El Ejecutivo s¨®lo podr¨¢ intervenir en fusiones por "inter¨¦s general"

El Gobierno limitar¨¢ sus poderes a la hora de intervenir en los procesos de fusi¨®n de empresas. ?se es, al menos, el esp¨ªritu de la nueva Ley de Defensa de la Competencia que aprob¨® ayer el Consejo de Ministros. En la misma se contempla que el Ejecutivo s¨®lo podr¨¢ intervenir por "razones de inter¨¦s general". El proyecto crea un ¨²nico ¨®rgano encargado de velar por la competencia (el Consejo Nacional de la Competencia, CNC), agiliza la tramitaci¨®n de las fusiones y flexibiliza las condiciones para su presentaci¨®n.

A partir del pr¨®ximo a?o, el papel del Gobierno en las fusiones ser¨¢ el mismo que en el f¨²tbol: s¨®lo podr¨¢ intervenir por "razones de inter¨¦s general". "En definitiva, la intervenci¨®n del Gobierno queda residual", afirm¨® la vicepresidenta Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega.

Sin embargo, el proyecto deja bajo el paraguas del "inter¨¦s general" un criterio muy laxo: "La defensa nacional, la protecci¨®n de la seguridad o salud p¨²blica, la protecci¨®n de los derechos y libertades constitucionales, la libre circulaci¨®n de bienes y servicios, la unidad del mercado nacional y equilibrio territorial, la protecci¨®n del medio ambiente, las pol¨ªticas sociales, la protecci¨®n del pluralismo informativo, la promoci¨®n de la investigaci¨®n y el desarrollo tecnol¨®gico, y la garant¨ªa del adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulaci¨®n sectorial".

En aras de esa pretendida independencia, se crea el CNC que integrar¨¢ al Servicio y al Tribunal de Defensa de la Competencia, y le otorga mayores poderes que los que ten¨ªan los dos organismos. El m¨¢s visible ser¨¢ el de la autorizaci¨®n de las operaciones de fusi¨®n porque, a diferencia de lo que ocurre ahora con el TDC, el Gobierno s¨®lo podr¨¢ intervenir en los casos en que la CNC proh¨ªba una operaci¨®n o la someta a condiciones. Si el CNC da luz verde a una concentraci¨®n, el Ejecutivo ya no tendr¨¢ nada que decir.

?rganos separados

La CNC mantendr¨¢ separados el ¨®rgano de instrucci¨®n (la Direcci¨®n de Investigaci¨®n) y el de resoluci¨®n (el Consejo), que estar¨¢ integrado por un presidente y cuatro consejeros -la mitad que el TDC- nombrados por el Gobierno.

La ley modifica tambi¨¦n los tipos de infracci¨®n y duplica la cuant¨ªa m¨¢xima de multa (de 30.000 a 60.000 euros) que puede imponerse a los representantes de las empresas infractoras.

En l¨ªnea con la normativa comunitaria, y tal como se hab¨ªa anunciado, se introduce un mecanismo de clemencia para eximir o redimir de las sanciones a aquellas empresas que colaboren en la detecci¨®n e investigaci¨®n de un cartel. El proyecto reduce de dos a?os a 18 meses el plazo m¨¢ximo del procedimiento sancionador y aumenta del 25% al 30% la cuota de mercado que obliga a notificar una operaci¨®n.