De c¨®mo el Estatuto cambi¨® de manos durante la negociaci¨®n

El largo proceso para la reforma del Estatuto catal¨¢n ha estado condicionado por la exigencia legal de que la propuesta contara desde el principio con una mayor¨ªa parlamentaria que s¨®lo pod¨ªa alcanzarse sumando los esca?os de los partidos del Gobierno aut¨®nomo y los del primer grupo de la oposici¨®n, Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU).

La permanente amenaza de bloquear el proyecto permiti¨® a CiU lanzarse a una subasta al alza en numerosos aspectos del proyecto, pero singularmente en los art¨ªculos relativos a la financiaci¨®n y algunos aspectos de fuerte contenido ideol¨®gico, como la definici¨®n de Catalu?a como naci¨®n y el reconocimiento de sus derechos hist¨®ricos. Para desesperaci¨®n de los socialistas y de Iniciativa Verds-Esquerra Unida (ICV-EUiA), a esta subasta se prest¨® Esquerra Republicana (ERC), lo que fue considerado por sus socios del tripartito como una ingenuidad sorprendente, cuyas consecuencias han sido fatales para la propia Esquerra.

La pel¨ªcula de este proceso es muy significativa. El primer paso para la reforma estatutaria fue un acercamiento hace nada menos que ocho a?os entre el entonces aspirante socialista a la presidencia de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el l¨ªder de Esquerra, Josep Llu¨ªs Carod. En un almuerzo de ambos el 21 de octubre de 1998, Maragall abri¨® la v¨ªa a la reforma al aceptar la conveniencia de "a?adir" al Estatuto de 1979 cuestiones relativas a la inmigraci¨®n, la representaci¨®n ante la Uni¨®n Europea y una Carta de Derechos sociales.

Pronto se sum¨® a la idea Iniciativa Verds. Y, viendo la marea que pod¨ªa alzarse, en octubre de 2002, Artur Mas, entonces conseller en cap del Gobierno de Pujol, anunci¨® tambi¨¦n que propondr¨ªa la reforma del Estatut en la legislatura siguiente, rompiendo as¨ª con la posici¨®n hist¨®rica de CiU en esta cuesti¨®n. En la legislatura siguiente, sin embargo, se produjo un cambio de mayor¨ªas: Maragall y los tres partidos de la izquierda que hab¨ªan estado en la oposici¨®n entraron en el Gobierno y CiU pas¨® a la oposici¨®n, junto al PP.

As¨ª pues, cuando se inici¨® el proceso estatutario, CiU y ERC se enzarzaron en una carrera para que el proyecto incluyera sus respectivas propuestas. Como los diputados de ambos partidos nacionalistas formaban mayor¨ªa tanto en la ponencia como en la comisi¨®n parlamentaria que elaboraba el texto, lo lograron. Carod declaraba ufano el 29 de julio de 2005 que el proyecto aprobado en el tr¨¢mite de comisi¨®n pod¨ªa calificarse de nacionalista.

Desde entonces, el PP qued¨® fuera del consenso estatutario que todos declaraban pretender. Pero para alcanzar los dos tercios de los diputados requeridos legalmente hab¨ªa que incluir a CiU, que se mostraba remisa. Ah¨ª entr¨® en juego la negociaci¨®n entre el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Lu¨ªs Rodr¨ªguez Zapatero, y Artur Mas. El jefe de la oposici¨®n al Gobierno de Catalu?a ten¨ªa en su mano abortar la m¨¢s importante apuesta de Maragall y del tripartito de izquierdas. Y en vez de negociar un acuerdo con el propio Maragall, logr¨® negociarlo con el presidente del Gobierno central, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero: el 19 de septiembre de 2005 se entrevistaron en La Moncloa para fijar las condiciones en que el nacionalismo moderado apoyar¨ªa el proyecto.

Aquella entrevista allan¨® las dificultades, de forma que CiU rebaj¨® sus exigencias, entre otros aspectos en materia de financiaci¨®n. En consecuencia, el pleno del Parlamento catal¨¢n aprob¨® el proyecto el 30 de septiembre con el apoyo de 120 parlamentarios -los de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA-, y la oposici¨®n de los 15 del PP. No obstante, esta votaci¨®n, ampliamente superior a los dos tercios requeridos, se logr¨® s¨®lo en la votaci¨®n global. Varios t¨ªtulos de la propuesta de reforma contaban s¨®lo con mayor¨ªa de CiU y ERC o de CiU, ERC e ICV-EUiA. Los socialistas no lograron que los otros partidos aceptaran una larga serie de enmiendas que hab¨ªan presentado pese a su advertencia de que el proyecto ser¨ªa rechazado en las Cortes si no se las incorporaban. CiU y ERC rechazaron "autolimitar" el proyecto y dejaron a las Cortes, y en particular al PSOE, la tarea de recortarlo.

Lo que en el lenguaje de los nacionalistas catalanes se presenta a menudo como la ominosa prepotencia de los grandes partidos espa?oles era, sin embargo, lo que iba a permitir a Artur Mas erigirse cuatro meses despu¨¦s en el ¨²ltimo mu?idor del Estatuto. Como era de prever, el proyecto aprobado el 30 de septiembre por el Parlamento catal¨¢n encendi¨® todas las alarmas en Madrid. Durante el mes de octubre de 2005 se pronunciaron airadamente contra ¨¦l todos los poderes del Estado. El Gobierno asegur¨® que lo reconducir¨ªa, el Poder Judicial lo rechaz¨® abiertamente, el alto mando militar expres¨® su inquieta preocupaci¨®n, la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica pidi¨® oraciones por la unidad de Espa?a y el Banco de Espa?a, la patronal CEOE, los sindicatos CC OO y UGT advirtieron sobre los riesgos de ruptura del mercado y la Seguridad Social. La mayor¨ªa de los Gobiernos aut¨®nomos lo juzgaron inaceptable. El PP, que animaba con entusiasmo ese rechazo, comenz¨® a recoger firmas en toda Espa?a en contra de un proyecto del que aseguraba que "romp¨ªa" Espa?a. Recogi¨® 400.000.

A finales de 2005 y principios de 2006, el PSOE y los partidos catalanes emprendieron bajo esa presi¨®n las negociaciones para que el proyecto pudiera ser asumido por las Cortes. CiU se neg¨® a negociar en un frente com¨²n con los otros tres partidos que hab¨ªan apoyado el proyecto en Catalu?a. Pasaban las semanas, los embates del PP contra el presidente Zapatero por no rechazar las exigencias de Catalu?a arreciaban. Pero no hab¨ªa forma de lograr un acuerdo. Poco a poco se identificaban los puntos donde parec¨ªa imposible una aproximaci¨®n: la definici¨®n de Catalu?a como naci¨®n, la f¨®rmula de financiaci¨®n, la gesti¨®n de algunas grandes infraestructuras del transporte y las comunicaciones, la exigencia del conocimiento del idioma catal¨¢n como un requisito para jueces y magistrados en Catalu?a, entre otros.

El 21 de enero, por la ma?ana, el Comit¨¦ Federal del PSOE inst¨® a Zapatero a lograr un acuerdo de forma inmediata o liquidar el proceso. En la tarde-noche del mismo d¨ªa, Zapatero y Mas se reunieron durante m¨¢s de seis horas en La Moncloa y desbloquearon los principales puntos de desacuerdo. Encontraron f¨®rmulas aceptables para todo y en particular para la financiaci¨®n y la definici¨®n de Catalu?a como naci¨®n.

Los acuerdos a que llegaron fueron introducidos en el proyecto durante su tramitaci¨®n en la Comisi¨®n Constitucional del Congreso. El pleno de esa C¨¢mara lo aprob¨® el 30 de marzo. Dos meses despu¨¦s lo hizo el Senado, el 10 de mayo. El PP consider¨® insuficientes las numerosas modificaciones y continu¨® oponi¨¦ndose radicalmente al nuevo Estatuto. Sostiene todav¨ªa que rebasa el marco constitucional y "liquida" el modelo de Estado de las Autonom¨ªas. Esquerra, dolida por el protagonismo de CiU, rechaz¨® asumir los acuerdos de Zapatero y Mas, pero consider¨® que el proyecto conten¨ªa avances como para no cerrarle el paso, opci¨®n que ten¨ªa en la votaci¨®n del Senado. Pero finalmente decidi¨® permitir la aprobaci¨®n por la v¨ªa de abstenerse.

As¨ª fue como un proyecto que empez¨® en las manos de Maragall y Carod termin¨® en las de Zapatero y Mas.