El mayor control sobre las bajas m¨¦dicas modera el gasto en 2006

Las bajas m¨¦dicas cuestan al a?o m¨¢s de 6.000 millones de euros a la Seguridad Social y otros 3.000 a las empresas. Para poner coto al crecimiento desorbitado de ese gasto en los ¨²ltimos a?os, el Ministerio de Trabajo est¨¢ aplicando medidas de control. El resultado es que en el primer semestre el gasto ha subido un 5%, cifra inferior a la de periodos anteriores. El Gobierno planea cambios en la prestaci¨®n hasta el 15? d¨ªa de baja, que abonan las empresas.

El Estado destina cada vez m¨¢s dinero a pagar la incapacidad temporal de los trabajadores. El a?o pasado esa partida cost¨® 6.300 millones de euros, una cantidad que duplica, por ejemplo, lo que se deducen los espa?oles por compra de vivienda. En los ¨²ltimos ejercicios esa prestaci¨®n ha experimentado crecimientos muy superiores a los de la poblaci¨®n cubierta por el sistema sanitario y a los de los salarios percibidos por esa poblaci¨®n. "Si eso ocurre quiere decir que hay un abuso", concluy¨® ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.

El Ministerio de Trabajo ha intentado poner freno a esa tendencia con diversas medidas. La primera de ellas es encomendar s¨®lo a los profesionales del Instituto Nacional de la Seguridad Social la decisi¨®n sobre las pr¨®rrogas de seis meses que se pueden conceder una vez que el trabajador ha superado el a?o de baja. Hasta ahora los facultativos del sistema sanitario de cada comunidad aut¨®noma deciden tambi¨¦n sobre esta materia, pese a que el pago de la prestaci¨®n corre a cargo de la Administraci¨®n central.

Esta novedad se est¨¢ aplicando de manera gradual. "Esperamos extenderlo a 30 provincias espa?olas este a?o", explic¨® Granado, que intervino en el III Congreso Nacional de la Asociaci¨®n Espa?ola de Salud y Seguridad Social. El responsable de la Seguridad Social considera esencial "que la administraci¨®n que pague algo lo controle". Adem¨¢s de revisar las pr¨®rrogas, tambi¨¦n se estudian casos de bajas de entre seis meses y un a?o.

Trabajo est¨¢ desarrollando tambi¨¦n convenios con las comunidades aut¨®nomas para extremar el control sobre las pr¨¢cticas fraudulentas. Actualmente tiene suscritos acuerdos con todas las administraciones regionales. La Seguridad Social dispone de un fondo de 300 millones de euros que se asigna a las comunidades seg¨²n el cumplimiento de su labor de control. El 70% de ese fondo se otorga en funci¨®n de si cumplen requisitos tales como enviar los partes de baja al ministerio. El resto se asigna como incentivo a las comunidades que consigan ahorrar en bajas.

Quejas de las empresas

M¨¢s all¨¢ de contener el gasto, Granado reconoce un "limbo legal" en las prestaciones que se abonan entre el cuarto y el 15? d¨ªa de baja del empleado. Durante ese periodo, el beneficiario recibe una prestaci¨®n reconocida por la Seguridad Social pero abonada por la empresa. A partir del 15? d¨ªa ya se hace cargo el sistema p¨²blico. Esa contradicci¨®n determina que el sistema p¨²blico no controle el gasto hasta el 15? d¨ªa, puesto que no procede de sus arcas, ni tampoco las empresas de forma exhaustiva.

El vac¨ªo legal, que cuesta a las empresas unos 3.000 millones de euros al a?o por las bajas comprendidas en ese periodo, ha provocado las quejas de la patronal CEOE. El responsable de la Seguridad Social admite el problema y asegura que se est¨¢n estudiando medidas para paliarlo. "Har¨¢ falta un cambio en la normativa", asegur¨® sin precisar m¨¢s, pues pretende llegar a un acuerdo con los empresarios y los sindicatos para solucionarlo.

Granado aclara que un mayor control no supondr¨¢ recorte de prestaciones, y que la subida del gasto no es s¨®lo un problema de Espa?a, "sino de toda Europa".