El Poder Judicial percibe s¨®lo falta leve en el error de Del Olmo

La Comisi¨®n Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial consider¨® ayer por tres votos contra dos que el error del juez Juan del Olmo que origin¨® la posterior puesta en libertad de Saed el Harrak, uno de los imputados en los atentados del 11-M, constituye una posible falta leve que debe ser corregida por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. Los dos vocales elegidos por el PP pidieron que el juez fuera castigado por falta muy grave.

La pol¨ªtica apareci¨® de nuevo en la resoluci¨®n de la Comisi¨®n Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Los vocales progresistas de la comisi¨®n ?ngeles Garc¨ªa y Monserrat Comas, junto con el independiente Agust¨ªn Azparren consideraron que los hechos -un error de fechas del juez Juan del Olmo en el auto de procesamiento que gener¨® posteriormente la puesta en libertad de Saed El Harrak- no constitu¨ªa una desatenci¨®n o dejadez del juez, sino un error puntual.

Sin embargo, los vocales elegidos a propuesta del PP Carlos R¨ªos y Enrique M¨ªguez, se aferraron a los argumentos del informe de la inspecci¨®n del Consejo y pidieron que Del Olmo fuera castigado con falta muy grave, que hubiera supuesto, muy probablemente, su salida de la Audiencia Nacional o incluso de la carrera judicial. M¨ªguez, que en una reuni¨®n anterior hab¨ªa afirmado que los hechos no merec¨ªan reproche disciplinario, sino el archivo del expediente, cambi¨® el sentido de su voto y reclam¨® la sanci¨®n m¨¢s grave.

Los hechos son sencillos. En una vor¨¢gine de casi 1.500 folios de auto de procesamiento el juez Del Olmo decidi¨® mantener en prisi¨®n a 29 de los imputados y los proces¨® por diversos delitos. El juez celebr¨® varias vistillas para prorrogar la prisi¨®n preventiva hasta cuatro a?os para varios de ellos a los que les venc¨ªa el plazo ordinario de dos a?os.

Pero en el caso de Saed el Harrak, el juez hab¨ªa programado esa vistilla para el 16 de mayo de este a?o, cuando el plazo cumpl¨ªa el d¨ªa 6. Al mismo tiempo, el magistrado tuvo que tomarse una baja para operarse de una dolencia en la vista.

Transcurrido el plazo, su sustituta, Teresa Palacios, tuvo que poner a Harrak en libertad.

Efectivamente, la puesta en libertad del islamista fue producto de un error. El juez quer¨ªa mantenerlo en prisi¨®n y as¨ª lo anticipa en el auto de procesamiento. Pero si hubiera decidido ponerlo en libertad no hubiera pasado nada. Porque Saed el Harrak es un procesado menor. No s¨®lo no fue uno de los autores materiales de los atentados, sino que ni siquiera es notoriamente importante. El juez le acusa de colaboraci¨®n con banda terrorista islamista, pero ni siquiera de pertenencia a la banda terrorista.

Castigar al juez

Del Olmo pod¨ªa haberle dejado en libertad provisional y muy probablemente nadie hubiera recurrido la decisi¨®n. Pero Del Olmo quer¨ªa que siguiera en prisi¨®n y por tanto es un error.

Y a partir de ah¨ª, la pol¨ªtica. El Partido Popular y su coro medi¨¢tico quieren castigar a Del Olmo porque no ha respaldado sus tesis conspirativas de que ETA est¨¢ involucrada en los atentados del 11-M, a pesar de que no haya un solo indicio que la respalde.

Los socialistas, por el contrario, quieren que el juez acabe de una buena vez las diligencias pendientes y que eleve el sumario a la Sala de lo Penal, para que la causa pueda juzgarse dentro del plazo legal que permita que en caso de que los acusados sean condenados, no haya que poner a alguno de ellos en libertad por haber transcurrido los cuatro a?os de prisi¨®n preventiva como ocurri¨® con el caso de la c¨¦lula espa?ola de Al Qaeda.

Lo curioso del caso es que los vocales conservadores, de acuerdo con el informe de la Inspecci¨®n del Consejo, pretendiera castigar a Del Olmo con falta muy grave de desatenci¨®n al sumario, es decir de permanente abandono o dejadez, lo que parece evidente que no es m¨¢s que un error puntual, con la posibilidad real de que el magistrado tuviera que abandonar la Audiencia Nacional o quiz¨¢ la carrera judicial. Y eso que M¨ªguez, que era el ponente del caso, hab¨ªa propuesto el archivo del asunto en un primer momento. Parece que los contundentes argumentos del informe de la Inspecci¨®n le han convencido, porque no ha explicado su cambio de postura.

En todo caso, ahora ser¨¢ la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional la que deber¨¢ decidir si los hechos le merecen la consideraci¨®n de falta leve o si por el contrario, archiva las actuaciones.