Suelo m¨¢s barato

Los redactores de la nueva Ley de Suelo, en periodo de tr¨¢mite parlamentario, persiguen sin duda el loable objetivo de abaratar el precio del suelo para amortiguar el crecimiento del precio de la vivienda. Para conseguirlo, proponen medidas tales como una reserva del 25% en la edificabilidad para viviendas protegidas; obligaci¨®n para los promotores de facilitar a los ayuntamientos entre el 5% y el 15% del suelo urbanizado para espacios verdes, viales u otras dotaciones p¨²blicas; informaci¨®n p¨²blica durante 20 d¨ªas para los planes urban¨ªsticos; freno a las parcelaciones urban¨ªsticas en terrenos rurales, y la garant¨ªa de que toda urbanizaci¨®n dispone de suministro de agua y otras conexiones de servicios. Todas estas normas est¨¢n claras. Algunas son discutibles, como la insistencia en conferir a los ayuntamientos una cantidad mayor de suelo que puede ser utilizado para aumentar los ingresos municipales mediante especulaci¨®n. Pero lo m¨¢s urgente es averiguar si podr¨¢n aplicarse en todo el territorio nacional y en qu¨¦ grado ser¨¢n aceptadas por los promotores.

Porque el Partido Popular asegura que incumple 15 preceptos constitucionales y, por tanto, ha anunciado que recurrir¨¢ el proyecto ante el Tribunal Constitucional. Las comunidades gobernadas por el PP entienden que, tal como est¨¢ redactado, el texto "invade competencias auton¨®micas". Si as¨ª fuera, ser¨ªa de lamentar que la ministra Mar¨ªa Antonia Trujillo no se hubiera preocupado de negociar con las autoridades auton¨®micas los l¨ªmites de la actuaci¨®n del Gobierno. Ya deber¨ªa estar claro c¨®mo puede ejercer el Estado sus funciones de coordinaci¨®n de las actividades econ¨®micas relacionadas con la construcci¨®n que tanta repercusi¨®n tienen sobre el medio ambiente, el consumo de un bien escaso como es el agua o la pol¨ªtica tur¨ªstica. Pero da la impresi¨®n de que el PP se opone a esa coordinaci¨®n y se escuda en la ley para mantener el caos inmobiliario. Si el partido de Rajoy dispone de recetas para compaginar la libertad de mercado, las competencias auton¨®micas y el respeto m¨ªnimo a las condiciones medioambientales, tienen la obligaci¨®n de debatirlas con el Gobierno y explorar su aplicaci¨®n antes de desenfundar recursos ante el TC. Seguro que la Generalitat valenciana, por ejemplo, entiende que no es posible engordar el cintur¨®n de cemento a pie de playa o multiplicar las urbanizaciones sin agua.