Voto inmigrante
La posibilidad de que se reconozca el derecho al voto en las municipales a los extranjeros no comunitarios (planteada por el PSOE e IU en una proposici¨®n no de ley) est¨¢ provocando una tormenta, ya se ver¨¢ si de verano, en Catalu?a. Las objeciones de varios dirigentes nacionalistas, en el sentido de que habr¨ªan de establecerse requisitos -como el conocimiento de la lengua, cultura e identidad catalana- para hacer efectivo ese derecho, han sido rechazadas como "xen¨®fobas" y propias de la "extrema derecha" por el l¨ªder de Iniciativa (ICV), Joan Saura.
La definici¨®n pujolista que proclamaba que es catal¨¢n quien "vive y trabaja en Catalu?a", o las de Carod Rovira sobre la superaci¨®n del nacionalismo etnicista, van a ponerse a prueba ante los efectos que podr¨ªa tener en su momento la extensi¨®n del derecho de voto a los casi 900.000 extranjeros (m¨¢s del 12% de la poblaci¨®n) residentes en Catalu?a. El diputado de CiU Felip Puig ha pedido cautela para evitar decisiones que podr¨ªan ser "una amenaza para el proyecto de pa¨ªs" y ha advertido de que "Catalunya no puede regalar derechos pol¨ªticos" a unos inmigrantes que ni tan siquiera "tienen la cultura de saber lo que es votar en sus pa¨ªses".
Son argumentos que recuerdan, salvando las distancias, a los esgrimidos en tiempos de la Rep¨²blica por sectores de la izquierda para oponerse al voto de las mujeres, por presuponerlo mayoritariamente conservador. En las constituyentes de 1931, el portavoz del Partido Radical propuso reconocer ese derecho, pero no en la Constituci¨®n, sino en una ley electoral, a fin de poder revocarla si se comprobaba que el voto femenino favorec¨ªa a los partidos reaccionarios. Condicionar de esa manera, por razones ideol¨®gicas, el derecho al voto de una parte de la poblaci¨®n es la negaci¨®n misma del principio democr¨¢tico. En este caso, adem¨¢s, hay una especie de prejuicio de clase, ya que la exigencia de conocimiento de la lengua no se plantea respecto a los extranjeros de pa¨ªses comunitarios residentes en Catalu?a.
El consejero socialista de Econom¨ªa, Antoni Castells, ha invocado una imprecisa "voluntad de arraigo" para reconocer el derecho al voto de esas personas. El derecho al voto no tiene por qu¨¦ estar condicionado a ninguna convicci¨®n subjetiva del votante. En la tradici¨®n liberal democr¨¢tica, vota el ciudadano avecindado en uno de los municipios del territorio y que paga sus impuestos. Si un extranjero regresa a su pa¨ªs, dejar¨¢ de tener derecho a votar en ese municipio; pero mientras resida en ¨¦l lo l¨®gico es que pueda votar.
El catalanismo pol¨ªtico ha tenido a gala su voluntad integradora de los ciudadanos llegados del resto de Espa?a, seg¨²n le reprochaba hace m¨¢s de 100 a?os el vasco Sabino Arana. ?No ser¨ªa absurdo que abandonase ahora esa tradici¨®n, negando o condicionando el derecho al voto de los nuevos inmigrantes?
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