Los abogados de oficio del 11-M pedir¨¢n que el juicio se aplace

Los abogados de oficio de 21 de los 29 procesados por los atentados del 11-M anunciaron ayer que pedir¨¢n un aplazamiento del juicio hasta dentro de dos a?os, en el caso de que no les proporcionen int¨¦rpretes de ¨¢rabe para comunicarse con sus clientes y minutas adecuadas a su labor, que cifran en 60.000 euros para cada uno. El portavoz, Eduardo Garc¨ªa Pe?a, lleg¨® a comparar la situaci¨®n de sus clientes con los presos de Guant¨¢namo.

Los letrados de oficio en el caso del 11-M ya se hab¨ªan quejado hace varios meses de lo exiguo de sus minutas y de falta de medios para desarrollar su labor. En un primer momento solicitaron al secretario de Estado de Justicia, Luis L¨®pez Guerra, copias digitalizadas del sumario, int¨¦rpretes de ¨¢rabe para comunicarse con sus clientes y mucho m¨¢s dinero que el que les corresponder¨ªa por aplicaci¨®n de los baremos del turno de oficio.

A finales de julio, el Ministerio de Justicia, el presidente del Consejo de la Abogac¨ªa y el Colegio de Abogados de Madrid llegaron a un acuerdo de retribuci¨®n econ¨®mica que supon¨ªa triplicar el importe del baremo ordinario del turno de oficio, con un m¨¢ximo de 20.000 euros, as¨ª como la contrataci¨®n de int¨¦rpretes, ya que la copia digitalizada del sumario ya les hab¨ªa sido entregada, tras la conclusi¨®n del mismo.

Sin embargo, los letrados convocaron ayer a la prensa para asegurar que no se sienten vinculados por el acuerdo entre el ministerio y los representantes del Colegio de Abogados por considerarlo "tramposo, insuficiente e injusto". Agregan que todav¨ªa no disponen de int¨¦rpretes y que siguen sin poder comunicarse con aquellos de sus clientes que no hablan castellano.

Respecto a las retribuciones, precisan que el ministerio ha anunciado que triplica el actual baremo con un tope m¨¢ximo de 20.000 euros. "Una ridiculez multiplicada por tres sigue siendo una ridiculez", afirman y puntualizan que si dedican a sus clientes el tiempo que el volumen y la complejidad del proceso exigen les va a suponer la ruina econ¨®mica.

Para ilustrar el caso, compararon su situaci¨®n con la de un m¨¦dico que tiene que realizar una operaci¨®n a coraz¨®n abierto y s¨®lo dispone de una cuchara.

Los abogados han anunciado que pedir¨¢n a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un aplazamiento del juicio de al menos dos a?os para poder prepararlo adecuadamente. Ello supondr¨ªa que todos los acusados tendr¨ªan que ser puestos en libertad por haber transcurrido los cuatro a?os, periodo m¨¢ximo de prisi¨®n preventiva previsto en Espa?a.

Los letrados, sin embargo, se?alaron que si dispusieran de los 60.000 euros y los medios que solicitan podr¨ªan empezar el juicio en marzo o abril del a?o que viene, fechas que ven¨ªa barajando la Audiencia Nacional para el inicio del macrojuicio del 11-M.

El secretario de Estado de Justicia, Luis L¨®pez Guerra, critic¨® ayer a los citados letrados de oficio por considerar que la defensa gratuita es un servicio p¨²blico que los abogados prestan de forma voluntaria. Aunque est¨¢ financiado por el Estado, no est¨¢ sometido a criterios de mercado y es gestionado por los colegios de abogados.

"Los letrados no son empleados del Ministerio de Justicia, sino personas que ejercen la defensa de forma independiente", dijo L¨®pez Guerra, quien precis¨®, "por eso, con quien hemos negociado es con el Colegio de Abogados de Madrid y el Consejo de la Abogac¨ªa. No es una negociaci¨®n sindical".

El secretario de Estado afirm¨® que el derecho de defensa est¨¢ garantizado y que se han contratado 18 int¨¦rpretes de ¨¢rabe en distintas variedades, a pesar de la complicaci¨®n que supon¨ªa puesto que deb¨ªan tener nociones jur¨ªdicas y superar el requisito de seguridad.

Los letrados han se?alado que no se sienten amparados por el Colegio de Abogados, porque tras se?alar que el m¨ªnimo razonable de minuta eran 60.000 euros ahora ha aceptado un acuerdo que fija una cantidad como m¨¢ximo tres veces menor. El decano, Luis Mart¨ª, declar¨® ayer que el Colegio de Abogados tiene la responsabilidad institucional de dirigir el servicio del turno de oficio sobre las bases de la voluntariedad y la disponibilidad y "hemos hecho un esfuerzo para que el Ministerio reconozca la excepcionalidad de la situaci¨®n". "Ahora, todo el mundo tiene que cumplir con su deber", concluy¨®.