Por qu¨¦, as¨ª, no

El ruido que rodea el proceso de negociaci¨®n emprendido por el Gobierno para la disoluci¨®n de ETA, hace cada vez m¨¢s dif¨ªcil plantear con rigor y serenidad los argumentos que llevan a estar a favor de ¨¦l o en contra del mismo. Hay mucho simplismo, mucha demagogia y muy poco respeto a la l¨®gica. Yo estoy en contra de este proceso, al contrario que una clara mayor¨ªa de los ciudadanos que, de acuerdo a las encuestas, lo apoyan de forma contundente. Quisiera explicar por qu¨¦, no porque considere que mi postura sea asunto de inter¨¦s general, sino por intentar desarrollar un esquema comprensible de las razones que, a mi entender, convierten este proceso en una iniciativa no s¨®lo equivocada, sino de potenciales consecuencias graves para el futuro de nuestra convivencia.

Nadie (casi nadie) est¨¢ en contra de que mediante el di¨¢logo se consiga la disoluci¨®n de ETA. Los sucesivos gobiernos de todo signo lo han intentado y la sociedad ha entendido en cada uno de esos intentos que val¨ªa la pena intentarlo, y hasta que el Estado podr¨ªa ofrecer alguna contrapartida, incluso generosa, a quienes materializaran esa disoluci¨®n.

Pero ese di¨¢logo nunca se plante¨® -como cada vez m¨¢s abiertamente se est¨¢ planteando ¨¦ste- como un proceso de paz en el que dos bandos en lucha acuerdan renuncias rec¨ªprocas para poner fin a un conflicto b¨¦lico o a un estado de violencia bilateral. De hecho, aceptar este planteamiento supone reconocer el 90% del ideario de ETA que se presenta a s¨ª misma como el ej¨¦rcito vasco de liberaci¨®n que quiere poner fin al yugo opresor de Espa?a (y, con la boca m¨¢s chica, tambi¨¦n al de Francia). ?sa es la narrativa de ETA en su ¨²ltimo comunicado: "Espa?a ha impuesto leyes extranjeras, el genocidio ling¨¹¨ªstico y cultural, la partici¨®n y militarizaci¨®n del territorio, los asesinatos policiales y parapoliciales, las razias y detenciones selectivas, la utilizaci¨®n sistem¨¢tica de la tortura...".

Lo cierto es que aqu¨ª ha habido unos que asesinaban, extorsionaban y amenazaban y otros que opon¨ªan (salvo excepciones que han sido penalmente castigadas por el propio Estado) los mecanismos del Estado de Derecho a la violencia antijur¨ªdica desarrollada por ETA. Por tanto, no ha habido dos bandos enfrentados, no procede un proceso de paz, no hay guerra a la que poner fin. No est¨¢ de m¨¢s recordar que los miembros de ETA, incluidos los autores de delitos sangrientos, fueron amnistiados dos veces al principio de la Transici¨®n, de forma que ahora estamos hablando tan s¨®lo de quienes han ejercido la violencia criminal contra un Estado democr¨¢tico.

En este contexto, los sucesivos Gobiernos de la democracia han cometido errores y han dado bandazos en su forma de luchar con ETA y en la de negociar con ella. Todos. Pero todos han mantenido con rigor la exclusi¨®n del car¨¢cter pol¨ªtico de la negociaci¨®n, que nunca ha continuado cuando ETA ha intentado convertirla en negociaci¨®n pol¨ªtica.

El Estado, gracias al consenso de los dos grandes partidos, es capaz de cambiar decisivamente la din¨¢mica de desgaste que ETA trataba de imponer, a trav¨¦s de la Ley de Partidos basada en el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo. Por vez primera se reconoce (como verdad judicial) que ETA no consiste s¨®lo en quienes empu?an las pistolas sino que abarca a quienes les dan voz pol¨ªtica, cobertura medi¨¢tica o sustento financiero. Y esa operaci¨®n, entre 2001 y 2004, es un gran ¨¦xito que, materialmente, diluye la amenaza terrorista como nunca hasta entonces se hab¨ªa conseguido. Tambi¨¦n es cierto que el contexto internacional y el incremento de la cooperaci¨®n antiterrorista facilitan ese cerco y lo hacen m¨¢s eficiente.

Hay que recordar tambi¨¦n que ETA no hab¨ªa cometido un solo atentado mortal desde mayo de 2003, sin proclamar tregua alguna ni imponer ning¨²n tipo de concesiones. Y que la ETA que no mata durante el ¨²ltimo a?o de Gobierno de Aznar est¨¢ simult¨¢neamente m¨¢s acosada que nunca por el Estado de Derecho: fuera de las instituciones, con buena parte de las fuentes de financiaci¨®n cegadas, sin voz pol¨ªtica o medi¨¢tica apreciable.

Cuando el Gobierno (y no ETA) lanza la iniciativa de di¨¢logo, ETA es una sombra de s¨ª misma. Probablemente, un buen momento para abordar un di¨¢logo desde la mejor posici¨®n posible del Estado de Derecho. Pero un di¨¢logo completamente asim¨¦trico, no una negociaci¨®n, sino un contrato de adhesi¨®n: si dej¨¢is las pistolas, se puede aliviar algo la situaci¨®n penitenciaria de algunos presos, interpretar con benevolencia la legislaci¨®n sobre cumplimiento de penas y regularizar la situaci¨®n de quienes est¨¢n en el limbo jur¨ªdico (sin causas abiertas). Y nada m¨¢s.

Se est¨¢ haciendo algo muy distinto. Se est¨¢ hablando de pol¨ªtica con ETA y se est¨¢ haciendo antes de que ¨¦sta haya dado alg¨²n paso relevante para su disoluci¨®n. Se est¨¢ entrando en un discurso en el que se reconoce -cada vez de forma m¨¢s dif¨ªcil de ocultar- que hay un problema pol¨ªtico espec¨ªfico al que dar soluci¨®n y que si no se ha solucionado antes es porque la violencia lo imped¨ªa. Y, sobre todo, se ha entrado a insinuar -nada menos que por el presidente del Gobierno- que los vascos tienen derecho a decidir su futuro como si fueran sujetos de soberan¨ªa, como si el Estado adoleciera de un d¨¦ficit de legitimidad por no haber abordado desde estos supuestos autodeterministas la cuesti¨®n vasca. Admitida la mesa pol¨ªtica como un componente de la negociaci¨®n en curso, el Estado ha perdido la batalla. Como tal, no se sienta a ella (es cosa de vascos), pero se compromete a respetar lo que en ella se acuerde. Cierto que con cautelas legalistas, pero ¨¦stas no cuentan si falla la base: admitir la mesa, un recurso extra institucional, supone reconocer falencia o d¨¦ficit en las instituciones que existen. Lo ha dicho de forma inequ¨ªvoca Patxi L¨®pez a la salida de su reuni¨®n p¨²blica con un partido ilegal que es reconocido en la Uni¨®n Europea como organizaci¨®n terrorista: se trata de llevar adelante "un di¨¢logo pol¨ªtico que tiene que tener como objetivo ampliar los consensos con los que definir el marco de convivencia que permitan construir una Euskadi entre todos". En otras palabras, que Euskadi, institucionalmente, est¨¢ por construir.

De eso se trata. La gente puede pensar que finalmente alguna concesi¨®n pol¨ªtica puede valer la pena si acaba la violencia. Instalada en la falacia de la paz, puede llegar a sacrificar a su supuesta obtenci¨®n cuestiones aparentemente menos importantes como son si hay o no mesa de partidos y qu¨¦ se habla en ella. Es un error grave. Al margen de la ofensa infinita que esto supone para las v¨ªctimas y para quienes a lo largo de todos estos a?os han luchado denodadamente por hacer prevalecer el Estado de Derecho, el resultado no puede ser otro que el de una imposici¨®n total del nacionalismo radical excluyente, fortalecido por la renuncia pol¨ªtica de quienes no lo son. Y, salvadas las distancias, nos encontrar¨ªamos en aquella situaci¨®n que Churchill, en solitario y ante la incomprensi¨®n de sus conciudadanos, denunci¨® tras el acuerdo de M¨²nich: "Parec¨ªa haber s¨®lo dos desagradables posibilidades: la guerra o la paz con deshonor. Ahora veo una tercera: la guerra con deshonor". No quiero hablar de guerra, porque rechazo hablar de paz, pero sustit¨²yase por "entrega" y estar¨¢ dicho.

Jos¨¦ Ignacio Wert es soci¨®logo y presidente de Inspire Consultores.