Insumisos del tabaco

En los seis primeros meses de aplicaci¨®n de la ley antitabaco, el consumo de cigarrillos cay¨® en Espa?a un 3,5%. No ha hecho falta esperar mucho para observar los primeros beneficios de una norma que ha de poner freno a un h¨¢bito que cada a?o cuesta la vida a m¨¢s de 50.000 espa?oles. Pero si nadie se atreve ya a discutir la justificaci¨®n sanitaria de la ley, su aplicaci¨®n ha topado este mes de septiembre con un inesperado obst¨¢culo. Despu¨¦s de que entrara en vigor sin conflicto en el ¨¢mbito laboral, la norma ha chocado ahora con la resistencia del sector de la hosteler¨ªa y la restauraci¨®n, que ha encontrado en algunos Gobiernos aut¨®nomos del PP un camale¨®nico aliado de conveniencia. Pues si bien por un lado predican la bondad de la lucha contra el tabaco, por otro se muestran dispuestos a rebajar las exigencias de la ley para contentar a este sector de la hosteler¨ªa.

La inmensa mayor¨ªa de los restaurantes de m¨¢s de 100 metros no han realizado las obras que la ley exige para separar f¨ªsicamente las zonas destinadas a los fumadores. Los gremios han alegado que no han tenido tiempo suficiente, pero lo cierto es que en los ocho meses que ten¨ªan de plazo muchos ni siquiera han iniciado los tr¨¢mites para las obras. Ahora se han visto abocados a declarar libres de humo sus locales, o arriesgarse a una sanci¨®n que puede llegar a los 10.000 euros.

Pero lo m¨¢s preocupante es la actitud de desaf¨ªo adoptada por algunas administraciones aut¨®nomas. Los restauradores han ejercido su capacidad de presi¨®n por una mera cuesti¨®n econ¨®mica como es ahorrarse el importe de las obras. Pero los Gobiernos aut¨®nomos que han adoptado una velada, cuando no abierta, actitud de insumisi¨®n institucional deber¨¢n explicar muy bien a los ciudadanos por qu¨¦ anteponen los intereses econ¨®micos de unos pocos a la salud de la mayor¨ªa y qu¨¦ poderosa raz¨®n les ampara para modificar una ley que fue aprobada en su d¨ªa por mayor¨ªa absoluta del Parlamento.

El decreto de la Comunidad Valenciana que rebaja las exigencias de la ley -ya recurrido por el Gobierno central-, los anunciados por las de Madrid o Castilla y Le¨®n, todas ellas gobernadas por el PP, y la interesada confusi¨®n que se ha creado en otras, han dado alas a los establecimientos que se resisten a aplicarla. Pero la firmeza con la que necesariamente tiene que responder el Gobierno central a semejante desaf¨ªo les har¨¢ ver, a la postre, que hay cosas con las que no se puede jugar. Las leyes est¨¢n para ser cumplidas y las primeras obligadas a ello son las administraciones p¨²blicas. Es imprescindible que todas las administraciones asuman un compromiso de lealtad institucional, pues lo ocurrido estos d¨ªas lo ¨²nico que consigue es mermar la confianza de los ciudadanos y extender la idea de que el poder pol¨ªtico, cuanto m¨¢s fragmentado, m¨¢s vulnerable es a las presiones.