La falta de medios del Juzgado de Menores de Jerez impide la ejecuci¨®n de sentencias

El magistrado y los fiscales el Juzgado de Menores n¨²mero 3 de C¨¢diz con sede en Jerez denunciaron ayer que la falta de medios y de personal que padecen est¨¢ haciendo "in¨²til" la Ley del Menor. Afirman que desde la creaci¨®n de la nueva sede judicial, en diciembre de 2005, un alto porcentaje de sentencias "no se est¨¢n cumpliendo por falta de recursos". "La Ley de Responsabilidad Penal del Menor es muy buena en t¨¦rminos generales, pero tiene un problema en su aplicaci¨®n: la carencia de medios", se?al¨® Jos¨¦ Miguel Mart¨ªnez, titular del juzgado.

El 70% de las resoluciones que dictan la denominada libertad vigilada para un joven o adolescente que ha delinquido no se han ejecutado "por falta de educadores". Seg¨²n exponen los dos fiscales del juzgado y el magistrado, "actualmente s¨®lo un educador se encarga en Jerez de seguir los pasos de 31 ni?os en su entorno escolar, familiar y social y, hoy por hoy, no puede absorber m¨¢s trabajo".

Esta falta de profesionales hace que "de las 40 libertades vigiladas decretadas, s¨®lo se hayan iniciado trece". Asimismo, Mart¨ªnez se?ala que la precaria situaci¨®n "conlleva el riesgo de que prescriban las medidas dictadas sin haberse cumplido". "Incluso ya se han dado casos de menores que vuelven a delinquir sin haberse ejecutado la sentencia impuesta por un delito anterior", a?ade. Adem¨¢s, el fiscal Juan Pedro Carrasco advierte otro problema: "Hay menor respeto a las resoluciones judiciales porque los chavales saben que no se van a cumplir".

La estad¨ªstica es a¨²n peor en relaci¨®n a la prestaci¨®n en servicio a la comunidad, una medida muy empleada por los magistrados para tratar de encauzar a los menores detenidos. En este caso, el 100% de las sentencias no se han aplicado en la sede judicial de Jerez. "A¨²n est¨¢n pendientes de cumplimiento las 31 prestaciones establecidas", denuncia el magistrado Mart¨ªnez, quien adem¨¢s explica que en la mayor¨ªa de los casos el problema radica en "la falta de un convenio entre La Junta, los Ayuntamientos y las ONG que determine qu¨¦ trabajos pueden desempe?ar los menores".

Por el contrario, ni la fiscal¨ªa ni el magistrado detectan anomal¨ªas en las ¨®rdenes que determinan el internamiento de los arrestados en centros.

No acaban aqu¨ª los problemas para este nuevo juzgado, que, tras nueve meses en funcionamiento, "no cuenta con el imprescindible equipo t¨¦cnico, integrado por un psic¨®logo, un trabajador social y un educador, que eval¨²e las circunstancias familiares y escolares del menor y que asesore al fiscal en las medidas a adoptar en cada caso". "Seguimos dependiendo de un equipo provisional que viene tres veces por semana desde un juzgado de C¨¢diz", comenta el magistrado. Pocas esperanzas alberga el fiscal Carrasco, quien subraya que "no hay perspectiva de que se cree este equipo propio".