El due?o de la 'macrociudad' de Sese?a logr¨® el 44% del suelo d¨ªas antes de su recalificaci¨®n

El 25 de abril de 2003, Francisco Hernando, Paco el Pocero, culmin¨® una operaci¨®n muy rentable. En la notar¨ªa de Illescas compr¨® dos tercios de Parque Tecnol¨®gico Toledo Norte, cuyo ¨²nico activo era "una finca de secano" en "el Qui?¨®n de 99 hect¨¢reas, 40 ¨¢reas y 90 centi¨¢reas". Ese terreno supone el 44% de los 1,8 millones de metros que 13 d¨ªas despu¨¦s recalific¨® el Ayuntamiento de Sese?a, entonces gobernado por el PSOE, para 13.508 viviendas. El Pocero compr¨® sabiendo que el Supremo hab¨ªa concedido el derecho sobre la finca a Gonzalo Gonz¨¢lez, que desde 1940 la cultivaba. Hernando ha abierto otra causa sobre si la tierra debe pasar a los herederos de Gonz¨¢lez. Mientras, vende las casas.

Hernando explic¨® a EL PA?S que tiene apalabrada la venta de unas 3.000 de las 13.508 viviendas que se levantar¨¢n en una zona pendiente de infraestructuras de abastecimiento de agua.

La finca del Qui?¨®n, donde Hernando levanta su ciudad, tiene un amplio historial judicial. Gonzalo Gonz¨¢lez la cultivaba desde 1940 y pagaba a un administrador 30.000 pesetas al a?o. La finca no daba para m¨¢s. El secano de Toledo s¨®lo admite algo de cereal. En 1991, Gonz¨¢lez intent¨® ejercer su derecho de arrendatario hist¨®rico para comprar la finca, recogido en una ley de 1980 para los casos previos a 1942. Fue a los tribunales y el juzgado de Illescas fall¨® en 1993 que Gonz¨¢lez ten¨ªa "derecho a la adquisici¨®n de la finca". El juez orden¨® que se fijase un precio, pero Enrique Lijardo, que ten¨ªa la finca a su nombre, recurri¨®. El 26 de abril de 1994, Lijardo vendi¨® la finca a Promoci¨®n Comunidad de Pantoja SA, de tres socios, que sigui¨® con el pleito.

En diciembre, la Audiencia Provincial de Toledo reiter¨® el derecho de Gonzalo Gonz¨¢lez. Comunidad de Pantoja llev¨® el caso al Supremo. El 7 de diciembre de 1997, el Supremo le volvi¨® a dar la raz¨®n a Gonzalo Gonz¨¢lez. ?ste, que entonces ten¨ªa 104 a?os y que falleci¨® poco despu¨¦s, ten¨ªa derecho a comprar la finca por un precio tasado, seg¨²n el m¨¢ximo ¨®rgano judicial. Comenz¨® entonces otro litigio: c¨®mo ejecutar la sentencia. Las partes se enfrascaron en peritajes para ver cu¨¢nto costaba; sobre si se pagaba conforme al precio de secano de los ochenta o sobre las perspectivas, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al caso. Comunidad de Pantoja pas¨® a llamarse Parque Tecnol¨®gico Toledo Norte (PTTN).

Arruinado en Villaviciosa

En 2002, Francisco Hernando ya estaba en Sese?a. Ya hab¨ªa comprado parte del Qui?¨®n y en noviembre propuso al ayuntamiento urbanizarlo en un Plan de Actuaci¨®n Urban¨ªstica (PAU) de 1,8 millones de metros cuadrados, de los cuales menos de la mitad eran suyos.

El 25 de abril, Hernando entr¨® en la empresa PTTN. La escritura de compraventa se?ala que Hernando asume a Gonzalo Gonz¨¢lez como arrendador de las tierras, detalla la existencia de todas las sentencias sobre la propiedad de la finca y que est¨¢ pendiente de fijarse un precio para que el agricultor la compre. La escritura afirma que "el procedimiento sobre la finca se encuentra en periodo de ejecuci¨®n de sentencia". Hernando, a trav¨¦s de tres sociedades, compr¨® dos terceras partes de la empresa. El tercer socio no vendi¨® hasta fecha muy reciente.

Hernando complement¨® la compra con el dinero que recibir¨ªa de la expropiaci¨®n de la Radial 4. La autopista de peaje que une Madrid con Oca?a pasa por all¨ª y la finca perdi¨® 116.641 metros cuadrados. Un total de 796.331 metros cuadrados quedaban dentro del plan para la nueva ciudad que hab¨ªa presentado Hernando. El suelo que consigui¨® controlar ese d¨ªa supone el 44% de la macrociudad.

El 8 de mayo de 2003, s¨®lo 13 d¨ªas despu¨¦s de cerrar la operaci¨®n de adquisici¨®n de suelo, el Ayuntamiento de Sese?a recalific¨® el terreno multiplicando varias veces su valor con los seis votos de PSOE. En el pleno, el entonces alcalde, el socialista Jos¨¦ Luis Mart¨ªn, ante las cr¨ªticas sobre la aprobaci¨®n del plan pese la falta de agua e infraestructuras, afirm¨®: "A las 9.00 estaba en Toledo y el consejero de Obras P¨²blicas y el Delegado Provincial me han informado que se pod¨ªa aprobar el PAU", seg¨²n el acta de ese pleno.

El 25 de mayo, IU gan¨® las elecciones para gobernar en minor¨ªa. El alcalde, Manuel Fuentes, ha denunciado una trama corrupta para que a Hernando se le aprueben todos los tr¨¢mites. PSOE y PP, que suman ocho ediles, por los cinco de IU, votan a favor de las propuestas del PAU.

Fuentes pr¨®ximas al caso muestran su extra?eza por que Hernando comprase una finca r¨²stica sobre la que, adem¨¢s, pesaba una sentencia del Supremo que obligaba a venderla. Pero tras la recalificaci¨®n, Hernando sigui¨® litigando contra los herederos de Gonzalo Gonz¨¢lez. En junio de 2003 present¨® en el juzgado un escrito para que el derecho de Gonzalo quedase anulado porque la finca ya no era r¨²stica, sino urbana.

Ejecutar la sentencia

As¨ª se abr¨ªa un nuevo procedimiento sobre c¨®mo ejecutar la sentencia del Supremo de 1997 que dio la raz¨®n al agricultor. El 15 de febrero de 2005, el juez de Illescas desestim¨® la pretensi¨®n de Hernando, que llevaba meses vendiendo casas. El juez afirm¨® que este proceso supon¨ªa un nuevo juicio sobre la propiedad de la tierra, algo ya juzgado.

Hernando recurri¨® a la Audiencia Provincial y argument¨® que, como la finca ya no era de cultivo, Gonz¨¢lez no podr¨ªa cultivar durante seis a?os m¨¢s (condici¨®n imprescindible para mantener la propiedad del suelo). En noviembre de 2005, la Audiencia Provincial cambi¨® el criterio y dijo que como los herederos del agricultor no hab¨ªan llegado a comprar la finca -nunca se fij¨® el precio- el contrato de arrendamiento segu¨ªa en vigor y por tanto no era de aplicaci¨®n la ley de Arrendamientos R¨²sticos que daba la propiedad a Gonz¨¢lez.

Lo que en 1997 era un derecho de Gonzalo, ya no lo era porque, durante ocho a?os, la Justicia no fue capaz de fijar el justiprecio. Y como la finca, ya en manos de Hernando, era urbanizable, el arrendatario de la finca durante 60 a?os no ten¨ªa derechos sobre ella. La sentencia obligaba a dejarla libre en seis meses con una indemnizaci¨®n equivalente a una cosecha. La vista para fijar la indemnizaci¨®n ser¨¢ en septiembre. La familia ha recurrido al Supremo para ver si, por segunda vez, le da la raz¨®n como antes hicieron cuatro sentencias. Cuando la justicia se pronuncie, la mayor¨ªa de las viviendas estar¨¢n construidas y vendidas.