Los urbanizadores andaluces aseguran que los pol¨ªticos les someten a pr¨¢cticas de extorsi¨®n
Los promotores comparan la concesi¨®n de licencias con "el 'impuesto revolucionario' de ETA"
La Federaci¨®n Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial sali¨® ayer en defensa del buen nombre del sector tras la segunda fase de la Operaci¨®n Malaya contra la corrupci¨®n municipal en Marbella, en la que han sido detenidos 13 constructores, con una frase tonante: "Deseamos que los poderes p¨²blicos act¨²en con todo rigor para erradicar las pr¨¢cticas de extorsi¨®n a las que, con demasiada frecuencia, se ha visto sometida la actividad empresarial, no s¨®lo en Andaluc¨ªa. Basta recordar lo denunciado en su d¨ªa por el entonces ministro Borrell, o el 3% denunciado por el presidente de la Generalitat".
El presidente de la Federaci¨®n Andaluza de Urbanizadores, Ricardo Arranz, se refer¨ªa a cuando el entonces ministro de Obras P¨²blicas, Josep Borrell, inst¨® en abril de 1991 a los empresarios de las grandes constructoras "a no pagar comisiones a ning¨²n partido para obtener concesiones de obras", y a cuando Pasqual Maragall acus¨® a CiU de cobrar comisiones a las empresas para adjudicarles trabajos.
Lo que parec¨ªa un anodino comunicado corporativista, con las habituales expresiones de confianza en la Justicia y reivindicaciones de la presunci¨®n de inocencia de los empresarios detenidos, conten¨ªa una sorpresa en su punto cuarto: la denuncia de las presuntas pr¨¢cticas de extorsi¨®n que dicen sufrir los empresarios.
Arranz, que pretend¨ªa que con el comunicado quedara clara la posici¨®n de su agrupaci¨®n, tuvo que dedicar parte de la tarde de ayer a explicar esa afirmaci¨®n tan grave.
Arranz matiz¨® que "no se puede demonizar a todos los pol¨ªticos, sino s¨®lo a los corruptos", y afirm¨® que con ese punto cuarto se busca "abrir el debate sobre si de lo que se habla en los medios es un cohecho de los empresarios o una extorsi¨®n a la que les someten los corruptos". Para explicarlo, puso el caso de las licencias de primera ocupaci¨®n, que seg¨²n ¨¦l, se conceden autom¨¢ticamente despu¨¦s de que los t¨¦cnicos municipales certifiquen que lo construido se corresponde con lo autorizado en la licencia de obra. "Si el ayuntamiento, que tiene obligaci¨®n de conceder la ocupaci¨®n -y muchas veces lo hace por silencio administrativo- pide una cantidad para concederla est¨¢ extorsionando al empresario, no es un cohecho", asegur¨®.
El presidente de los urbanizadores compara este chantaje urban¨ªstico al que dicen haberse visto sometidos con el "impuesto revolucionario de ETA" o con "secuestro de una hija". "En Marbella hab¨ªa mucha gente que ten¨ªa 600 apartamentos para vender y que ten¨ªa encima una deuda con el banco. Para ellos, que les concedieran la licencia era una verdadera cuesti¨®n de vida o muerte", asegur¨® Arranz, que considera que no es l¨®gico que las alarmas no hayan saltado "hasta que a [Juan Antonio] Roca [el supuesto cerebro de la trama de corrupci¨®n marbell¨ª] se le hayan encontrado 2.400 millones de euros".
En el mismo comunicado, los urbanizadores pidieron "un esfuerzo solidario y leal" de todas las organizaciones y entidades p¨²blicas para "restablecer la imagen" de la ciudad, ya que "ignorar el da?o causado es una irresponsabilidad que puede provocar perjuicios a la econom¨ªa regional".
Arranz asegur¨® que las entidades bancarias est¨¢n comenzando a "perder la confianza en la Costa del Sol" y que el sector inmobiliario va a entrar en una crisis como la de los a?os 1990 y 1991. El presidente de los urbanizadores, en cuya asociaci¨®n figura como vicepresidente ejecutivo Arturo Moya, que fue coordinador del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de Marbella, est¨¢ convencido de que operaciones policiales como Malaya "van a ralentizar la salida de la crisis".
Finalmente, la Federaci¨®n Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial reclam¨® que el Plan de Ordenaci¨®n del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental y el PGOU marbell¨ª sean aprobados cuanto antes. "Sin estas normas legales imprescindibles, la seguridad jur¨ªdica de Marbella y de otros municipios de la costa seguir¨¢ siendo insuficiente", consideran.
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