Gonz¨¢lez Pons y el alcalde de L'Alf¨¤s eluden comentar la sentencia que obliga a derribar la mitad de un hotel

El consejero de Territorio y Vivienda, Esteban Gonz¨¢lez Pons, "no valorar¨¢ sentencias judiciales". El m¨¢ximo responsable del urbanismo valenciano declin¨® ayer referirse a la decisi¨®n de un juzgado de Alicante que obliga a derribar la mitad de un hotel de L'Alf¨¤s del Pi (Marina Baixa) por haber duplicado la edificabilidad contemplada en el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana del municipio. Su antecesor en el cargo, Rafael Blasco, impuso una multa de 12 millones de euros al hotel Atrium Beach de La Vila Joiosa por un caso similar, aunque en diferentes proporciones. Blasco se encarg¨® de proclamar que la medida del Atrium era un "ejemplo" de la actitud del Consell de Francisco Camps ante las irregularidades urban¨ªsticas, aunque la cantidad todav¨ªa no ha sido abonada al Consistorio vilero por la empresa infractora, Hotel Luna. Pero Pons mostr¨® ayer una actitud m¨¢s condescendiente con la promotora de L'Alf¨¤s del Pi, Amarcalia S.L., en la misma l¨ªnea del alcalde del municipio, Gabriel Such, tambi¨¦n del PP. El primer edil tampoco quiso valorar la sentencia alegando que la estaba estudiando junto a los servicios jur¨ªdicos municipales. Ser¨¢ esta ma?ana, tres d¨ªas despu¨¦s de conocer la decisi¨®n judicial, cuando exponga su postura en una rueda de prensa.

La promotora alega que la licencia municipal de obras autorizaba el exceso de edificabilidad

El hotel, en primera l¨ªnea de la playa del Albir, se encuentra abierto al p¨²blico desde 2003 gracias a una licencia definitiva por silencio administrativo concedida bajo mandato del PP. La sentencia obliga al Ayuntamiento de L'Alf¨¤s del Pi a restablecer la legalidad urban¨ªstica y acepta el recurso presentado por dos ediles socialistas, que culpan al alcalde de ser permisivo con el establecimiento. La ¨²ltima palabra en materia de ordenaci¨®n, al igual que en el caso del Atrium Beach, la tiene la Consejer¨ªa de Territorio, que aprob¨® en ¨²ltima instancia la modificaci¨®n al plan parcial de 1999 que dejaba en situaci¨®n ilegal al edificio, ya en construcci¨®n.

La responsable de la empresa promotora, Asunci¨®n Illa, demandada junto al Ayuntamiento por los socialistas, se mostr¨® ayer segura de que ni el alcalde ni el Consell tomar¨¢n medidas contra lo ya edificado. Illa asegur¨® que el Consistorio "no puede acordar ninguna demolici¨®n porque el hotel se ha construido seg¨²n lo autorizado por la licencia urban¨ªstica concedida en su d¨ªa", e indic¨® que la sentencia "ordena al Ayuntamiento a dictar la resoluci¨®n que legalmente corresponda y ponga fin al procedimiento", a lo que a?adi¨®: "S¨®lo eso". La propietaria record¨® adem¨¢s que la licencia de apertura le da legitimidad para mantener abierto el hotel.

El PSPV asegura que adem¨¢s de consentir un exceso de 7.000 metros cuadrados en la volumetr¨ªa, el PP est¨¢ tolerando otras irregularidades. El alcalde emiti¨® el 22 de diciembre de 2003 un decreto de paralizaci¨®n de unas obras en la ¨²ltima planta del edificio, consistentes en una piscina climatizada, gimnasio, sauna y sal¨®n de belleza. Unos trabajos considerados ilegales en los informes que el alcalde esgrim¨ªa en la orden. La due?a, seg¨²n el PSPV, hizo caso omiso de la orden y finaliz¨® las obras sin que el gobierno local tomara ninguna medida. El expediente ya ha caducado y los servicios construidos forman parte de la oferta del hotel.

Illa, que mantiene 40 habitaciones inutilizadas, ha denunciado por da?os y perjuicios al Ayuntamiento por las p¨¦rdidas que le ocasion¨® la paralizaci¨®n durante casi dos a?os -2001 y 2002- de las obras del hotel.