo popular, canalizar estas manifestaciones para poner en tela de juicio el sistema judicial espa?ol y lograr el poder, es volver a las andadas de los d¨ªas del atentado y siguientes. Pedir, como est¨¢n haciendo los Obispos del Sur, que los cat¨®licos den testimonio de su fe rechazando de manera global el Proyecto de Reforma del Estatuto para Andaluc¨ªa, es actuar como grupo pol¨ªtico, ya que no se examinan determinados aspectos estatutarios que pudieran chocar con el mensaje evang¨¦lico. En suma son actuaciones que, por estas razones y muchas m¨¢s, pueden perjudicar a los mismos que tratan de rentabilizar estos movimientos. Tal vez -quiero pensar- si estos Obispos del Sur dejaran de ampararse en el catolicismo y de provocar, conscientemente o menos, que su posici¨®n se identifique con una determinada opci¨®n pol¨ªtica, es posible que algunos, y muchos m¨¢s, pasaran p¨¢gina y recelo de una iglesia espa?ola que se la recuerda preocupada por lo castrense y por su influencia en lo nacional, por lo que mejor har¨ªan unos y otros propagando sus pensamientos cristiano y pol¨ªtico sin una identificaci¨®n generalizada entre Iglesia y Estado.

Claro que, a lo mejor estoy equivocado y no se tiran piedras contra su tejado, sino que lo que se pretende es promover un grupo monol¨ªtico que, integrado por nacionales y cat¨®licos a la vieja usanza, acceda al poder -democr¨¢ticamente por supuesto- para ejercer esta pol¨ªtica en un Estado que constitucionalmente se proclama social, auton¨®mico y laico.