Nace la pol¨¦mica ley del suelo

El proyecto de Ley del Suelo, uno de los m¨¢s emblem¨¢ticos del Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero para intentar frenar la especulaci¨®n inmobiliaria y el alza de precios de la vivienda, recibi¨® ayer el visto bueno del Consejo de Ministros. Esta norma sustituye a la aprobada por el Gobierno del PP que permit¨ªa edificar libremente, salvo en los espacios protegidos. El nuevo proyecto remitido a las Cortes obliga a destinar el 25% de la edificabilidad a viviendas protegidas, un porcentaje criticado por el PP y los promotores inmobiliarios que lo califican de "intervencionista".

El escenario que intenta corregir la ley es una apreciaci¨®n del precio del suelo urbanizable del 500% en la ¨²ltima d¨¦cada y la construcci¨®n de m¨¢s de 800.000 viviendas anuales a precios a los que no pueden acceder la mayor¨ªa de los espa?oles.

Los promotores califican la reforma de "intervencionista" y el PP anuncia un recurso

La medida para habilitar la propiedad accesible de una vivienda figura en el art¨ªculo 10 del proyecto de ley que precisa los criterios b¨¢sicos de utilizaci¨®n del suelo para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Dice que, adem¨¢s de preservar de la urbanizaci¨®n el suelo rural, se debe reservar para vivienda protegida, como m¨ªnimo, "el 25% de la edificabilidad prevista en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanizaci¨®n". En una disposici¨®n transitoria puntualiza que esta reserva se aplicar¨¢ a "todos los cambios de ordenaci¨®n que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor de la ley". Y si transcurridos nueve meses, la legislaci¨®n contempla una reserva inferior, "desde dicho momento ser¨¢ aplicable la reserva del 25%, salvo en municipios de menos de 10.000 habitantes".

El proyecto incide en la salvaguarda de los derechos p¨²blicos al exigir a los promotores urban¨ªsticos que entreguen a los ayuntamientos "libre de cargas, suelo en una proporci¨®n nunca inferior al 5% ni superior al 15% para destinarlo a viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones p¨²blicas".

Esta "donaci¨®n" es uno de los aspectos m¨¢s criticados por la Asociaci¨®n de Promotores Constructores de Espa?a (APCE). Un portavoz ha declarado que la mayor parte de los Ayuntamientos no destinan a la vivienda los suelos recibidos. "Los venden en p¨²blica subasta para financiar gastos de diversa naturaleza, incluidas las fiestas del pueblo".

El mismo portavoz a?ade que pensar que los Ayuntamientos van a destinar ese suelo a vivienda protegida es "una peligrosa ingenuidad", porque "doblar las cesiones supone duplicar su coste por lo que las viviendas que se erijan en el pol¨ªgono ser¨¢n m¨¢s caras irremediablemente".

Esta opini¨®n no apareci¨® en los debates del Consejo Econ¨®mico y Social que aprob¨® el proyecto por 39 votos a favor, 5 en contra y una abstenci¨®n el pasado 26 de junio. En un voto particular, suscrito, entre otros por el sindicalista agrario de ASAJA, Pedro Barato, argumenta que "el procedimiento expropiatorio coloca al agricultor en una situaci¨®n de insostenibilidad con justiprecios muy por debajo de aplicar un m¨¦todo comparativo".

En el proyecto de ley se proh¨ªben las parcelaciones de terrenos rurales, salvo los que hayan sido incluidos en una actuaci¨®n contemplada en la ordenaci¨®n territorial de la comunidad. Esta medida pretende romper la escalada especulativa sobre terrenos comprados a precio r¨²stico que luego se recalifican.

Para contrarrestar los efectos colaterales denunciados por APCE, el proyecto incorpora un ramillete de medidas que intentan sacar de la opacidad los procedimientos de planificaci¨®n urban¨ªstica.

Todos los planes o sus modificaciones se someter¨¢n a informaci¨®n p¨²blica en lenguaje comprensible, como m¨ªnimo durante 20 d¨ªas. Incorporar¨¢n informes de sostenibilidad ambiental, con mapa de riesgos naturales incluido, as¨ª como de las administraciones del agua (si tiene garantizado el abastecimiento) y deslinde de costas, si afecta al litoral.

El promotor estar¨¢ obligado a ejecutar todas las obras de urbanizaci¨®n, incluidas las infraestructuras de conexi¨®n con las redes generales de servicios, y las de potabilizaci¨®n, suministro y depuraci¨®n de aguas.

Certificado notarial

Otra de las novedades consiste en que para autorizar escrituras de obras nuevas en construcci¨®n, los notarios exigir¨¢n un certificado del arquitecto donde acredite que se ajusta al proyecto aprobado. Y lo mismo ocurrir¨¢ al finalizar la obra y su entrega a los usuarios.

Sobre los terrenos adquiridos por Administraciones para viviendas de protecci¨®n oficial, la ley proh¨ªbe que se transmitan por un precio superior al valor m¨¢ximo de la repercusi¨®n del suelo sobre las viviendas.

En un proyecto con las repercusiones que tiene el sector en Espa?a, las reacciones no se han hecho esperar. El PP ha anticipado que lo recurrir¨¢ al Constitucional, porque sospecha de 15 incumplimientos legales. La consejera de Pol¨ªtica Territorial de La Rioja, Ar¨¢nzazu Vallejo dijo ayer que "invade competencias auton¨®micas".

Por el contrario el portavoz de la Confederaci¨®n de Consumidores y Usuarios (CECU), manifest¨® su optimismo y apoyo al proyecto "porque intenta frenar los movimientos especulativos". El portavoz de CiU, Jordi Jan¨¦, asegura que "invade competencias del nuevo Estatuto catal¨¢n"