Un consejo de cinco notables rehabilitar¨¢ a las v¨ªctimas del franquismo en el BOE

La Ley de Memoria Hist¨®rica ha visto al fin la luz. La norma, de 25 art¨ªculos, establece por primera vez un mecanismo para la rehabilitaci¨®n oficial, en nombre del Estado, de todas las v¨ªctimas de la Guerra Civil y la represi¨®n franquista. No habr¨¢ anulaci¨®n de consejos de guerra, pero una comisi¨®n de cinco notables, elegida por el Congreso con mayor¨ªa de tres quintos, determinar¨¢ que la persona cuya memoria se busca honrar fue juzgada sin garant¨ªas e injustamente condenada y esa declaraci¨®n formal de v¨ªctima ser¨¢ publicada en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. Adem¨¢s, los s¨ªmbolos "que honren a un solo bando" quedar¨¢n prohibidos en los establecimientos p¨²blicos de titularidad estatal, incluidos cuarteles, y el Ejecutivo recomienda "a las dem¨¢s instituciones p¨²blicas" que los retiren.

El Gobierno ampliar¨¢ las pensiones de hijos de fusilados y fallecidos en la guerra y establecer¨¢ nuevas compensaciones

En el Valle de los Ca¨ªdos estar¨¢n prohibidos los actos pol¨ªticos o los de exaltaci¨®n de la Guerra Civil o del franquismo

Los s¨ªmbolos que honren a un solo bando quedar¨¢n prohibidos en los establecimientos de titularidad estatal

El Gobierno sabe que la ley que aprob¨® ayer ha venido precedida de una intensa pol¨¦mica en el mundo conservador, que le ha acusado de dividir a los espa?oles. Por eso, insiste tanto en la exposici¨®n de motivos como en la explicaci¨®n oficial en que se trata de una norma hecha desde el mismo "esp¨ªritu de concordia" que presidi¨® la Transici¨®n. Hasta en el largu¨ªsimo nombre de la norma ha sido cauteloso:

"Proyecto de ley por el que se reconocen y ampl¨ªan derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecuci¨®n o violencia durante la Guerra Civil o la dictadura". La palabra memoria ha sido deliberadamente evitada.

La vicepresidenta primera, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, explica que el Ejecutivo s¨®lo pretend¨ªa ampliar derechos a unas personas, las v¨ªctimas y sus familiares, que los reclamaban. Este es un asunto, recuerda el Ejecutivo, que sigue provocando sentimientos encontrados entre los supervivientes y sus familiares y descendientes, ya que los procesos que se vivieron en la Guerra Civil y despu¨¦s, con la represi¨®n franquista que dur¨® hasta la muerte del dictador, en 1975, fueron muy duros. Por eso no se habla de memoria ya que, seg¨²n explic¨® la vicepresidenta, los trabajos, que han durado un a?o y medio, se han realizado partiendo de la convicci¨®n de que "el Gobierno no escribe la historia, porque eso es trabajo de historiadores".

La parte m¨¢s novedosa de la ley est¨¢ entre los art¨ªculos 2 y 7. All¨ª se establece una rehabilitaci¨®n general de todas las v¨ªctimas de la Guerra Civil y el franquismo y se establece el mecanismo para quienes busquen una recuperaci¨®n individual de su familiar. El Gobierno ha renunciado a anular los juicios sumar¨ªsimos del franquismo, como le ped¨ªan las asociaciones, ERC, IU-ICV y algunos afectados. Se?ala De la Vega que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se?ala que no son revisables sentencias previas a la Constituci¨®n que ya han agotado sus efectos jur¨ªdicos, como es el caso de un consejo de guerra.

Por eso la ley crea una comisi¨®n interministerial que estudiar¨¢ las peticiones de rehabilitaci¨®n que interpongan los familiares de v¨ªctimas y recopilar¨¢ la documentaci¨®n. Adem¨¢s, se crea un consejo de cinco notables, designados por el Parlamento, que ser¨¢ quien estudie esa documentaci¨®n para hacer una declaraci¨®n institucional de que esa persona es una v¨ªctima de la Guerra Civil o la dictadura y que su juicio y su condena fueron manifiestamente injustos. Esa declaraci¨®n, con el nombre de la v¨ªctima, ser¨¢ publicado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado para dar mayor rango a la decisi¨®n, pero no tendr¨¢ ning¨²n tipo de efecto jur¨ªdico o econ¨®mico. El PP, que ha anunciado su oposici¨®n a esta ley, podr¨ªa bloquear la elecci¨®n de ese consejo de notables porque sin sus diputados no se alcanzan los tres quintos, aunque el Gobierno conf¨ªa en que no lo haga. Desde que entre en vigor la ley, los familiares tendr¨¢n un a?o para reclamar la rehabilitaci¨®n. Todo el proceso deber¨ªa estar cerrado en dos a?os. Formalmente a este proceso se pueden acoger tambi¨¦n los que sufrieron la represi¨®n en el bando republicano, aunque De la Vega asegura que de las 15.000 cartas que les han llegado casi todas eran de republicanos.

- Pensiones y compensaciones. Los art¨ªculos 8 a 12 ampl¨ªan y mejoran algunas pensiones que ya se reciben y establecen nuevas compensaciones. Se mejoran las pensiones de orfandad de los hijos de fusilados y fallecidos en la guerra, hasta los 132 euros mensuales. Se ampl¨ªa la ley de reparaci¨®n de 1979 para incluir a unas 700 personas que se quedaron fuera por requisitos excesivos. Se reconoce el tiempo pasado en batallones disciplinarios -esto es, los llamados esclavos del franquismo que construyeron obras p¨²blicas para reducir su condena- para acceder a las mismas indemnizaciones de quienes sufrieron c¨¢rcel. El Ejecutivo calcula en 1.500 las personas que se beneficiar¨¢n de esto ¨²ltimo. Adem¨¢s, se compensar¨¢ por la retenci¨®n del IRPF que se realiz¨® sobre las peque?as cantidades cobradas como compensaci¨®n a los a?os de c¨¢rcel. Todas estas medidas tendr¨¢n un coste de unos 20 millones de euros.

- Fosas comunes. La ley marca que las Administraciones p¨²blicas est¨¢n obligadas a facilitar la tarea de quienes quieren localizar los cuerpos de sus familiares. Algunos municipios ponen problemas a la hora de dar las pertinentes autorizaciones administrativas. Cualquiera que se encuentre ese obst¨¢culo sabr¨¢ que ahora la ley le ampara. Las Administraciones no tendr¨¢n que asumir el coste, s¨®lo facilitar la tarea. La ley marca tambi¨¦n subvenciones para las asociaciones que se dedican a este asunto, establece un protocolo para la actuaci¨®n de las Administraciones y promueve la creaci¨®n de una especie de mapa de fosas seg¨²n vayan apareciendo. Sin embargo, no se crear¨¢ ninguna instituci¨®n para promover la reapertura; la iniciativa seguir¨¢ siendo privada, pero subvencionada. En los casos contradictorios -como el de la fosa de Federico Garc¨ªa Lorca, en el que las familias del maestro y los banderilleros enterrados con ¨¦l quieren abrirla pero la familia del poeta se niega-, ser¨¢ la Administraci¨®n quien trate de resolver el problema y, si no hay acuerdo, decidir¨¢ un juez.

- S¨ªmbolos. El art¨ªculo 17 ser¨¢ uno de los m¨¢s pol¨¦micos. Con la intenci¨®n de que todos los s¨ªmbolos en democracia deben ser "de todos y para todos", seg¨²n De la Vega, "y desde la perspectiva de la concordia", la ley obliga a retirar de los edificios p¨²blicos de titularidad estatal toda escultura, insignia o placa que mencione algo relativo a la Guerra Civil y "que honre a un solo bando". Esta f¨®rmula podr¨ªa incluir, te¨®ricamente, a monumentos a los republicanos, pero el Ejecutivo asegur¨® ayer que la ley se ha hecho con la intenci¨®n de retirar los s¨ªmbolos franquistas y para nada se est¨¢ hablando de la estatua del socialista Largo Caballero en Nuevos Ministerios (Madrid), por ejemplo.

Esta obligaci¨®n de retirar todos los s¨ªmbolos incluye a los cuarteles, donde a¨²n permanecen muchos, como la Estatua de Franco en la Academia Militar de Zaragoza. La norma tiene una excepci¨®n: no se destruir¨¢n los s¨ªmbolos con especial valor art¨ªstico o hist¨®rico.

En cuanto al resto de s¨ªmbolos, especialmente en el callejero de centenares de pueblos y ciudades, el Gobierno se limita a "recomendar" a las instituciones de las que depende esa decisi¨®n, ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas, que siga el ejemplo de los edificios estatales y retire los s¨ªmbolos. El Gobierno finalmente no har¨¢ una recomendaci¨®n expresa a la Iglesia, en cuyas fachadas permanecen centenares de s¨ªmbolos, puesto que se considera una instituci¨®n privada. "Har¨¢ lo que considere oportuno", se?al¨® De la Vega.

- Valle de los Ca¨ªdos. El principal s¨ªmbolo del franquismo tiene un art¨ªculo espec¨ªfico, el 19. La ley proh¨ªbe expresamente que se realice ning¨²n tipo de acto de exaltaci¨®n de la Guerra Civil y la dictadura en cualquier lugar del recinto. Se mantiene la bas¨ªlica como lugar de culto, y por tanto, como cada a?o, se podr¨¢ realizar una misa el 20 de noviembre en honor de Franco, pero quienes quieran cantar a la salida el Cara al sol con el brazo en alto, como cada a?o, se las ver¨¢n con la polic¨ªa. Adem¨¢s, se cambiar¨¢n los estatutos de la fundaci¨®n que rige el centro para que lo convierta en un lugar "para honrar a la memoria de todas las personas fallecidas en la Guerra Civil", y no s¨®lo de las de un bando. Nada se dice de establecer all¨ª un centro de la memoria hist¨®rica o una exposici¨®n permanente que recuerde que eso lo construyeron presos pol¨ªticos republicanos, como ped¨ªan ERC e IU-ICV, aunque es probable que en la tramitaci¨®n parlamentaria ¨¦stos puedan obtener mejoras. Adem¨¢s, se subvencionar¨¢ a las asociaciones para que elaboren censos de obras p¨²blicas y privadas realizadas por batallones disciplinarios, como el Valle de los Ca¨ªdos, y de los campos de concentraci¨®n del franquismo.

- Centro de la Memoria. Se crear¨¢ el Centro Documental de la Memoria Hist¨®rica, con sede en Salamanca, para contribuir a la recuperaci¨®n de la memoria de la Guerra Civil, la dictadura, el exilio, el internamiento de espa?oles en los campos de concentraci¨®n durante la II Guerra Mundial y la Transici¨®n. Tambi¨¦n se potenciar¨¢ el Archivo General de la Guerra Civil.

- Brigadistas y asociaciones. La ley tambi¨¦n recoge en sus art¨ªculos 20 y 21 mayores facilidades para que los brigadistas internacionales obtengan la nacionalidad espa?ola. Ahora se les ped¨ªa que renunciaran a la suya. La ley retira ese requisito. Adem¨¢s, se conceder¨¢ la Cruz del M¨¦rito Civil a las asociaciones que han luchado todos estos a?os para recuperar la memoria de las v¨ªctimas y defender sus derechos.

- V¨ªctimas de la Transici¨®n. Una disposici¨®n adicional crea una compensaci¨®n ¨²nica para los familiares de las que De la Vega llam¨® "v¨ªctimas de la Transici¨®n". Son algo menos de 40 personas, que murieron a manos de la polic¨ªa o de ultras en los tumultuosos a?os que van desde el 1 de enero de 1968 hasta el 6 de octubre de 1977, cuando entr¨® en vigor la Ley de Amnist¨ªa. Estas personas quedaron fuera de la Ley de V¨ªctimas del Terrorismo, cuyo ¨¢mbito de aplicaci¨®n comienza ese mismo d¨ªa, y no han tenido ninguna reparaci¨®n por su "lucha por la libertad", seg¨²n De la Vega. Los m¨¢s conocidos de ellos son los obreros que fallecieron durante una huelga en Vitoria en 1976. La indemnizaci¨®n ser¨¢ de 135.000 euros, que se percibir¨¢n una sola vez. La ley lleva una memoria econ¨®mica que estima el coste de su aplicaci¨®n, entre pensiones, compensaciones y diversos trabajos que se pondr¨¢n en marcha en unos 60 millones de euros.