Corrupci¨®n municipal

La presunci¨®n de que el ejercicio de la pol¨ªtica se sustenta sobre la honradez de los cargos p¨²blicos y su credibilidad ante los ciudadanos sufre una dura erosi¨®n en Espa?a, donde puede comprobarse con frecuencia que el descubrimiento de cohechos, malversaciones, favoritismos, percepci¨®n de comisiones en las obras p¨²blicas y dem¨¢s delitos de corrupci¨®n administrativa ni arredra a los partidos ni les incita a aplicar escarmientos o medidas disciplinarias a los militantes sorprendidos en tales pr¨¢cticas.

Las listas de candidatos para las elecciones municipales de 2007 presentadas por los principales partidos espa?oles incluyen casi una docena de altos cargos -seis del PP, cuatro del PSOE y uno del Andalucista- implicados en casos de corrupci¨®n que investiga la justicia. Los pretextos que de forma mayoritaria esgrimen los partidos para explicar esta tolerancia son la presunci¨®n de inocencia y que "hay que esperar a la condena firme de los jueces"; con semejante excusa y habida cuenta de la complejidad y duraci¨®n de los procesos judiciales, los cargos imputados por corrupci¨®n suelen mantenerse en sus sillones durante a?os.

La doctrina que relaciona las destituciones o dimisiones con la sentencia firme del juez quiz¨¢ tiene raz¨®n de ser en alg¨²n caso muy concreto, bien porque el delito no est¨¦ claro, bien porque el imputado no pueda defenderse o pida tiempo para ello. Pero su aplicaci¨®n autom¨¢tica a la gran mayor¨ªa de los pol¨ªticos implicados en casos de supuesta corrupci¨®n revela lisa y llanamente que los partidos no est¨¢n dispuestos a exigir responsabilidades a sus militantes pillados con las manos en la caja. Puede ser por c¨¢lculo pol¨ªtico -no reconocer los fraudes ni promover dimisiones cuando los partidos competidores no lo hacen- o por temor a los esc¨¢ndalos derivados de las filtraciones de informaci¨®n. Pero el hecho es que los partidos no aplican sus propios c¨®digos ¨¦ticos y dilapidan la cada vez m¨¢s escasa confianza que los ciudadanos depositan en la gesti¨®n p¨²blica en las administraciones locales y auton¨®micas. Lo correcto es que los altos cargos sorprendidos en un esc¨¢ndalo presenten su dimisi¨®n o se les obligue a ello, de forma que todos los partidos aprendan la lecci¨®n y entiendan que viven de la confianza de los votantes en su pericia y honradez.

Los casos de Marbella, ejemplo de un Ayuntamiento convertido en m¨¢quina de delinquir, o de Orihuela, Alicante y Telde (Gran Canaria) demuestran que la corrupci¨®n municipal, exacerbada por el boom inmobiliario, la falta de controles independientes internos del gasto y el desmesurado coste de los partidos pol¨ªticos, pueden ser un grave peligro para la democracia. Los ciudadanos empiezan a identificar gesti¨®n municipal con corrupci¨®n y se desentienden de los gobiernos locales. As¨ª surgi¨® el GIL en Marbella. La desidia actual puede conducir todav¨ªa a peores pesadillas.