Polic¨ªas locales bajo sospecha
El alcalde de Torrevieja, del PP, ascendi¨® a agentes ahora imputados por torturas con informes contrarios de los t¨¦cnicos
El respaldo p¨²blico que el alcalde de Torrevieja, Pedro Hern¨¢ndez Mateo (PP), ha prestado a los concejales y los cargos de la Polic¨ªa Local imputados por presuntas torturas viene precedido de supuestas irregularidades en la conformaci¨®n de la c¨²pula del cuerpo con las que el regidor se ha hecho un traje policial a medida. El ascenso fulgurante de varios agentes, algunos de los cuales ya han declarado ante la juez, fue promovido por el concejal de Seguridad, Pedro Valero, o el jefe de la Polic¨ªa Local, Alejandro Morer, ambos implicados en la trama. Varias designaciones tuvieron la oposici¨®n de los t¨¦cnicos municipales, que en algunos casos advirtieron de que pod¨ªan constituir un delito de prevaricaci¨®n o fraude de ley.
Entre las designaciones 'a dedo' se encuentra la de la sobrina del edil de Infraestructuras
Un hermano del jefe de polic¨ªa fue condenado en 1998 por maltratar a un inmigrante
El primer caso especial entre los mandos policiales es el del intendente jefe Alejandro Morer. El jefe de la polic¨ªa ocupa su puesto con un t¨ªtulo de Formaci¨®n Profesional complementado con un curso de habilitaci¨®n de la Generalitat valenciana. La ley auton¨®mica de polic¨ªas locales, aprobada en 1999, obliga a nombrar a un "intendente principal" en las poblaciones con m¨¢s de 100 agentes, como es el caso de Torrevieja. Tras siete a?os de vigencia de la norma, el alcalde a¨²n no ha iniciado el proceso para cubrir esa plaza, para la que se requiere tener un t¨ªtulo universitario.
Entre los agentes imputados por torturas ascendidos con el rechazo de los t¨¦cnicos se encuentra el inspector Carlos Ill¨¢n. Fue en su casa donde entr¨® presuntamente a robar el inmigrante latinoamericano que denunci¨® los malos tratos policiales el pasado 23 de junio, despu¨¦s de que el polic¨ªa lo sorprendiera. Esa denuncia, investigada en el juzgado de Instrucci¨®n 1 de Torrevieja, es la que ha dado lugar a la detenci¨®n de los 12 agentes que hasta el momento han declarado ante la juez.
Ill¨¢n, con categor¨ªa de oficial, ocup¨® un puesto de inspector (el segundo en la jerarqu¨ªa) en situaci¨®n de interino (comisi¨®n de servicios) por un plazo de dos a?os que finaliz¨® el pasado abril. El alcalde, sin embargo, le permiti¨® seguir en el cargo en contra del criterio de la secretaria municipal y el interventor. La primera advirti¨® en su informe de que la pr¨®rroga de esa situaci¨®n persegu¨ªa "un resultado prohibido por el ordenamiento jur¨ªdico" por lo que si el acto se adoptara (como finalmente se hizo), ser¨ªa "en fraude de ley". El interventor expres¨® su disconformidad, con los mismos argumentos. Este inspector provisional es la mano derecha del intendente jefe, seg¨²n fuentes del cuerpo. Algunos de sus compa?eros lo consideran "un polic¨ªa de acci¨®n" y destacan de ¨¦l su car¨¢cter violento y afici¨®n por las artes marciales.
Las supuestas irregularidades en la pr¨®rroga de Ill¨¢n se repitieron con el tambi¨¦n inspector Antonio Morer, uno de los tres hermanos del intendente jefe que est¨¢n en plantilla pero que, por el momento, no se ha visto relacionado en la causa. Bajo la misma f¨®rmula se autoriz¨® la permanencia en el puesto de una sobrina del concejal de Infraestructuras, Eduardo Gil Rebollo, y de otros cuatro agentes m¨¢s. La secretaria municipal advirti¨® de que permitirles ocupar esas plazas sin proceso selectivo "vulnerar¨ªa frontalmente los art¨ªculos 405 y 406 del C¨®digo Penal", que tipifican la prevaricaci¨®n.
En el tercer escal¨®n de la estructura de mandos se encuentra integrado por los oficiales, ocho de los cuales tambi¨¦n ocupan su puesto de forma provisional tras ser ascendidos discrecionalmente por el alcalde a propuesta del jefe de la polic¨ªa. Dos de las plazas de ese rango pertenecen a los gemelos Julio y Ricardo Morer, los dos hermanos del jefe y ambos denunciados por actos violentos en otras ocasiones.
Una de las v¨ªctimas de Julio fue Abdelfetlah Omi. El 8 de junio de 1992, mientras estaba en su puesto de artesan¨ªa marroqu¨ª, dos agentes le exigieron la licencia de venta. Al carecer de ella, el marroqu¨ª les facilit¨® su N¨²mero de Identificaci¨®n de Extranjeros (NIE). Morer y otro agente le obligaron a levantar el tenderete y Omi acat¨® las ¨®rdenes aunque se dirigi¨® a ellos para que le devolvieran la documentaci¨®n. En ese momento se inici¨® un forcejeo y el vendedor fue reducido por otros polic¨ªas. Sufri¨® lesiones en sus mu?ecas y en el cuero cabelludo que le provocaron mientras lo introduc¨ªan en el coche patrulla as¨ª como en las dependencias policiales.
El juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Orihuela conden¨® en 1998 a Morer como autor de una falta de lesiones. Morer tuvo que pagar 180 euros de multa e indemnizar con otros 450 a Omi. La juez consider¨® que las lesiones "fueron causadas por personas que, extralimit¨¢ndose en sus facultades y amparadas bajo el uniforme, emplean la fuerza y la arrogancia en el ejercicio de sus funciones", seg¨²n argument¨® en los fundamentos jur¨ªdicos de su sentencia.
La denuncia que pesa sobre su hermano gemelo, Ricardo, la present¨® Manuel Ferrandis, un vecino del municipio al que requirieron la documentaci¨®n del coche la noche del 9 de mayo de 1999. Al no llevarla encima, fue conducido por Morer y otros agentes a comisar¨ªa donde le hicieron una prueba de alcoholemia que, seg¨²n la denuncia, result¨® negativa. Los polic¨ªas no se conformaron y lo cachearon encontrando en sus bolsillos "dos peque?as piezas de hach¨ªs".
El hermano del jefe de polic¨ªa y sus compa?eros, siempre seg¨²n la denuncia, obligaron al detenido a desnudarse. Morer pis¨® su ropa y ante las quejas de Ferrandis, le peg¨® un pu?etazo en la cara. "Es en ese momento, cuando los otros dos agentes agarran cada uno de un brazo al denunciante y el agente Ricardo Morer empieza a propinarle pu?etazos en la cara, en el torso, lo tira al suelo, le pisa el cuello mientras los dos agentes le sostienen la cabeza contra el mismo y lo arrastran, quedando el denunciante en un estado pr¨®ximo a la p¨¦rdida de conocimiento", contin¨²a la denuncia.
Cuando se recuper¨® un poco, los agentes lo lavaron, lo vistieron y le advirtieron de que no presentara denuncia. "Las consecuencias van a ser peores", asegura que le dijeron. Los agentes lo trasladaron al centro de salud de Torrevieja y desde all¨ª, una ambulancia lo condujo al Hospital de Orihuela. En su diagn¨®stico figura "contusi¨®n en ¨®rbita izquierda, herida en zona malar izquierda que requiere sutura, fisura en los huesos propios de la nariz que le provocan desviaci¨®n del tabique nasal, erosi¨®n en el cuello y el codo izquierdo, y hematoma frontoparietal derecho".
El juzgado n¨²mero 4 de Orihuela ha fijado la fecha del juicio en tres ocasiones, pero lo ha suspendido por la inasistencia de los presuntos agresores. Ferrandis espera ahora que gracias al nuevo caso de torturas, la cuarta notificaci¨®n que reciba sea la buena.
Cinco meses de escuchas
Varios indicios se?alan la gravedad de la trama de supuestas torturas de Torrevieja. Los hechos que se imputan a 12 agentes y dos concejales del PP se descubrieron tras cinco meses de escuchas telef¨®nicas a los mandos del cuerpo, una diligencia habitualmente acordada para delitos m¨¢s complejos.
La juez que dirige la investigaci¨®n encontr¨® pruebas relacionadas con un caso de torturas que instru¨ªa otro juzgado de la ciudad y que fue denunciado por un inmigrante latinoamericano detenido tras entrar supuestamente a robar en la casa del inspector Carlos Ill¨¢n, ahora imputado.
La juez ha solicitado al Ayuntamiento el listado de los tel¨¦fonos m¨®viles de todos los empleados de la corporaci¨®n, seg¨²n informa Efe.
El fin de la intervenci¨®n de los tel¨¦fonos no ha trascendido debido a que la investigaci¨®n se mantiene secreta. Sin embargo, el fiscal jefe en funciones de Alicante, Juan Carlos L¨®pez Coig, ha asumido la acusaci¨®n.
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