Bush admite que un tribunal revise la legalidad del espionaje telef¨®nico

Por segunda vez en una semana, la Casa Blanca rectifica -con serios matices- principios pol¨ªticos sobre la autoridad presidencial en vigor despu¨¦s del 11-S y defendidos hasta ahora a capa y espada. El jueves por la tarde, y tras una complicada negociaci¨®n entre el republicano Arlen Specter, presidente del Comit¨¦ Jur¨ªdico del Senado, y el vicepresidente, Dick Cheney, el propio Specter anunci¨® que el presidente, Bush, daba su brazo a torcer y admit¨ªa que el programa secreto de intervenci¨®n de comunicaciones electr¨®nicas con el extranjero fuera revisado por un tribunal para determinar si se atiene a la Constituci¨®n. El pasado martes, el Pent¨¢gono dio orden de aplicar la Convenci¨®n de Ginebra a los sospechosos de terrorismo tras el fallo del Tribunal Supremo que ilegaliz¨® las Comisiones militares especiales.

Aunque la Casa Blanca no ha tirado la toalla y trata de salvar amplios m¨¢rgenes de discrecionalidad para Bush, en ambos casos es com¨²n el frenazo a la filosof¨ªa de la presidencia imperial y a la pol¨ªtica de prescindir del control legislativo a la hora de llevar a cabo la guerra contra el terrorismo que el Capitolio respald¨® masivamente despu¨¦s de los atentados de Nueva York y Washington. Y en ambos casos es el propio Congreso -bajo presi¨®n de los republicanos que tratan de presentarse en las mejores condiciones posibles a las legislativas de noviembre, y desde luego de los dem¨®cratas- el que, arrepentido de aquel cheque en blanco que la Casa Blanca ha utilizado una y otra vez sin escr¨²pulos, quiere recuperar su autoridad y limitar la del presidente.

Programa secreto

Tras la filtraci¨®n de diciembre de 2005 que desvel¨® las escuchas, la Casa Blanca afirm¨® que el presidente ten¨ªa autoridad suficiente para encargar el programa secreto a la Agencia Nacional de Seguridad, y se resisti¨® a las presiones para debatirlo. Ahora, cuando esas presiones se han multiplicado por el fallo del Supremo -referido a otro asunto, el derecho de los presos de Guant¨¢namo a un juicio justo, pero medularmente relacionado con los excesos del poder presidencial-, el Gobierno parece ceder, aunque con condiciones que no gustan a todos.

El acuerdo -que a¨²n tiene que ser refrendado por las C¨¢maras- implica que el tribunal creado por la Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero (FISA, en sus siglas en ingl¨¦s) de 1978, que es el que autoriza las escuchas, analizar¨¢ el programa a puerta cerrada y decidir¨¢ si choca con la Constituci¨®n o est¨¢ "razonablemente dise?ado" para interferir en las comunicaciones de las redes terroristas. "Si el tribunal decide que no es constitucional, el programa no podr¨¢ continuar", dijo Specter, que ha negociado durante meses con el vicepresidente, Dick Cheney, y que cree que Bush est¨¢ admitiendo "que no tiene un cheque en blanco".

Si el programa queda descalificado, el Departamento de Justicia podr¨ªa elaborarlo de nuevo y enviarlo al Congreso para su debate y aprobaci¨®n. "La elaboraci¨®n de esa nueva ley podr¨ªa dar lugar a un pacto interesante", seg¨²n el dem¨®crata Patrick Leahy.

Pero el programa podr¨ªa salir intacto de la revisi¨®n o muy parecido al anterior. Por ello, el acuerdo dej¨® insatisfechos a algunos republicanos y dem¨®cratas, como Jane Harman, que dijo que el desenlace podr¨ªa seguir manteniendo "el cheque en blanco para llevar a cabo escuchas sin mandato judicial". La inquietud de estos congresistas qued¨® alimentada por las palabras del responsable de Justicia, Alberto Gonzales, que dijo que la nueva legislaci¨®n "seguir¨ªa permitiendo al presidente recoger informaci¨®n para proteger al pa¨ªs".

La Uni¨®n de Libertades Civiles, que llev¨® a los tribunales el programa secreto, se ha unido a las voces cr¨ªticas: "El acuerdo entre Specter y Cheney es una capitulaci¨®n de Specter ante la Casa Blanca", seg¨²n Anthony Romero, director de la Uni¨®n.