Lo civil, a civiles

Tal como acaba de demostrar nuevamente la plaga de incendios de Galicia, es preciso que la Administraci¨®n central, en un pa¨ªs con alto grado de descentralizaci¨®n, cuente con medios propios para atender cat¨¢strofes y emergencias que superen las capacidades de una determinada comunidad aut¨®noma. Pero no es seguro que la respuesta a esa necesidad haya que buscarla en las Fuerzas Armadas. Por lo menos, no sin un debate a fondo que contemple posibles alternativas. La falta de mecanismos y medios de actuaci¨®n ante problemas que pod¨ªan afectar a la seguridad p¨²blica se puso de manifiesto hace dos veranos, con ocasi¨®n del conflicto de las gr¨²as, que a lo largo de m¨¢s de un mes dej¨® en los arcenes de cientos de carreteras miles de coches averiados que nadie retiraba. Sin competencias en materia de protecci¨®n civil, el Estado se encontr¨® sin medios para actuar ante un problema que, de haberse prolongado una semana m¨¢s -coincidiendo con la operaci¨®n regreso de vacaciones-, pod¨ªa haber tenido graves consecuencias. Ya entonces se lleg¨® a consultar a la abogac¨ªa del Estado en Vizcaya -donde se hab¨ªa iniciado el problema- la posibilidad de movilizar unidades militares para retirar los coches.

Un a?o despu¨¦s, el incendio de Guadalajara (11 muertos) volvi¨® a poner en evidencia esas carencias. La conmoci¨®n producida, m¨¢s el reconocido car¨¢cter disciplinado y de disponibilidad permanente de las Fuerzas Armadas, decidieron al Gobierno a crear la Unidad Militar de Emergencias (UME), formada por 4.000 efectivos a las ordenes directas del presidente del Gobierno. La medida, de entrada bien recibida por la opini¨®n p¨²blica, apenas ha sido luego debatida pese a las implicaciones que puede tener. De entrada, implica una notoria falta de confianza en los mecanismos civiles de protecci¨®n y de respuesta a cat¨¢strofes, as¨ª como una renuncia a mejorar sus niveles de eficiencia. Si los medios con los que ahora contamos no son suficientes o est¨¢n mal preparados o coordinados, habr¨ªa que intentar remediar esas deficiencias antes de buscar la soluci¨®n en las Fuerzas Armadas.

Porque encargar al Ej¨¦rcito esas tareas, aunque pueda parecer que responde a una cierta demanda social y que garantiza un alto nivel de eficacia, desvirt¨²a la esencia de sus funciones y contribuye a incrementar la confusi¨®n sobre el papel de las Fuerzas Armadas en una sociedad democr¨¢tica. Cabe recordar que, tal como se ha planteado, la proyectada unidad pretende tener poderes policiales similares a los que poseen los agentes de la autoridad, rompe la cadena de mando militar, supone un esfuerzo presupuestario que en principio deber¨ªa servir para reforzar las capacidades civiles de reacci¨®n ante emergencias (m¨¢s de 1.600 millones de euros hasta 2008) y obliga a sustraer personal militar ya en activo (que debe ser posteriormente instruido en actividades que no forman parte de su formaci¨®n profesional de origen, con idea de que la unidad llegue a ser plenamente operativa en mayo de 2008).

Mientras tanto, Espa?a, que quiere ser un actor internacional relevante, se ve en serios apuros para atender las peticiones de implicaci¨®n militar en operaciones internacionales de paz. No es necesario buscarle nuevas tareas a nuestras Fuerzas Armadas para justificar su existencia. A las tradicionales se suman hoy las derivadas de una globalizaci¨®n que nos enfrenta a amenazas que se pueden materializar muy lejos de nuestras fronteras. Es ah¨ª donde parece m¨¢s aconsejable concentrar el esfuerzo, sin olvidar, obviamente, otro similar que capacite a nuestros organismos civiles para paliar eficazmente los efectos de cat¨¢strofes y emergencias. En todo caso, el asunto merece un debate social que no se ha producido.