De nuevo, Repsol

Justo cuando hoy mismo deben iniciarse las negociaciones del Gobierno boliviano con Repsol YPF sobre el proceso de nacionalizaci¨®n de los hidrocarburos, la justicia del pa¨ªs reaparece con el allanamiento, el pasado viernes, de las oficinas de Andina, la filial de la petrolera espa?ola; la confiscaci¨®n de documentos sobre una supuesta estafa en un contrato ya cancelado para la venta de gas a la brasile?a Petrobras en 2002 y la detenci¨®n de un directivo, que fue puesto ayer en libertad bajo arresto domiciliario. Este gesto de la fiscal¨ªa de la ciudad de Santa Cruz no hace m¨¢s que contribuir a que renazca la tensi¨®n entre el presidente Evo Morales y la compa?¨ªa espa?ola, como refleja el comunicado que ¨¦sta emiti¨® ayer en Madrid, en el que, en un tono inusual, considera arbitraria la actuaci¨®n judicial y advierte de que ejercitar¨¢ acciones legales si persiste la "injustificada persecuci¨®n" de que se siente objeto.

Morales ha confesado repetidamente sentirse muy confiado de que las negociaciones de su Gobierno con las firmas extranjeras afectadas por el decreto de nacionalizaci¨®n de los hidrocarburos, anunciado por ¨¦l mismo el pasado mayo, llegar¨¢n a buen puerto (en noviembre expira el plazo de 180 d¨ªas para la entrada en vigor del decreto). El l¨ªder boliviano as¨ª se lo dijo a Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega durante la visita que la vicepresidenta espa?ola hizo a La Paz a principios de este mes.

Nadie objeta que Bolivia tenga derecho a tomar las decisiones econ¨®micas que considere oportunas sobre sus recursos energ¨¦ticos, siempre que respete contratos y satisfaga indemnizaciones dictadas eventualmente por los tribunales. Hay que creer que la ¨²ltima actuaci¨®n judicial, que sigue a la que el pasado marzo condujo a la detenci¨®n del presidente de la filial y del gerente, es ajena a las intenciones del Gobierno boliviano. Sin embargo, no facilita a crear un clima de entendimiento ni de di¨¢logo con la petrolera espa?ola.

Morales sabe que su pa¨ªs necesita la inversi¨®n extranjera para llevar a cabo el proceso de modernizaci¨®n que prometi¨®. Sin embargo, las empresas extranjeras, para las que la seguridad jur¨ªdica es algo irrenunciable, ven con preocupaci¨®n la actitud del Gobierno boliviano. Se impone m¨¢s di¨¢logo y menos proclamas en los m¨ªtines.