El Gobierno abre la puerta a que la sanidad p¨²blica costee el cambio de sexo

Cuatro a?os despu¨¦s de que se completaran las transferencias sanitarias, el Ministerio de Sanidad ha cerrado la lista de los servicios que deben ofrecer todas las comunidades aut¨®nomas. El cat¨¢logo es el de 1995 con el a?adido de algunas prestaciones que ya se ofrecen en todas las autonom¨ªas, como el PET (diagn¨®stico por imagen). Adem¨¢s, en la nueva redacci¨®n se eliminan las restricciones a que la sanidad p¨²blica pague la reasignaci¨®n de sexo de los transexuales. Hasta ayer se exclu¨ªan estas operaciones expresamente, salvo en casos de "intersexualidad patol¨®gica".

La modificaci¨®n en lo que se refiere al cambio de sexo no quiere decir que, de momento, se vaya a incluir el proceso en la lista de prestaciones comunes, explic¨® la ministra de Sanidad, Elena Salgado. Simplemente se prepara la lista por si, tras la aprobaci¨®n de la ley de Identidad de G¨¦nero, que regular¨¢ el cambio de papeles de los transexuales, el Gobierno decide que hay que financiar con dinero p¨²blico el costoso proceso (entre 18.000 y 30.000 euros dependiendo si el paso es de hombre a mujer o a la inversa). La norma que permitir¨¢ que los transexuales modifiquen su nombre y sexo en el Registro Civil est¨¢ previsto que se apruebe en este periodo de sesiones.

La cartera de servicios ha sido acordada con las comunidades aut¨®nomas, dijo Salgado, y es una de "las m¨¢s completas del mundo". Excluye innovaciones, como la p¨ªldora del d¨ªa siguiente. Pr¨¢cticamente no a?ade prestaciones nuevas. Lo que se hace es, por primera vez desde 1995, enumerarlas y aclararlas, con algunas incorporaciones y un nuevo criterio.

Entre las novedades hay una especial atenci¨®n a la Salud P¨²blica. Hace 11 a?os, este campo no ten¨ªa la importancia que se le presta ahora, indic¨® Salgado. Tambi¨¦n hay procedimientos habituales, como la anestesia epidural en los partos o el tratamiento de la obesidad m¨®rbida. Entre las aclaraciones est¨¢n las patolog¨ªas para las que se utilizan productos diet¨¦ticos, las condiciones del transporte sanitario y se hace un mayor ¨¦nfasis en atenci¨®n a la mujer y a los menores, cuidados paliativos o enfermos cr¨®nicos.

Pero que una prestaci¨®n no est¨¢ en la lista no quiere decir que un Gobierno auton¨®mico no pueda facilitarla. Cada consejer¨ªa de Sanidad decide si sufraga lo que cree conveniente (nunca menos que lo de la lista), pero debe encontrar los fondos necesarios sin acudir al Gobierno central.

Por eso, al cerrar la lista no s¨®lo se "mejora la cohesi¨®n y vertebraci¨®n del Sistema Nacional de Salud", como dice Sanidad. Lo que se est¨¢ concretando es el m¨ªnimo que tienen que recibir los ciudadanos y, sobre todo, el m¨¢ximo que el Gobierno central financia con los fondos que transfiere a las comunidades aut¨®nomas para Sanidad. Llegar a este m¨ªnimo com¨²n era un paso indispensable antes de empezar a negociar nuevas prestaciones. El mecanismo para incorporar servicios tambi¨¦n se fija en el real decreto. Para ello, las comunidades aportar¨¢n sus experiencias con cada nueva prestaci¨®n al Consejo Interterritorial, que estudiar¨¢ si debe extenderse. Una vez fijado su coste, la propuesta se llevar¨¢ al Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, que se encargar¨¢ de aumentar las partidas que se transfieren. Tambi¨¦n cabe la posibilidad de que la nueva t¨¦cnica suponga un ahorro, en cuyo caso se podr¨ªan reducir las transferencias.