Setencias que crean confusi¨®n

La respuesta judicial a las irregularidades urban¨ªsticas cometidas durante 15 a?os por los gobiernos municipales del Grupo Independiente Liberal (GIL) en Marbella no se ceracteriza precisamente por la unanimidad.

De los aproximadamente 70 casos que seg¨²n la Fiscal¨ªa de M¨¢laga hay abiertos por presuntos delitos urban¨ªsticos, hasta el momento s¨®lo se han juzgado tres, y el balance moment¨¢neo invita a la confusi¨®n. En dos ocasiones, el mismo juzgado, el Penal n¨²mero 5 de M¨¢laga, ha condenado a prisi¨®n al ex alcalde Juli¨¢n Mu?oz y los dem¨¢s ex concejales que formaban parte de las comisiones de gobierno que aprobaron sendas licencias de obra para viviendas en suelos que estaban destinados a zonas verdes y equipamientos. Pero en la ¨²ltima sentencia emitida, el pasado martes d¨ªa 25, el juzgado de lo Penal n¨²mero 2 de M¨¢laga absolvi¨® a los ex ediles por una actuaci¨®n igual.

El derecho penal no sanciona la ilegalidad de las licencias, sino la arbitrariedad

Las tres licencias hab¨ªan sido declaradas nula en la v¨ªa de lo contencioso-administrativo por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA). Pero en lo que los jueces no acaban de ponerse de acuerdo es si la concesi¨®n de licencias para viviendas en zonas verdes es o no un delito penal.

El art¨ªculo 320 del C¨®rido Penal establece penas de inhabilitaci¨®n y prisi¨®n para "la autoridad o funcionario p¨²blico que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificaci¨®n o la concesi¨®n de licencias contrarias a las normas urban¨ªsticas vigentes".

El titular del juzgado que ha dictado la sentencia absolutoria, Rafael Linares, entiende que en el caso Moansa, "no cabe aceptar que en la conducta de los acusados concurriera el elemento subjetivo, consistente en un dolo reforzado de actuar consciente y deliberadamente a sabiendas de la injusticia de la resoluci¨®n que votaban".

Admite el juez que la actuaci¨®n de los ex concejales "fue contraria a las normas que regulaban el proceso en materia de urbanismo", pero estima que el asunto debe sustanciarse en la v¨ªa de lo contencioso administrativo, porque el derecho penal "no es la mera ilegalidad, sino la arbitrariedad la que se sanciona".

Existe una evidente diferencia de criterios entre los fundamentos jur¨ªdicos de esta sentencia absolutoria y las dos condenatorias que por los casos Banana Beach y Proinsa.

No se pueden establecer comparaciones directas entre ellos porque las circunstancias y los elementos a juzgar eran diferentes. En el caso Banana Beach, por ejemplo, exist¨ªa constancia de informes de t¨¦cnicos municipales que advert¨ªan de que la licencia incumpl¨ªa en Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) vigente, algo que no ocurr¨ªa en el caso Moansa. Pero s¨ª se advierten contradicciones entre los jueces que las han dictado sobre cual era el ordenamiento urban¨ªstico aplicable en Marbella, sobre los procedimientos a seguir para la concesi¨®n de licencias de obras, o si se pueden otorgar ¨¦stas antes de aprobarse el plan urban¨ªstico que les da cobertura. Los casos Banana Beach y Moansa ten¨ªan en com¨²n que el suelo era zona verde, pero el consistorio se propon¨ªa cambiarlo a urbanizable en la revisi¨®n del PGOU que aprob¨® en 1997 pero que la Junta rechaz¨® en 1998, por lo que no se lleg¨® a aprobar.

Para el juez Rafael Linares, "la existencia del acuerdo de pleno del consistorio de aprobaci¨®n inicial de la citada revisi¨®n constituye un elemento que excluye que la resoluci¨®n de conceder esas licencias deba ser considerada como fruto de la arbitrariedad".

El juez que sentenci¨® el caso Banana Beach, Rafael D¨ªaz Roca, invoc¨® en cambio jurisprudencia del Tribunal Supremo seg¨²n la cual "no se pueden conceder licencias a planeamiento futuro". En aquella sentencia, el juez consideraba que "si la petici¨®n se ajusta o calza con las normas urban¨ªsticas, singularmente el plan general, la licencia debe otorgarse, y, en caso contrario, denegarse sin que quepa discrecionalidad alguna a la administraci¨®n concedente". Y agregaba que "la ordenaci¨®n que sirve de par¨¢metro para la licencia es el vigente en el momento en que se resuelva sobre su concesi¨®n ". En todo caso, sostiene el juez, solo podr¨ªa hacerse en el caso de aquellos suelos que mantienen la misma calificaci¨®n en los dos planes.

En los fundamentos de la sentencia por el caso Banana Beach tambi¨¦n se advert¨ªa de un "quebrantamiento del reglamento de disciplina urban¨ªstica, que exige que en todo expediente de concesi¨®n de licencia conste informe t¨¦cnico y jur¨ªdico".

En la sentencia del caso Moansa, el juez reconoce que "no consta en autos el expediente administrativo que se sigui¨® para la concesi¨®n de las licencias". El jefe del servicio jur¨ªdico municipal, reconoci¨® en la vista oral que no emit¨ªa informes porque se lo prohibi¨® el alcalde .

Y el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes declar¨® en los distintos juicios que a todos los expedientes de le adjuntaba un informe "gen¨¦rico" que en 1993 realiz¨® el abogado personal de Gil, Jos¨¦ Luis Sierra, en el que avalaba la tesis de que se pod¨ªan conceder licencias amparadas en el futuro plan general, que tendr¨ªan un car¨¢cter "provisional".

El juez del caso Banana Beach rechaz¨® este resquicio. "Tales informes del se?or Sierra no son v¨¢lidos, pues el letrado referido no es ni puede ser asesor jur¨ªdico municipal".

El juez que ha dictado la sentencia absolutoria incide en que los concejales no son expertos en urbanismo y "se limitaban a asentir" en las comisiones de gobierno si el secretario les dec¨ªa que ven¨ªan informadas favorablemente. En cambio, para el juez que conden¨® a Mu?oz y otros ex concejales, "no es cre¨ªble que los acusados, con la pol¨¦mica desatada en aquellas fechas en la localidad en torno a la gesti¨®n urban¨ªstica y su experiencia acumulada, no tuviesen la m¨¢s m¨ªnima idea de aquello que votaban y que era el grueso de la labor que se realizaba en la comisi¨®n de gobierno".