El juez investig¨® a una decena de extorsionados sin ordenar detenciones

El juez Fernando Grande-Marlaska investig¨® a una decena de empresarios extorsionados por ETA entre los meses de noviembre de 2005 y mayo de este a?o sin adoptar ninguna medida cautelar contra ellos antes o despu¨¦s de sus declaraciones, lo que contrasta con la fulminante detenci¨®n, el viernes pasado, de dos empresarios navarros de la construcci¨®n y el registro practicado en sus domicilios, indicaron fuentes de la Audiencia Nacional. Los dos empresarios pasaron la noche del viernes en la comisar¨ªa de Pamplona bajo custodia de la polic¨ªa judicial enviada desde Madrid.

Seg¨²n fuentes de la Audiencia Nacional, el juez Fernando Grande-Marlaska investig¨® durante los ¨²ltimos meses a una decena de empresarios del Pa¨ªs Vasco, Navarra y zonas lim¨ªtrofes, sometidos por ETA al chantaje del impuesto revolucionario, sin adoptar ninguna medida cautelar "ni antes, ni durante ni despu¨¦s" de sus comparecencias ante la Guardia Civil, la Polic¨ªa o ante el juzgado del propio Marlaska.

Las cantidades supuestamente pagadas entonces a ETA oscilaron entre 6.000 y 24.000 euros, seg¨²n dichas fuentes, pero en ning¨²n caso se adoptaron medidas limitativas de derechos, y el juez se limit¨® a tomar declaraci¨®n de la misma manera que se hab¨ªa venido haciendo hasta la fecha con empresarios y profesionales sometidos al impuesto revolucionario.

Aunque ese proceso sigue pendiente, el tratamiento seguido hasta ahora por los jueces con los extorsionados, del que nunca se han derivado responsabilidades, contrasta con la medida adoptada el viernes pasado contra dos empresarios navarros, copropietarios de la sociedad Azpiroz y Saralegui Construcciones, cuya detenci¨®n e imputaci¨®n de un presunto delito de colaboraci¨®n con banda armada fue ordenada el viernes por Grande-Marlaska.

Otras fuentes cercanas a las investigaciones significaron que lo m¨¢s preocupante no son las detenciones en s¨ª, sino el mandato de entrada y registro de los domicilios particulares de los dos empresarios, cuya finalidad podr¨ªa ser la de localizar expresamente cartas de ETA posteriores al inicio del proceso de paz.

Requerimientos "congelados"

Seg¨²n estas fuentes, la vigilancia sobre la red de extorsi¨®n etarra se ven¨ªa manteniendo desde hace muchos a?os y de esas observaciones se hab¨ªa conseguido extraer mucha informaci¨®n sobre los procedimientos de financiaci¨®n de ETA. Sin embargo, las detenciones se producen precisamente cuando desde ETA se dan instrucciones para que los requerimientos del impuesto revolucionario queden "congelados". Lo que llama la atenci¨®n, seg¨²n dichas fuentes, es que si no se procedi¨® antes a la desarticulaci¨®n de la red, porque de ella se obten¨ªa abundante informaci¨®n, ?por qu¨¦ se ha hecho ahora, cuando la red segu¨ªa activa pero las extorsiones hab¨ªan quedado congeladas?

En los registros de los domicilios no parece haberse encontrado, en una primera comprobaci¨®n, cartas o recibos posteriores al "alto el fuego permanente" de ETA, seg¨²n las fuentes informantes. El pago que se imputa a ambos empresarios, unos 60.000 euros, corresponder¨ªa a una deuda aplazada que fue exigida a trav¨¦s de sendas cartas de extorsi¨®n cursadas en el a?o 2001. En esas cartas, la banda terrorista les agradec¨ªa haber abonado las cantidades exigidas.

Los especialistas en antiterrorismo no recuerdan una detenci¨®n de estas caracter¨ªsticas, y mucho menos el registro domiciliario de unos empresarios extorsionados. En ese sentido, recordaron las ¨²ltimas investigaciones sobre el pago del impuesto revolucionario llevadas a cabo por el juez Fernando Andreu sobre dos cocineros vascos. Ambos fueron citados como imputados para que pudieran defenderse, pero no detenidos, ni se orden¨® el registro de sus domicilios. Y tras escucharles, el juez no procedi¨® contra ellos.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando, manifest¨® ayer que el Poder Judicial "no tiene tregua" y debe seguir en "actitud de servicio a los ciudadanos sin descansar". Sobre la detenci¨®n de los dos empresarios navarros, el presidente del Supremo dijo que el juez "est¨¢ en su derecho, porque puede adoptar medidas cautelares cuando entienda que se deben producir. Es una decisi¨®n jurisdiccional que no comento", a?adi¨®.