Da?o colateral: las libertades

Estados Unidos ha estado a punto de perder su alma liberal y democr¨¢tica en la llamada "guerra contra el terrorismo" por el recorte de libertades propugnado por la Administraci¨®n de Bush pr¨¢cticamente al d¨ªa siguiente del 11-S. El 26 de octubre, el presidente firmaba una ley aprobada casi sin discusi¨®n y con conocimiento limitado por una abrumadora mayor¨ªa del Congreso en ambas c¨¢maras, la llamada Ley Patriota (Patriot Act), que supuso el mayor recorte en las libertades, y los mayores poderes de vigilancia nacional e internacional en la historia de EE UU. No se lleg¨® a tanto durante la guerra civil ni en las dos guerras mundiales (en la Segunda se intern¨® a muchos americanos de origen japon¨¦s). No han sido la prensa ni movimientos populares durante tiempo anestesiados los que han puesto el mayor freno a estos recortes, sino, en primer lugar, el Tribunal Supremo, que se supon¨ªa bushista. En su sentencia de junio pasado sobre el caso del yemen¨ª Salim Hamdan, uno de los conductores de Bin Laden, encarcelado en Guant¨¢namo, el Supremo le recort¨® las alas al Ejecutivo al recordarle que "est¨¢ obligado a cumplir el imperio de la ley en vigor", lo que incluye el derecho internacional suscrito por EE UU.

Muchos pa¨ªses europeos han reforzado su legislaci¨®n antiterrorista, pero ninguno ha llegado a los niveles brit¨¢nicos

Los fiscales americanos han optado por no presentar acusaciones en dos de cada tres casos de "terrorismo internacional"

Esa frase ven¨ªa al final de una larga sentencia que rechazaba las comisiones especiales por las que los militares pretend¨ªan juzgar a los presos en Guant¨¢namo, aunque no cuestionaba la existencia de este centro de internamiento en donde EE UU ha retenido a centenares de los que llam¨® "combatientes ilegales". Pero ha obligado a tratarles como prisioneros de guerra y a aplicarles los derechos de las convenciones de Ginebra.

El famoso memor¨¢ndum

No era ¨¦sa la opini¨®n que prevaleci¨® en la Administraci¨®n tras el 11-S y que ha quedado escrita en el famoso memor¨¢ndum que redact¨® John Yoo, entonces asesor jur¨ªdico del ministro de Justicia, John Ashcroft, que, con su "pensamiento creativo", consider¨® que era perfectamente legal detener a sospechosos de actos de terrorismo, retenerlos sine die y torturarlos o hacerlos desaparecer por la CIA en cualquier parte del mundo con permiso del presidente, pues, como comandante en jefe, ¨¦ste puede usar los "m¨¦todos y medios para confrontar al enemigo" que considere apropiados, desestimando el derecho interno e internacional que proh¨ªbe la tortura y del que es parte Estados Unidos. "Nosotros no torturamos", afirmar¨ªa posteriormente el presidente Bush, que esta semana ha admitido, sin embargo, que la CIA hab¨ªa llevado a cabo en c¨¢rceles secretas interrogatorios con t¨¦cnicas "duras". De hecho, las pocas condenas habidas hasta ahora por los casos de Abu Ghraib y otros se han limitado a los que han actuado directamente, no a la cadena de mando. Tampoco la Administraci¨®n ha variado su rumbo tras descubrirse los vuelos secretos de la CIA o las escuchas ilegales (sin supervisi¨®n judicial) en masa a ciudadanos americanos.

La Administraci¨®n se crey¨® con manos libres, con la autorizaci¨®n "para el uso de la fuerza militar" aprobada expeditivamente por el Congreso en los d¨ªas posteriores al 11-S, y que se ratific¨® y perfeccion¨® con la Ley Patriota. ?sta le dio carta blanca al Ejecutivo y sus agencias, con una capacidad de injerencia general, socavando las garant¨ªas jur¨ªdicas de los ciudadanos, que dio acceso a la Administraci¨®n a los historiales m¨¦dicos, las declaraciones de impuestos, las transacciones financieras, o el seguimiento de ciudadanos sin advertirles. En 2006, cuando se renov¨® la Patriot Act, el Congreso limit¨® algo m¨¢s los poderes del Ejecutivo y rehus¨® aprobar medidas sin poner un l¨ªmite temporal a su vigencia.

Las detenciones fueron masivas, sobre todo al principio. Pero el Gobierno federal se ha encontrado con crecientes dificultades a la hora de procesar a sospechosos de terrorismo. Hubo 355 personas procesadas en 2002, pero s¨®lo 46 en 2005, y 19 en lo que va de este a?o. Las condenas medias han pasado de 41 meses antes de aquella fecha a 28 d¨ªas en los dos a?os posteriores. S¨®lo 14 de ellos han sido condenados a m¨¢s de 20 a?os de reclusi¨®n. Seg¨²n TRAC, una organizaci¨®n dedicada a utilizar la Ley de Secretos Oficiales para hacer p¨²blica informaci¨®n oficial sobre el FBI y otras agencias, los fiscales americanos han optado por no presentar acusaciones en dos de cada tres casos (748 de 1.391) de "terrorismo internacional" que les remitieron.

No fue s¨®lo Estados Unidos el que perdi¨® la cabeza tras el 11-S y se excedi¨® en las medidas para perseguir al terrorismo internacional. En esta senda le sigui¨® de cerca el Reino Unido de su fiel Tony Blair, mucho antes del ataque del 7 de julio de 2005 en Londres, y que ya ten¨ªa duras medidas antiterroristas desde los setenta para combatir al IRA. Introdujo la detenci¨®n indefinida sin acusaci¨®n de extranjeros (posteriormente reemplazada por un estricto r¨¦gimen de control). O la extensi¨®n de 14 a 28 d¨ªas de la detenci¨®n sin cargos de brit¨¢nicos, adem¨¢s de nuevas limitaciones en la libertad de expresi¨®n. Muchos otros pa¨ªses europeos han reforzado su legislaci¨®n antiterrorista, pero ninguno ha llegado a los niveles brit¨¢nicos.

En nombre de la lucha o guerra contra el terrorismo, EE UU, pero tambi¨¦n varios pa¨ªses europeos y muchos otros en el mundo, han socavado los derechos humanos y las libertades, y ya no hay bloque comunista con el que compararse. La brecha entre la cultura occidental y su comportamiento se ha agrandado. Como en contraposici¨®n a la doctrina del mal menor de Michael Ignatieff, el fil¨®sofo esloveno Slavoj Zizek, refiri¨¦ndose al problema m¨¢s amplio del fundamentalismo, considera: "Si los combatimos como algunos est¨¢n haciendo, incluso con una victoria militar, el enemigo habr¨ªa en cierto modo ganado porque perdemos lo que estamos defendiendo".

La cuesti¨®n, que plantea Ron Suskind en su magn¨ªfico libro The one percent doctrine (La doctrina del uno por ciento), que se refiere a la probabilidad suficiente de un evento, seg¨²n el vicepresidente Cheney, para tener que actuar, es "si una naci¨®n puede librar una guerra en secreto y a la vez preservar los valores de una democracia". Su respuesta es que el choque de "derechos e intereses crea una tensi¨®n aguda, subterr¨¢nea, profunda bajo el sistema de gobierno y sus tradiciones de consentimiento informado".