Cheney ve "esencial" el acceso a los datos bancarios para luchar contra el terrorismo

El Programa de Rastreo de la Financiaci¨®n del Terrorismo -el acceso a transacciones bancarias internacionales para buscar movimientos de dinero de las redes de Al Qaeda y grupos similares- es un arma "legal y absolutamente esencial" en la lucha contra el terrorismo. De esta forma intervino el vicepresidente norteamericano, Dick Cheney, en la pol¨¦mica abierta tras las revelaciones el viernes en tres peri¨®dicos norteamericanos sobre la existencia de este programa, cuyos detalles permanec¨ªan en secreto. La Casa Blanca critic¨® con dureza la decisi¨®n de los medios de publicar la noticia.

El programa, gestionado por la CIA y dirigido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se basa en el acceso a los millones de transacciones financieras que se intercambian en la Sociedad de las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT, en sus siglas en ingl¨¦s), un consorcio que coordina el tr¨¢fico informativo de los bancos de m¨¢s de 200 pa¨ªses. Tras los atentados del 11-S contra Nueva York y Washington y al comprobar, entre otras cosas, que nueve de los pilotos suicidas hab¨ªan recibido fondos a trav¨¦s de un banco estadounidense, se abri¨® la v¨ªa de la huella del dinero. As¨ª naci¨®, hace cuatro a?os y medio, el Programa de Rastreo.

La Casa Blanca se lo cont¨® a algunos congresistas, y hace un mes ampli¨® la informaci¨®n reservada a los Comit¨¦s de Inteligencia de las dos C¨¢maras. Adem¨¢s de SWIFT, estaban al corriente del programa los bancos centrales del Grupo de los 10 y el Banco Central Europeo.

El Tesoro basa la legalidad de este programa en una sentencia de 1976 del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el derecho a la intimidad y las transacciones financieras sospechosas, en la Ley de Poderes Econ¨®micos en caso de Emergencia Internacional de 1977 y en la Ley del Derecho a Intimidad Financiera de 1978. Con todo ello en la mano -y, por si fuera necesario, con la Ley Patri¨®tica de 2001-, se pide a SWIFT, una vez al mes y mediante citaci¨®n, el acceso a los movimientos, para contrastarlos con rastros de dinero de personas relacionadas con grupos o redes de asistencia sospechosos.

El vicepresidente Cheney asegur¨® en Chicago que se trata de "un programa legal consistente con la autoridad constitucional del presidente y absolutamente esencial para protegernos contra nuevos atentados".

En la pol¨¦mica abierta por lo publicado en The New York Times, y tambi¨¦n en Los Angeles Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, los dem¨®cratas protestaron, pero sin demasiado ¨¦nfasis, porque parece extendida la idea de que el programa funciona.

?Abuso de poder?

Barney Franks, del Comit¨¦ Financiero de la C¨¢mara, expres¨® su preocupaci¨®n por la posibilidad de que el Gobierno act¨²e "sin las adecuadas garant¨ªas para proteger la intimidad". En t¨¦rminos m¨¢s duros se expres¨® Ed Markey, alarmado porque "podr¨ªan estar viol¨¢ndose de nuevo los derechos constitucionales". Y para grupos como la Uni¨®n de Libertades Civiles no hay ninguna duda: "Se trata de un nuevo ejemplo de abuso de poder por parte del Gobierno Bush", seg¨²n Anthony Romero, director de la Uni¨®n.

Aunque la mayor¨ªa de los republicanos arroparon a la Casa Blanca -"seguir el rastro de la financiaci¨®n del terrorismo es casi lo m¨¢s importante", apunt¨® el presidente del Comit¨¦ de Banca del Senado, Richard Shelby-, otros, como Arlen Specter, que preside Asuntos Jur¨ªdicos, tambi¨¦n del Senado, no quedaron tranquilos sobre la autoridad legal en la que descansa el programa, y pidieron explicaciones suplementarias.

Cheney aprovech¨® para atacar -haci¨¦ndose eco de un sentimiento relativamente popular- a ciertos medios: "Lo que es m¨¢s inquietante es que haya medios que se sientan obligados a descubrir programas vitales para la seguridad nacional, haciendo m¨¢s dif¨ªcil la tarea de evitar atentados". La prensa af¨ªn le acompa?¨®. El derecho a no saber, editorializ¨® The Washington Times: "The New York Times no entiende que a veces los americanos tienen derecho a no conocer un programa gubernamental, porque la Administraci¨®n debe garantizar el ¨¦xito de su funcionamiento contra Al Qaeda y otros comprometidos a destruir este pa¨ªs".

Comprensi¨®n en la prensa

Para The Washington Post, el programa "parece legal", es "exactamente el tipo de t¨¢ctica agresiva que el Gobierno tendr¨ªa que adoptar contra el terrorismo", aunque considera que el Congreso debe estar bien informado. Por lo dem¨¢s, "hay pocas razones para pensar que plantea un gran problema de libertades civiles". A The New York Times no le parece mal "seguir la pista del dinero", pero tambi¨¦n hay que "seguir las reglas", y lamenta que no haya "autorizaci¨®n expl¨ªcita" del Congreso, como en el control de las comunicaciones. "Nadie quiere que pare [el seguimiento de las transacciones y la intervenci¨®n de las comunicaciones] pero son cosas que deben ser hechas con reglas claras y coherentes, bajo la supervisi¨®n del Congreso y de los tribunales".