Agamen¨®n y su porquero

Todo el mundo goza de presunci¨®n de inocencia y carece de impunidad, sea el presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, un sencillo periodista o un investigador privado. No hay recovecos, por mucho que se empe?e Luis Carlos Rej¨®n, uno de los peores dirigentes pol¨ªticos andaluces de los ¨²ltimos a?os. Nadie puede estar al margen de la actuaci¨®n de los tribunales. Los periodistas, que somos tan celosos de nuestra independencia, tenemos que aceptar como los primeros lo que hagan los tribunales cuando est¨¦ encausado un compa?ero. Podremos criticar la resoluci¨®n si as¨ª nos lo parece y debemos recurrir las decisiones judiciales si las consideramos err¨®neas. Pero no podemos pedir impunidad. Es absurdo tener que recordar lo obvio, pero parece que en la causa del presidente de la Junta y del secretario de Organizaci¨®n del PSOE contra los periodistas de El Mundo Javier Caraballo y Francisco Rosell, entre otros, se reclama un desarrollo judicial diferente al de cualquier ciudadano. En Espa?a la legislaci¨®n aplicable a la prensa es extremadamente benigna. Ni siquiera tenemos ¨®rganos de autorregulaci¨®n fuertes y eficaces como en otros pa¨ªses, salvo la Comisi¨®n de Quejas y Deontolog¨ªa que sostiene la Federaci¨®n de Asociaciones de la Prensa de Espa?a. As¨ª que sin medios de autorregulaci¨®n, con leyes muy amplias, con una jurisprudencia que castiga de manera reiterada la protecci¨®n del honor de quienes se dedican a la pol¨ªtica, debemos aceptar que los tribunales hagan su trabajo cuando nos afecta.

El caso del falso espionaje al ex presidente de la Caja San Fernando, con su v¨ªdeo incorporado (?Pedro J. lo llamar¨ªa montaje?) es paradigm¨¢tico. Un juzgado ya determin¨® que las pruebas hab¨ªan sido manipuladas. Luego, dos pol¨ªticos a los que se les hizo una falsa acusaci¨®n, han iniciado una causa contra quienes publicaron que eran responsables de espionaje. No parece que nada de lo dicho sea un atentado a la libertad de expresi¨®n. Se pretende establecer la responsabilidad de quienes ejercemos el oficio del periodismo al haber publicado una acusaci¨®n que se ha demostrado infundada. Tienen derecho quienes se sientan perjudicados a llevar su caso a los tribunales. Y, por supuesto, los periodistas a defenderse, aunque hubiera sido pertinente cuando se estableci¨® la falsedad de lo publicado, ofrecer una rectificaci¨®n y pedir excusas. Hasta el gran Dan Rather lo hizo en su momento. Cuando se publica algo as¨ª debe verificarse, si una vez hecho y publicado se demuestra la inexactitud, se rectifica y se piden excusas. Engrandece a la profesi¨®n aceptar los errores en vez de esconderse tras la bandera de la supuesta libertad en peligro.

La libertad de expresi¨®n no es un mar sin orillas. Tiene sus l¨ªmites establecidos en la legislaci¨®n. No podemos convertir este caso en la pel¨ªcula Ausencia de malicia que cuando se publica la responsabilidad del protagonista se hace a toda plana y cuando se demuestra la falsedad se alega que ya no es noticia. Hay que saber aceptar las reglas del juego sin cubrirse bajo las grandes palabras. Quiz¨¢ el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Sevilla haya sido muy estricto en la fijaci¨®n de las fianzas, pero no son 700.000 euros a cada periodista, sino de manera conjunta a cuatro encausados y con la empresa editora del peri¨®dico como garante solidaria. En cualquier caso, no es m¨¢s que un incidente procesal recurrible y no un atentado a la libertad de expresi¨®n, que goza de muy buena salud en Espa?a. No existe en nuestro pa¨ªs ning¨²n tipo de censura. No vale usar este proceso para ocultar un error, ofrecerse como m¨¢rtir y tocar la corneta para que alg¨²n indecente se dedique al insulto reaccionario, sea catedr¨¢tico o pol¨ªtico m¨¢s o menos en activo. Como ha escrito Kapuscinski, para ejercer el periodismo hace falta ser buena persona, porque esta profesi¨®n vive del contacto con los dem¨¢s. Bajo la expresi¨®n periodista de raza, como ha escrito Rodolfo Serrano, se esconde la mayor¨ªa de las veces la iniquidad.