La nacionalizaci¨®n boliviana se tambalea

El reconocimiento por parte del Gobierno de Evo Morales de la incapacidad t¨¦cnica y financiera del Estado boliviano para llevar adelante la nacionalizaci¨®n de los hidrocarburos, decretada el pasado 1 de mayo, ha provocado una gran incertidumbre sobre la piedra angular en la que Morales ha fundamentado no s¨®lo su llegada al poder por las urnas sino la "refundaci¨®n de Bolivia", su gran proyecto pol¨ªtico. Para analistas y empresas extranjeras afectadas por la nacionalizaci¨®n, una nueva sombra se a?ade sobre un proceso que ya de por s¨ª presentaba notables imprecisiones.

Para algunos pol¨ªticos, el problema tiene sus ra¨ªces en la falta de planificaci¨®n del proceso y en la desorganizaci¨®n en YPFB

Cuando apenas han transcurrido cuatro meses desde que Evo Morales anunciara la nacionalizaci¨®n de los hidrocarburos y enviara a los militares a ocupar temporalmente campos petrol¨ªferos y las sedes de algunas compa?¨ªas, Yacimientos Petrol¨ªferos Fiscales de Bolivia (YPFB), la empresa estatal encargada de gestionar t¨¦cnica y econ¨®micamente el proceso ha paralizado su actividad "en toda la cadena productiva". Para el Gobierno boliviano se trata de un problema de financiaci¨®n que es solucionable, al menos para salir del paso, con un pr¨¦stamo de 180 millones de d¨®lares que conceder¨ªa a la entidad el Banco Central boliviano, pero tanto la ley como los estatutos del organismo proh¨ªben este tipo de cr¨¦dito.

Para algunos pol¨ªticos bolivianos, el rev¨¦s sufrido por el proyecto nacionalizador tiene sus ra¨ªces en la falta de planificaci¨®n del proceso y en la desorganizaci¨®n en YPFB. "La empresa tiene una total desorganizaci¨®n interna", asegura Carlos Miranda, ex ministro de Hidrocarburos.

La situaci¨®n de YPFB se encuentra en el ojo del hurac¨¢n en el pa¨ªs precisamente porque ha sido la punta de lanza del Gobierno boliviano en la nacionalizaci¨®n. Una de las primeras medidas de Morales, nada m¨¢s jurar como presidente el pasado enero, fue poner al frente de YPFB a Jorge Alvarado, quien sostuvo fuertes enfrentamientos con las petroleras que operan en el pa¨ªs, especialmente la brasile?a Petrobras y la espa?ola Repsol -de la que YPFB es socio en Bolivia-, a la que acus¨® de contrabando de petr¨®leo. El pasado mayo, Morales orden¨® que el BBVA y la aseguradora Zurich, administradores de fondos de pensiones en Bolivia, traspasaran -sin indemnizaci¨®n de ning¨²n tipo- a YPFB acciones valoradas en al menos 600 millones de d¨®lares en las empresas objeto de la nacionalizaci¨®n. El objetivo era que la compa?¨ªa estatal tuviera mayor¨ªa en el accionariado de las sociedades que se formen con empresas extranjeras -cuyas negociaciones, al menos en teor¨ªa, siguen en marcha-, especialmente con Repsol, Petrobras, British Petroleum y Shell.

Pero mientras en el plano pol¨ªtico el Gobierno de Morales ha salido airoso -las empresas y Gobiernos afectados han aceptado las nuevas del juego, incluyendo una subida del 56% del precio del gas suministrado a Argentina-, sobre el terreno la cosa es muy diferente. A pesar de la llegada masiva al pa¨ªs de t¨¦cnicos venezolanos para formar a especialistas bolivianos y eliminar la dependencia en este campo, fuentes consultadas en Bolivia se?alan que el proceso avanza muy lentamente.

Gesti¨®n con problemas

Por lo que respecta a la gesti¨®n empresarial, tambi¨¦n hay graves dificultades. El pasado 1 de agosto, el Ejecutivo suspendi¨® la funci¨®n de YPFB como receptor de los ingresos que recibe el Estado por la comercializaci¨®n de los hidrocarburos y, pocos d¨ªas despu¨¦s, Morales tuvo que respaldar p¨²blicamente a Alvarado despu¨¦s de que la Superintendencia de Hidrocarburos denunciara un contrato firmado por YPFB que presuntamente ha causado un perjuicio de 3,8 millones de d¨®lares. El pasado mi¨¦rcoles la Superintendencia de Hidrocarburos ratific¨® sus acusaciones contra Alvarado, quien ha asegurado que todo se trata de "un error en la interpretaci¨®n de la ley".

"Ahora lo que hay que ver es por cu¨¢l de las dos alternativas se decanta el Gobierno boliviano", se?ala un directivo de una compa?¨ªa extranjera que opera en Bolivia. "Una posibilidad es que se imponga la l¨ªnea dura que sostiene que YPFB no ha cumplido con su papel de controlar de cerca la extracci¨®n, procesado y comercializaci¨®n de los hidrocarburos. Es decir, los que quieren una presencia total de YPFB. La otra es que se abra paso la tesis de que el proceso se est¨¢ cayendo porque ha sido muy apresurado. Habr¨¢ que ver si Morales decide doblar la apuesta o no".

La tercera posibilidad es que el par¨®n en el proceso beneficie a un tercer actor en el escenario: la venezolana estatal Petrosur, que est¨¢ en disposici¨®n de otorgar tanto financiaci¨®n como asistencia t¨¦cnica. "Por ahora no se ve que Venezuela est¨¦ dispuesta a poner mucho dinero, algo que tampoco se ha apreciado salvo por anuncios en televisi¨®n y la presencia de t¨¦cnicos", opina el mismo directivo, cuyas palabras vienen ratificadas por funcionarios bolivianos cuyas esperanzas no est¨¢n puestas en Caracas, sino en Oslo. Seg¨²n el superintendente de Hidrocarburos boliviano, V¨ªctor Hugo Sainz, existe un programa de cooperaci¨®n entre Bolivia y Noruega que incluye la revisi¨®n t¨¦cnica de la Ley de Hidrocarburos y el dise?o de negociaci¨®n con las empresas extranjeras radicadas en Bolivia. Para ello lleg¨® el pasado jueves a La Paz Erik Solheim, ministro de Desarrollo y Cooperaci¨®n Internacional noruego. Sainz asegur¨® tambi¨¦n que Noruega colaborar¨¢ en la formaci¨®n de t¨¦cnicos bolivianos.

El reconocimiento de las dificultades bolivianas, algo que los principales afectados ya apuntaban desde que se emiti¨® el decreto, ha dado paso a un baile de estrategias. En la madrugada del pasado mi¨¦rcoles (en la Espa?a peninsular) el ministro de Hidrocarburos boliviano, Andr¨¦s Soliz Rada, uno de los principales impulsores de la nacionalizaci¨®n y enemigo declarado de las petroleras extranjeras, comparec¨ªa ante el Senado para denunciar que la brasile?a Petrobras pretende eliminar el decreto de nacionalizaci¨®n y modificar la Ley de Hidrocarburos -el 82% de los ingresos es para el Estado, y el 18%, para las empresas- por considerarla "demasiado exigente". Soliz adem¨¢s acus¨® de "estafa" tanto a la compa?¨ªa brasile?a como a la espa?ola Repsol, y asegur¨® que Bolivia hab¨ªa dejado de percibir 161 millones de d¨®lares por un contrato suscrito entre ambas empresas.