Andorra, s¨®lo inmigrantes sanos

Andorra no quiere en su territorio maleantes, drogadictos, ni personas que padezcan alg¨²n tipo de enfermedad cr¨®nica o contagiosa que con el tiempo puedan representar una carga demasiado onerosa para el sistema p¨²blico de salud. El Gobierno andorrano admite que, en aplicaci¨®n de su legislaci¨®n en materia de inmigraci¨®n, ha denegado permisos de trabajo y de residencia a un millar de extranjeros que quer¨ªan instalarse en el pa¨ªs bas¨¢ndose en criterios estrictamente profesionales y en ning¨²n caso por razones de salud de los solicitantes.

La Asociaci¨®n M¨¦dicos Progresistas ha denunciado que, entre 1998 y 2005, el Servicio M¨¦dico de Inmigraci¨®n del Principado rechaz¨® 950 solicitudes de trabajadores por tener hepatitis, diabetes, anticuerpos del virus del sida, problemas con el alcohol o las drogas, ansiedad, sordera, obesidad o miop¨ªa.

La ley de inmigraci¨®n de Andorra tiene entre sus metas la solvencia de la seguridad social

"Si un enfermo tiene capacidad adquisitiva no es rechazado", dice uno de los m¨¦dicos

La denuncia, dirigida al Colegio Oficial de M¨¦dicos de Andorra, ha incomodado al Gobierno que preside el liberal Albert Pintat. Ninguno de sus miembros ha querido manifestarse sobre este asunto [publicado por el EL PA?S el pasado martes] y remiti¨® a la jefa del gabinete de comunicaci¨®n y prensa, Maria Teresa Rodrigo.

Rodrigo considera que la pol¨¦mica "se ha exagerado, extrapolado y descontextualizado" y podr¨ªa formar parte de una campa?a de desprestigio del pa¨ªs. "Andorra concede entre 4.000 y 6.000 permisos anuales y que en siete a?os se han denegado 950 solicitudes tampoco es un dato espectacular. Se han denegado permisos para ejercer una determinada actividad profesional, pero nunca se ha expulsado a nadie por motivos de salud", explica la portavoz. Defiende a ultranza el derecho de Andorra, como Estado soberano y pa¨ªs receptor de poblaci¨®n inmigrante, a establecer mecanismos para "regular la inmigraci¨®n y proteger los intereses de sus residentes".

Uno de los argumentos esgrimidos para justificar la actual pol¨ªtica de inmigraci¨®n es que hay otros muchos pa¨ªses considerados avanzados, entre ellos Australia, Canad¨¢ y Francia, que utilizan el sistema de revisiones m¨¦dicas para controlar la entrada de inmigrantes. "Nuestra pol¨ªtica de inmigraci¨®n es acogedora para las personas que solicitan un permiso de trabajo y de residencia y para sus familiares", a?adi¨®.

El Gobierno del Principado reconoce que una de las finalidades de la vigente ley de inmigraci¨®n, de 2002, es proteger la solvencia de la seguridad social andorrana, que se rige por un sistema de capitalizaci¨®n que depende de la cotizaci¨®n y aportaciones de los trabajadores. Por ello, considera l¨®gico someter a todas las personas que quieran instalarse en el pa¨ªs a revisiones m¨¦dicas para detectar posibles enfermedades, principalmente aquellas dolencias cr¨®nicas o infectocontagiosas que pueden evolucionar hacia la incapacidad o constituir un peligro para la salud p¨²blica.

Desde este punto de vista, las revisiones m¨¦dicas sirven de filtro y evitan que un trabajador origine gastos sanitarios al poco tiempo de haber obtenido permiso para trabajar, en un momento en que la demanda de servicios m¨¦dicos y el gasto sanitario aumentan considerablemente. Andorra quiere evitar la picaresca tras haber detectado que ciudadanos espa?oles en lista de espera de los hospitales p¨²blicos solicitan permiso de trabajo y de residencia para ser tratados por la medicina andorrana, m¨¢s ¨¢gil en ciertos casos.

Las autoridades andorranas niegan que el procedimiento denunciado por la Asociaci¨®n M¨¦dicos Progresistas signifique una discriminaci¨®n o una violaci¨®n de los derechos humanos, puesto que el Gobierno en ning¨²n momento conoce el motivo por el cual el m¨¦dico ha declarado apta o no apta a la persona que ha sido sometida a una revisi¨®n. Por su parte, el Colegio de M¨¦dicos de Andorra rechaza que se vulnere el c¨®digo deontol¨®gico, ya que los m¨¦dicos informan a los solicitantes del contenido de las revisiones y de las consecuencias posibles del resultado.

Los primeros en denunciar la situaci¨®n fueron los m¨¦dicos Alberto de Dios Romero y Gabriela Picco, del Servicio de Medicina Interna del Hospital de La Seu d'Urgell (Lleida). Detectaron en sus consultas a ciudadanos espa?oles que dec¨ªan haber sido expulsados de Andorra por motivos de salud. La Asociaci¨®n M¨¦dicos Progresistas es partidaria de que el Gobierno espa?ol tome cartas en este asunto y ejerza la presi¨®n necesaria ante el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Judit Par¨ªs, de la Uni¨®n Sindical de Andorra(USdA), acusa a los gobernantes del Principado de no respetar los tratados europeos que ha firmado y lamenta que esta organizaci¨®n no pueda denunciar ninguna de las irregularidades que se producen en Andorra "porque los sindicatos somos legales y alegales al mismo tiempo, y los trabajadores tienen miedo porque el 90 % de los contratos son verbales y el despido, libre".

Varias personas a las que en Andorra se les ha detectado una hepatitis B han sido remitidas al hospital de la Seu d'Urgell para que all¨ª se analicen los informes de los m¨¦dicos andorranos. "Como profesionales que somos, nos limitamos a tratar al paciente", explic¨® un facultativo del Centro de Asistencia Primaria de La Seu, que compara los reconocimientos que hace Andorra a los que realiza una empresa o aseguradora privada. "?Es l¨ªcito que un sistema de salud p¨²blica act¨²e como una aseguradora privada?", se pregunta. "En un r¨¦gimen democr¨¢tico no se puede discriminar a nadie por motivos de salud", a?ade. "Todo se reduce a un problema de dinero y la enfermedad nunca ha sido rentable. En Andorra tienen un servicio que salvaguarda los intereses del capital andorrano. Si una persona enferma tiene capacidad adquisitiva y dep¨®sitos en la banca nacional no es rechazada".

En un comunicado firmado por la presidenta de los m¨¦dicos andorranos, Meritxell Fiter, se admite que utilizar el criterio de la salud como discriminante para conceder el permiso de inmigraci¨®n a los solicitantes de un permiso de residencia y de trabajo plantea problemas sobre todo "cuando las finalidades no est¨¢n claramente expresadas", como cuando se utiliza el t¨¦rmino "salud" y deber¨ªa decirse "contenci¨®n del gasto sanitario". "Una normativa m¨¢s expl¨ªcita y convincente respecto a las razones reales para no aceptar personas portadoras de enfermedades no asumibles por el sistema sanitario andorrano podr¨ªa hacer disminuir el sentimiento extendido entre nosotros de que en este proceso se pueden rozar los l¨ªmites de los derechos humanos", a?ade.