El alcalde y ocho concejales de Manilva vuelven a declarar como imputados por el caso Ballena Blanca

El alcalde de Manilva (M¨¢laga), Salvador Zotano, y ocho concejales declararon ayer como imputados por un presunto delito de prevaricaci¨®n ante el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Marbella, Miguel ?ngel Torres, por el supuesto caso de corrupci¨®n urban¨ªstica a ra¨ªz de la recalificaci¨®n de la finca La Parrada, vinculada con la trama de la operaci¨®n Ballena Blanca. En dicha operaci¨®n contra el lavado de dinero fue detenido el pasado octubre el que entonces era alcalde de la localidad, Pedro Tirado, actualmente en libertad bajo fianza.

Los nueve ediles ya testificaron ante el juez el 25 de enero, pero ayer lo hicieron de nuevo a petici¨®n de la defensa del ex alcalde y su cu?ado, Francisco C. A., que no pudieron asistir a la primera declaraci¨®n conjunta. Junto a Zotano comparecieron ante el juez los concejales del Partido Democr¨¢tico de Manilva (PDEM) Francisco Miguel ?lvarez, Jos¨¦ Ben¨ªtez, Rafael Mena y Manuel Ramos, as¨ª como los ediles de IU Antonia Mu?oz, Diego Urieta, Mario Jim¨¦nez y Francisca L¨®pez. Adem¨¢s, declararon como testigos el secretario de Manilva, Joaqu¨ªn de Salas, el ingeniero municipal Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa y el ex asesor y actual vocal de Urbanismo de la comisi¨®n gestora marbell¨ª, Rafael Duarte.

"Creo que al menos el tema urban¨ªstico de los terrenos quedar¨¢ claro, incluido el expediente de cumplimiento y la situaci¨®n de los terrenos calificados como residencial deportivo, y donde hoy por hoy no se puede construir", declar¨® Antonia Mu?oz (IU), anterior concejal de Urbanismo. Las declaraciones resultaron "m¨¢s extensas" que las primeras por las preguntas formuladas por los abogados presentes, seg¨²n explic¨® Mu?oz a la agencia Efe.

Los ediles declararon sobre los convenios urban¨ªsticos que afectaron a la finca La Parrada, propiedad de Royal Marbella Estates, una de las empresas vinculadas a la red de blanqueo de dinero procedente del tr¨¢fico de drogas.

El primer convenio, de noviembre de 2003, consist¨ªa en el paso de suelo r¨²stico a suelo urbanizable no programado de los 1,3 millones de metros cuadrados de La Parrada, y el segundo, de agosto de 2004, preve¨ªa aumentar su edificabilidad de 10 a 18 viviendas por hect¨¢rea. Las operaciones supusieron que el precio de la finca pasara de 12 millones de euros a los 160 millones que pagaron cinco promotoras a Royal Marbella Estates, cuya propiedad se atribu¨ªa a Aki Kujala, ciudadano finland¨¦s detenido en la operaci¨®n Ballena Blanca.

La portavoz de IU reiter¨® que la implicaci¨®n de los concejales de la corporaci¨®n se corresponde con una presunta aprobaci¨®n de "algo incorrecto a sabiendas", y descart¨® la validez de dos supuestos convenios firmados con posterioridad al de 2003, "al no ser ratificados en pleno", explic¨®.