El PSOE admite las irregularidades en Cultura pero retrasa la comparecencia de la consejera

Al PSOE "le llama poderosamente la atenci¨®n las irregularidades" recogidas en el informe de la C¨¢mara de Cuentas sobre la Empresa P¨²blica de Gesti¨®n de Programas Culturales de la Consejer¨ªa de Cultura del ejercicio de 2004, pero cree que "no hay razones de urgencia" para que la consejera Rosa Torres comparezca ahora en el Parlamento. As¨ª lo expres¨® ayer el portavoz socialista, Manuel Gracia, en la reuni¨®n de la Diputaci¨®n Permanente, en la que los socialistas tambi¨¦n se opusieron a a la comparecencia de la titular de Obras P¨²blicas sobre el Reglamento de las VPO.

Como suele ser habitual, la convocatoria de la Diputaci¨®n Permanente -el ¨®rgano que sustituye a la Junta de Portavoces en vacaciones parlamentarias- fue aprovechada por los grupos para reproducir una especie de mini pleno.

Sobre la mesa hab¨ªa dos peticiones de toda la oposici¨®n (PP, IU y PA) para pedir las comparecencias urgentes de las consejeras de Cultura y de Obras P¨²blicas, a las que se opuso el PSOE por diferentes motivos.

La petici¨®n sobre la de Cultura se produce despu¨¦s de que la C¨¢mara de Cuentas hiciera p¨²blico un informe en el que detecta "numerosas deficiencias" en la Empresa P¨²blica de Gesti¨®n de Programas Culturales como pagos duplicados y sin facturas o mala contabilizaci¨®n de subvenciones.

El portavoz socialista, Manuel Gracia, argument¨® la negativa a que Rosa Torres comparezca en que "no hay motivos de urgencia" y a que antes de que d¨¦ explicaciones en el Parlamento, el informe debe estudiarse en comisi¨®n a partir del mes de septiembre. Dicho esto, Gracia reconoci¨® que "llama poderosamente la atenci¨®n" las irregularidades detectadas por el ¨®rgano fiscalizador y asegur¨® que "nada va a impedir ni la transparencia ni la asunci¨®n de responsabilidades que correspondan".

La popular Esperanza O?a, que debut¨® como portavoz, consider¨® que "urge dar explicaciones" ante un informe en el que se detecta no s¨®lo irregularidades, sino hasta cinco "ilegalidades". A su juicio, retrasar la convocatoria supone aplicar a los pol¨ªticos una vara de medir distinta de la que se aplicar¨ªa a un trabajador que hubiera incurrido en una situaci¨®n similar. Para O?a, la negativa a la comparecencia "es incompatible con la defensa del Gobierno andaluz de una gesti¨®n transparente y regida a la norma".

La portavoz de IU, Concha Caballero, muy prolija en su exposici¨®n, tambi¨¦n opin¨® que el informe de la C¨¢mara de Cuentas "detalla no s¨®lo errores sino tambi¨¦n ilegalidades". Hasta 21 irregularidades contabiliz¨® la diputada, quien mostr¨® su asombro por el hecho de que las funciones de control financiero recayeran en "un trabajador que en ese momento completaba su formaci¨®n como becario en la empresa", como afirma el informe. "Es necesario dar explicaciones, mayor aclaraci¨®n de la C¨¢mara de Cuentas y una posible comisi¨®n de investigaci¨®n", dijo.

La andalucista Pilar Gonz¨¢lez destac¨® que las irregularidades detectadas eran de tal calibre que era necesaria la comparecencia ya.

La otra petici¨®n de la oposici¨®n se bas¨® en el reciente dictamen del Consejo Consultivo sobre el borrador del decreto del Reglamento de Viviendas Protegidas de la comunidad. En el mismo se emplaza a la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas a "respetar" en su redacci¨®n definitiva los "derechos adquiridos" por los propietarios de las viviendas en relaci¨®n con el plazo de venta o cesi¨®n y con las condiciones de desclasificaci¨®n.

Salida pol¨ªtica

Gracia se opuso a que Concha Guti¨¦rrez del Castillo d¨¦ explicaciones en el Parlamento "por una cuesti¨®n de principios, no de oportunidad". El portavoz socialista argument¨® que el Reglamento no est¨¢ aprobado por el Gobierno y que la comparecencia urgente era tanto como volver a la teor¨ªa de "gobernar desde el Parlamento" que tanta fortuna hizo en la etapa de la pinza (legislatura 1994-1996).

Pese a que la oposici¨®n ve en el dictamen del Consejo Consultivo un varapalo a las posiciones de la consejer¨ªa, lo cierto es que el ¨®rgano que preside el constitucionalista y ex letrado mayor del Parlamento Juan Cano Bueso ha abierto la puerta a una salida pol¨ªtica al Ejecutivo andaluz ante las continuas protestas de los propietarios de viviendas protegidas.

El Gobierno no estaba obligado a pedir el informe y la recomendaci¨®n que los juristas dan para que el periodo m¨ªnimo establecido para poder vender no se extienda m¨¢s all¨¢ del r¨¦gimen con el que se adquiri¨® la vivienda, ofrece una soluci¨®n a los propietarios y saca del embrollo a la Junta. "El Gobierno debe prestar o¨ªdos al informe", dijo Gracia.