Memoria de la libertad

En memoria de Antonio Carrillo

El art¨ªculo 54 del nuevo Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a, de pr¨®xima entrada en vigor, establece un principio rector por el que "la Generalitat y los dem¨¢s poderes p¨²blicos deben velar por el conocimiento y el mantenimiento de la memoria hist¨®rica de Catalu?a como patrimonio colectivo que atestigua la resistencia y la lucha por los derechos y las libertades democr¨¢ticas. A tal fin, deben adoptar las iniciativas institucionales necesarias para el reconocimiento y la rehabilitaci¨®n de todos los ciudadanos que han sufrido persecuci¨®n como consecuencia de la defensa de la democracia y el autogobierno de Catalu?a".

La memoria de la libertad, el reconocimiento institucional de aquellos que dieron lo mejor de s¨ª mismos por la recuperaci¨®n de la democracia en Catalu?a y en Espa?a, es un acto de virtud c¨ªvica que atribuye mayores se?as de identidad al ejercicio de los derechos y libertades en el Estado social y democr¨¢tico de derecho. Que la norma institucional b¨¢sica de Catalu?a establezca que los poderes p¨²blicos deban adoptar medidas para el reconocimiento y la rehabilitaci¨®n de los ciudadanos que padecieron m¨¢s directamente la represi¨®n de la dictadura franquista es una finalidad que no puede m¨¢s que suscitar satisfacci¨®n. El compromiso de los poderes p¨²blicos de recuperar el patrimonio democr¨¢tico que constituye la lucha de los que tuvieron el coraje y la dignidad de batirse contra un r¨¦gimen ominoso no es ning¨²n absurdo. Es un acto de justicia. Sobre todo, en un contexto pol¨ªtico como el que nos concierne, en el que la transici¨®n a la democracia en Espa?a, tan positiva por muchas y contrastadas razones, comport¨® tambi¨¦n precios no escritos que pagar y, en especial, un d¨¦ficit social especialmente doloroso: la institucionalizaci¨®n de la desmemoria sobre de las v¨ªctimas de una larga dictadura y de los verdugos a su servicio.

Con el Estatuto, el poder p¨²blico se compromete con la reparaci¨®n de la memoria democr¨¢tica

El r¨¦gimen democr¨¢tico actual tiene su origen m¨¢s inmediato en el antifranquismo

Han pasado 30 a?os desde su final. Muchas personas ya no lo pueden explicar y el paso inexorable del tiempo, a pesar de toda la memorial¨ªstica escrita que ha proliferado en los ¨²ltimos tiempos, es un factor implacable que fomenta el olvido. Y el olvido puede ser tanto o m¨¢s duro que aquellas leyes del derecho represivo franquista, como la Ley de Responsabilidades Pol¨ªticas de 1939 y tantas otras. M¨¢s a¨²n, olvidar puede ser tanto o m¨¢s cruel que la tortura que practicaban los Olmedo, Creix, Conesa, Polo... y tantos otros s¨¢trapas. Olvidar puede ser tanto o m¨¢s c¨ªnico que el mensaje que el entonces jefe del Estado vaticano, Eugenio Pacelli, m¨¢s conocido como P¨ªo XII, dirig¨ªa en 1939 a la "cat¨®lica y amad¨ªsima" Espa?a, bendiciendo su sacrificio en defensa de los valores del cristianismo, mientras el conde Ciano, nada sospechoso de dem¨®crata, se sorprend¨ªa del ¨ªndice de fusilamientos diarios. El olvido, en efecto, como dec¨ªa Luis Cernuda, es m¨¢s definitivo que la muerte: s¨®lo cuando los otros olvidan o ignoran que hemos existido es cuando la muerte civil es ya irreversible.

Con sus luces y sus sombras, el r¨¦gimen democr¨¢tico que tenemos tiene su origen m¨¢s inmediato y su desarrollo en el antifranquismo, y su antecedente es sin duda la II Rep¨²blica de ahora hace 75 a?os. Estos referentes forman parte de una memoria de la libertad que es patrimonio de la persona y de la sociedad de la que decide formar parte. La recuperaci¨®n de la memoria de la libertad, de la memoria colectiva de un pa¨ªs subyugado durante 40 a?os, es un acto de calidad democr¨¢tica. Reivindicar el compromiso pol¨ªtico de los ciudadanos por la recuperaci¨®n de sus libertades es un acto de virtud republicana; esto es, de aprecio por los valores de la raz¨®n y del inter¨¦s general. Por ello, las pol¨ªticas p¨²blicas que desde diversas instancias se han tomado en las comunidades aut¨®nomas y muy t¨ªmidamente -todav¨ªa- en la Administraci¨®n central, para recordar y difundir la lucha por la recuperaci¨®n de las libertades, llevadas a cabo en el ¨¢mbito pol¨ªtico, sindical, universitario o asociativo, as¨ª como para reparar su memoria, constituyen un buen punto de partida. ?A pesar del tiempo transcurrido!

Estas pol¨ªticas p¨²blicas se insertan plenamente en un marco comparado en el que Estados con un pasado totalitario, como Alemania, Italia o la Francia de Vichy, las han realizado -cierto es- con grados de intensidad diversos, con objeto de homenajear a los protagonistas de la lucha por la libertad, reparar su memoria y difundirla como ejemplo para generaciones presentes y futuras. Pero adem¨¢s y sobre todo, estas pol¨ªticas de la memoria democr¨¢tica no se detienen en el pasado, sino que son concebidas tambi¨¦n con la perspectiva del futuro. Es decir, no se trata s¨®lo de crear infraestructuras culturales para ejecutar pol¨ªticas consistentes en recuperar y reparar la memoria de la libertad, sino tambi¨¦n de emplearlas para fomentar el debate y la investigaci¨®n de la historia.

En nuestro contexto m¨¢s pr¨®ximo, la saludable previsi¨®n del Estatuto de Autonom¨ªa de 2006 en pro de pol¨ªticas p¨²blicas sobre la memoria de la libertad, de la historia de aquellos que, con sacrificio de su trabajo, familia, integridad f¨ªsica e incluso la propia vida, tuvieron el coraje de enfrentarse a la dictadura ha de ser entendida como un deber c¨ªvico indeclinable. Es un acto de justicia, al que el Estatuto ha puesto las bases. Que en este sentido el poder p¨²blico, a trav¨¦s de la ley, se comprometa con la reparaci¨®n de la memoria democr¨¢tica no puede ser entendido como algo absurdo o instrumentalizador de la historia. Las pol¨ªticas p¨²blicas sobre la memoria democr¨¢tica llevadas a cabo por instituciones representativas, as¨ª como las iniciativas de instituciones privadas, han de ser un factor calidad democr¨¢tica. En definitiva, la memoria hace libres. Y la reivindicaci¨®n del pasado de la libertad para construir su futuro es tambi¨¦n un elemento de identidad y de orgullo democr¨¢tico de la sociedad.

Marc Carrillo es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la UPF.