La detenci¨®n de los dos empresarios navarros provoca malestar en la patronal

Los dos empresarios navarros detenidos durante la tarde del viernes en Pamplona fueron trasladados ayer a Madrid y permanecer¨¢n en las dependencias policiales de Canillas hasta el lunes, cuando pasar¨¢n a la Audiencia Nacional para ser interrogados por el juez Fernando Grande-Marlaska. La detenci¨®n de los empresarios navarros Azpiroz y Saralegui (los dos apellidos que aparec¨ªan en un recibo de ETA) no ha sentado bien entre el empresariado de la comunidad foral. "Duele" que pase esto en un sector "tan machacado", aseguraban ayer fuentes empresariales.

Los empresarios se encontraban desde el viernes por la tarde en dependencias de la Jefatura Superior de Polic¨ªa en Pamplona, hasta que a primera hora de la tarde de ayer abandonaron la capital navarra rumbo a la Audiencia Nacional, inform¨® Europa Press.

Los dos detenidos son propietarios de Azysa, llevan 30 a?os trabajando en la construcci¨®n en Navarra, su empresa vende por valor de unos 66 millones de euros y emplean a m¨¢s de 200 personas. Siempre han trabajado juntos y, aunque ahora residen en Pamplona, su origen est¨¢ en Leitza (Navarra). La reci¨¦n inaugurada sede de Azysa (Azpiroz y Saralegui, SA) en Zizur Mayor, cerca de Pamplona, permanec¨ªa ayer cerrada.

En Pamplona, salvo el presidente de la patronal, Jos¨¦ Manuel Ayesa, y los pol¨ªticos, nadie quiere hablar dando su nombre. Sin embargo, entre los empresarios y en el sector ha cundido la sorpresa. Aseguran varios colegas de los dos constructores navarros, que piden el m¨¢s absoluto anonimato, que no es normal que si alguien ha pagado "por miedo" se encuentre detenido. "No hay derecho", asegura otro empresario. "Son gente hecha a s¨ª misma, que han trabajado muy duro", asegura Ayesa.

Los empresarios consultados reconocen que el que paga sabe d¨®nde va el dinero, pero dicen tambi¨¦n que si se paga es porque hay "una situaci¨®n muy extrema". El portavoz del Gobierno de Navarra, Alberto Catal¨¢n, asegur¨® que "se puede entender" ceder a la extorsi¨®n, aunque no lo comparte.

Los familiares con los que habl¨® ayer este diario prefirieron no comentar nada. Ayesa reconoci¨® como "grave" el pago del llamado impuesto revolucionario a ETA, pero dijo que siempre se deben considerar las circunstancias personales de los afectados. "Somos conscientes de que atender la extorsi¨®n es un delito y moralmente condenable", dice Ayesa, "pero nadie contribuye de forma voluntaria. Hay que comprender que cuando se da el paso es por presi¨®n y miedo. La banda si quiere presionar de verdad es muy perversa".

Azpiroz tiene 57 a?os y Saralegui 62, ambos tienen hijos. Fuentes empresariales de Pamplona se?alaron ayer que hay que estar en la piel de la persona a la que se le amenaza con la seguridad de su familia y su negocio.