Repsol YPF denuncia una "injustificada y reiterada persecuci¨®n" en Bolivia

Repsol YPF ha decidido pasar de la diplomacia a los hechos en Bolivia tras el nuevo registro de sus oficinas y el arresto de un directivo decretado por la fiscal¨ªa. La petrolera anunci¨® ayer que ejercer¨¢ acciones legales ante la justicia del pa¨ªs y ante los organismos internacionales si contin¨²a la "injustificada y reiterada persecuci¨®n judicial". Repsol YPF defendi¨® la legalidad del contrato de venta de gas a la brasile?a Petrobras que ha desatado las actuaciones. Un juez puso en libertad bajo arresto domiciliario al s¨ªndico (auditor) de Repsol detenido el viernes, al entender que no particip¨® en la firma del contrato.

Ya no hay terreno para las medias tintas en la larga crisis que enfrenta a Repsol YPF con las autoridades bolivianas desde que Evo Morales asumi¨® el poder, en enero pasado. El nuevo allanamiento de las oficinas centrales de su filial Andina, decretado por la fiscal¨ªa el pasado viernes, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Repsol YPF anunci¨® ayer que "si contin¨²a la sistem¨¢tica persecuci¨®n de la Fiscal¨ªa de Bolivia contra la compa?¨ªa", ejercitar¨¢ acciones legales "ante todos los foros de justicia independiente, nacionales e internacionales, en la defensa de sus derechos y los de sus empleados".

En un comunicado de inusitada dureza, fechado en Madrid, la empresa espa?ola denuncia que lo sucedido "constituye una medida impropia de un Estado de derecho y del respeto al orden jur¨ªdico constitucional". Para justificar esta valoraci¨®n, Repsol YPF defiende la legalidad del contrato de venta de gas con Petrobras que ha desatado las actuaciones. Seg¨²n la fiscal¨ªa, ese contrato fue firmado a espaldas de las autoridades, para burlar la f¨®rmula de reajuste peri¨®dico del precio del gas que se estipulaba en un tratado firmado entre Bolivia y Brasil, causando un perjuicio econ¨®mico a las arcas del pa¨ªs andino de hasta 150 millones de euros.

En contra de esta versi¨®n, Repsol YPF defiende tanto la legalidad como la transparencia del contrato, ya que fue puesto en conocimiento de todas las partes competentes (desde su origen en el a?o 2002): la empresa p¨²blica Yacimientos Petrol¨ªferos Fiscales Bolivianos(YPFB), el Ministerio de Hidrocarburos, la Bolsa Boliviana y Servicio de Impuestos Nacionales. Asimismo, la petrolera a?ade que en ning¨²n caso ha ocasionado perjuicio econ¨®mico alguno al Estado de Bolivia, ya que "en todo momento" ha cumplido con el pago de "todas las regal¨ªas e impuestos establecidos por ley de acuerdo al contrato firmado entre YPFB y Petrobras."

La empresa que preside Antonio Brufau manifiesta su voluntad de prestar toda su colaboraci¨®n a las autoridades para el total esclarecimiento de los hechos, "en una actitud de permanente di¨¢logo que tanto la compa?¨ªa como las autoridades espa?olas han mantenido en todo momento".

Pero tras esta invitaci¨®n al di¨¢logo, la multinacional espa?ola deja entrever que si contin¨²a este clima de inseguridad y acoso judicial, peligra su presencia en el pa¨ªs. "No obstante, en estos momentos, la compa?¨ªa ve con creciente preocupaci¨®n la falta de seguridad jur¨ªdica que en la actualidad existe en Bolivia. En estas condiciones, estima muy dif¨ªcil que se pueda mantener el necesario di¨¢logo con las instituciones bolivianas para buscar un marco estable que permita acometer el proceso de fuerte inversi¨®n que precisa el desarrollo de la industria de hidrocarburos en Bolivia".

Paralelamente, prosiguen las actuaciones judiciales. El s¨ªndico de la filial de Repsol YPF en Bolivia, Sa¨²l Carlos Encinas Miranda, de nacionalidad boliviana, fue ayer puesto en libertad despu¨¦s de pasar dos d¨ªas en prisi¨®n acusado de participar en la firma del contrato con Petrobras.

El juez Jimmy L¨®pez Rojas decret¨® su arresto domiciliario al entender que no habr¨ªa participado en la firma de dicho acuerdo, puesto que el contrato se firm¨® el 30 de octubre de 2002 y Encinas comenz¨® su actividad en Andina en 2003. Encinas, que podr¨¢ por tanto acudir a su trabajo, tendr¨¢ en todo caso que personarse ante el juez semanalmente y designar dos garantes para evitar su fuga.

La decisi¨®n del juez contradice la versi¨®n del Ministerio P¨²blico, encabezado por el fiscal Jos¨¦ Centenario, que hab¨ªa solicitado la prisi¨®n preventiva para el directivo.