?lava ha planteado la mitad de todos los asuntos dirimidos por la Comisi¨®n Arbitral

La Diputaci¨®n alavesa ha promovido la mitad de todos los asuntos que ha tenido que dirimir en sus diez a?os de historia la Comisi¨®n Arbitral, el organismo creado en 1996 por las instituciones vascas para mediar en los conflictos de competencias entre el Gobierno y los tres ejecutivos forales. De los 20 asuntos que ha tratado, diez corresponden a ?lava. Mientras que hasta 2001 la comisi¨®n apenas tuvo que ver cuatro asuntos, desde 2002 su actividad se ha multiplicado por un inusitado incremento de la litigiosidad entre el Gobierno y la Diputaci¨®n alavesa, en manos del PP.

El ¨²ltimo ejemplo de esta conflictividad es la aprobaci¨®n de la ley de Suelo por el Parlamento el pasado mes de junio. Ese ha sido uno de los encontronazos m¨¢s sonados entre el Ejecutivo y ?lava, junto con la disputa que mantuvieron en 2003 por el control del tr¨¢fico en las carreteras, aunque en aquella batalla la Diputaci¨®n alavesa cont¨® con el respaldo de los otros dos ejecutivos forales. La resoluci¨®n final de la Comisi¨®n Arbitral en el caso de la ley de Suelo, rechazando su recurso, ha terminado por desbordar el vaso de la paciencia del Gobierno foral alav¨¦s.

Su diputado de Obras P¨²blicas y Transportes y candidato a diputado general por el PP en las elecciones de 2007, Javier de Andr¨¦s, asegura que el ¨²ltimo fallo de la comisi¨®n ha puesto al descubierto "la trampa" para saltarse a este organismo. La comisi¨®n no entr¨® en el fondo del recurso presentado por ?lava contra el proyecto de ley de Suelo y se limit¨® a no admitirlo a tr¨¢mite porque las impugnaciones a una ley deben plantearse en los 20 d¨ªas siguientes a la publicaci¨®n del proyecto en el Bolet¨ªn Oficial del Parlamento. Y el recurso alav¨¦s lleg¨® varios meses despu¨¦s de esa fecha porque el proyecto original no invad¨ªa las competencias forales, algo que se produjo a medida que se iban incorporando enmiendas en el transcurso del debate parlamentario de la ley.

"Este tipo de triqui?uelas deja la puerta abierta al Gobierno vasco para el desahucio competencial de las diputaciones", advierte con preocupaci¨®n De Andr¨¦s, quien recalca que ?lava aplicar¨¢ el Estatuto de Gernika, que le da las competencias en materia de carreteras, en el caso de que a su vez encuentre obst¨¢culos para ejercer sus prerrogativas por la ley de Suelo.

Dos leyes pendientes

La nueva normativa urban¨ªstica que emana de dicha ley concede a los ayuntamientos de m¨¢s de 7.000 habitantes la potestad para decidir sobre los planes generales de ordenaci¨®n urbana, con lo que localidades como Llodio o Amurrio podr¨ªan cortar o peatonalizar una traves¨ªa de propiedad foral. "No lo vamos a permitir. Se est¨¢n cambiando las condiciones de la autonom¨ªa de cada provincia por la puerta de atr¨¢s", apostilla De Andr¨¦s.

Desde la llegada del PP al Gobierno foral alav¨¦s en 1999 se ha disparado la sucesi¨®n de litigios. Hasta ese momento, el hecho de que el Gobierno y las tres diputaciones estuviesen dirigidos por el mismo partido, el PNV, hab¨ªa atemperado la conflictividad. Una vez rota esa relaci¨®n de fuerzas, el trabajo para la comisi¨®n se ha disparado, sobre todo desde 2002, copando el protagonismo el Ejecutivo aut¨®nomo y el Gobierno foral presidido por el PP. La Diputaci¨®n alavesa incluso ha promovido un recurso ante el Tribunal Superior vasco sobre la legalidad de la normativa que regula la propia la Comisi¨®n Arbitral en lo relativo a que sus decisiones no son recurribles ante ning¨²n ¨®rgano judicial. El Tribunal Constitucional admiti¨® en 2004 la cuesti¨®n que le traslad¨® el Superior y a¨²n est¨¢ pendiente el fallo.

La Comisi¨®n Arbitral es una instituci¨®n m¨¢s importante que conocida, aunque la pol¨¦mica sobre la ley de Suelo le puso los focos encima. Su funcionamiento se rige por una ley aprobada en 1994, con m¨¢s de diez a?os de retraso sobre lo previsto. Su creaci¨®n est¨¢ prevista en el art¨ªculo 39 del Estatuto de Gernika de 1980, aunque el plazo comenz¨® a correr con la aprobaci¨®n de la Ley de Territorios Hist¨®ricos (LTH) en 1983 y ni siquiera su puesta en marcha result¨® sencilla.

No ech¨® a andar hasta el 13 de diciembre de 1996 y se necesitaron otros dos a?os para que las instituciones se pusiesen de acuerdo sobre los representantes que ten¨ªan que designar. Existen dos requisitos para formar parte de este organismo: ser licenciado en Derecho y contar con una experiencia contrastada como jurista. En la actualidad, tiene pendientes de resolver dos proyectos de ley: el de Agricultura y Alimentaci¨®n Ecol¨®gica y el de Bibliotecas, ambos recurridos tambi¨¦n por la Diputaci¨®n alavesa.