El Gobierno decide cerrar Garo?a y descarta ampliar la vida de otras centrales nucleares

La central nuclear de Garo?a, en marcha desde 1970, no funcionar¨¢ mucho tiempo. El Gobierno ha decidido cerrarla e Industria no renovar¨¢ el permiso de funcionamiento que ha solicitado la planta para seguir despu¨¦s de 2009 y no ampliar¨¢ m¨¢s all¨¢ de 40 a?os la vida ¨²til de las centrales, seg¨²n fuentes del Ejecutivo. Con esta medida, el Gobierno y el PSOE pretenden demostrar que su apuesta antinuclear va en serio, que Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero cumple lo que promete y aplacar a los ecologistas y socios parlamentarios para facilitar la construcci¨®n del almac¨¦n de residuos nucleares, considerado la prioridad m¨¢xima.

La postura del Gobierno en el tema nuclear nunca ha estado muy clara. Mientras la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, arremete abiertamente contra esta energ¨ªa, el departamento de Industria dirigido por Jos¨¦ Montilla la defend¨ªa y ahora no se sabe qu¨¦ dir¨¢ Joan Clos. El "doble lenguaje" -como lo define un alto cargo socialista- lo rompi¨® el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, cuando anunci¨® en el Debate del Estado de la Naci¨®n de 2005 un calendario de cierre nuclear. Industria afirm¨® un a?o despu¨¦s que lo sensato ser¨ªa dejarlo para la pr¨®xima legislatura. Zapatero insisti¨® en que en esta legislatura habr¨¢ un "plan de cierre".

Garo?a produjo en 2005 el 1,25% de la electricidad consumida en Espa?a

El ejecutivo quiere compensar a las el¨¦ctricas con el almac¨¦n de residuos

Fuentes del Gobierno conocedoras del proceso explican que el primer paso ser¨¢ cerrar Garo?a, una potestad de Industria, aunque el Consejo de Seguridad Nuclear tendr¨¢ que informar previamente. La decisi¨®n se acelerar¨¢ por la necesidad de construir un almac¨¦n de residuos radiactivos. Espa?a no cuenta con ning¨²n cementerio nuclear -cada central guarda sus desechos at¨®micos- y lo necesita con urgencia: en 2011 tienen que volver los residuos enviados a Francia tras el accidente de Vandell¨°s I en 1989. A partir de ese momento el contrato firmado entre Espa?a y Francia fija una penalizaci¨®n de 57.000 euros diarios. Adem¨¢s, el almac¨¦n de la central de Cofrentes (Valencia) se satura en 2009 y el desmantelamiento de Zorita obliga a buscar una soluci¨®n. Hay prisa.

El Gobierno, con una oferta de 700 millones de euros en inversiones, ha pedido ayuntamientos candidatos para albergar el almac¨¦n. Pero los primeros amagos -como el fracasado en Peque, Zamora- han demostrado que los ecologistas pueden movilizar mucha gente contra la instalaci¨®n. Por eso los alcaldes dispuestos a autorizar el almac¨¦n en su municipio todav¨ªa no lo piden p¨²blicamente. Los ecologistas argumentan que construirlo es dar una salida a la energ¨ªa nuclear y s¨®lo lo aceptar¨¢n si hay un plan de cierre de las centrales. Por eso, antes de la campa?a de las municipales de 2007, el Gobierno anunciar¨¢ -"con toda seguridad", seg¨²n fuentes consultadas- el cierre de Garo?a como primer paso. El objetivo de esta medida es desmentir as¨ª que el almac¨¦n nuclear sea la coartada para mantener las centrales. Sin embargo, un portavoz oficial de Industria afirma que "no hay fecha ni previsi¨®n de cierre de centrales".

Garo?a es propiedad de Endesa e Iberdrola al 50% y ya ha presentado la solicitud al Consejo de Seguridad Nuclear para funcionar despu¨¦s de 2009. Su cierre, se unir¨¢ al de Zorita (Guadalajara), clausurada este a?o, tras una decisi¨®n del PP en 2002.

La falta de las dos centrales no supondr¨¢ un gran problema para el sistema el¨¦ctrico. Aunque la energ¨ªa nuclear supone un 23% de la electricidad, Garo?a y Zorita son peque?as comparadas con el resto. Fueron las primeras plantas en abrir y su tecnolog¨ªa es obsoleta. Entre las dos suman 616 megavatios de potencia (150, Zorita y 466 Garo?a), poco m¨¢s de la mitad que los dm¨¢s reactores y producen lo mismo que una central de gas. Garo?a produjo en 2005 el 1,25% de la electricidad consumida en Espa?a.

Izquierda Verde y Los Verdes, socios del PSOE, han pedido al Gobierno el cierre de una nuclear para mantener su apoyo. El Gobierno ha hecho llegar a los ecologistas su intenci¨®n de cerrar la planta si aceptan el almac¨¦n. Ecologistas en Acci¨®n y Greenpeace han respondido que "no, si no hay una fecha fija para prescindir de la energ¨ªa nuclear", pero el Gobierno conf¨ªa en que el cierre de Garo?a disminuir¨¢ las protestas.

Un alto cargo socialista se?ala que "no se entender¨ªa que no hubiera pronto una decisi¨®n como ¨¦sta" con el convencimiento de que el almac¨¦n de residuos saldr¨¢ en la campa?a de las municipales y auton¨®micas y "hay que demostrar que la energ¨ªa nuclear no es soluci¨®n".

Las fuentes consultadas no esperan demasiada oposici¨®n de las el¨¦ctricas. Cuentan con convencerlas de que ellas son las primeras interesadas en solucionar el problema de los residuos. "Garo?a est¨¢ amortizada y con un almac¨¦n ellos se quitan las barras de combustible gastado de sus centrales, que son un problema y as¨ª reducen costes", explican las citadas fuentes.

En enero de 2005, el Gobierno cambi¨® la ley y oblig¨® a las el¨¦ctricas a pagar el coste de los residuos radiactivos. Hasta entonces, el presupuesto de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) sal¨ªa de un porcentaje de los recibos de la luz de cada consumidor. Tener un ¨²nico dep¨®sito es cuatro veces m¨¢s barato y m¨¢s seguro que construir siete peque?os almacenes en cada central. El combustible gastado emite radiaci¨®n durante decenas de miles de a?os y almacenarlos costar¨¢ 13.018 millones entre 1985 y 2070. No se sabe cu¨¢nto a partir de entonces.

Con el cierre de Garo?a y la construcci¨®n del almac¨¦n, el Gobierno cumplir¨ªa el grueso de su paquete nuclear. Adem¨¢s, pretende no permitir que las centrales prolonguen su vida m¨¢s all¨¢ de los 40 a?os para los que fueron dise?adas inicialmente. Eso supone cierres escalonados entre 2020 y 2027. En realidad, las fuentes consultadas mantienen que una declaraci¨®n de ese tipo es m¨¢s pol¨ªtica que pr¨¢ctica. No se puede prescindir hoy de la energ¨ªa nuclear y, sin acuerdo de la oposici¨®n, lo que diga un Gobierno sobre lo que har¨¢ otro dentro de 13 a?os es una cuesti¨®n simb¨®lica.

La tercera pata de la agenda es acelerar la reforma de la ley que regula el CSN, una propuesta de Izquierda Verde y auspiciada por Greenpeace. El PSOE, tras dilatarla durante m¨¢s de un a?o en el Congreso, la tramitar¨¢ este a?o. La reforma har¨¢ p¨²blicos todos los documentos del CSN y dar¨¢ voz a las comunidades.