La espiral del fraude

La dimisi¨®n del director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, vuelve a llamar la atenci¨®n con inusitada fuerza sobre los esc¨¢ndalos urban¨ªsticos y, lo que es m¨¢s importante, sobre la incapacidad de las administraciones p¨²blicas para controlar las sombras de corrupci¨®n que infectan los ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas. Los hechos que han provocado la dimisi¨®n de Porto est¨¢n claros: el director de Urbanismo y sus socios vendieron terrenos en Villanueva de la Ca?ada con plusval¨ªas de m¨¢s de cuatro millones de euros, que fueron recalificados en 1999 por un plan que elabor¨® el propio Porto y cuyas deficiencias, se?aladas por el anterior Gobierno regional, fueron subsanadas por ¨¦l mismo, ya como director general de Urbanismo. Con la presunci¨®n de inocencia debida, es evidente que Porto no ten¨ªa otro camino por delante que la dimisi¨®n. No est¨¢ tan claro si su caso, que parece moneda corriente en otras comunidades aut¨®nomas y en muchos ayuntamientos -v¨¦ase el caso de Marbella, de innumerables consistorios en la costa mediterr¨¢nea o el m¨¢s reciente de Catral, en Alicante, donde el alcalde socialista permiti¨® la construcci¨®n sin licencia de 1.200 viviendas-, servir¨¢ para que se corrijan las causas de la contaminaci¨®n de las instituciones p¨²blicas por la especulaci¨®n constructora e inmobiliaria. Lo m¨¢s probable es que no.

Algunas causas de la cat¨¢strofe urban¨ªstica que se abate sobre Espa?a est¨¢n diagnosticadas con precisi¨®n. Por una parte, se da la circunstancia de que los ayuntamientos, endeudados y sin el debido flujo de ingresos fiscales propios, tienen en el suelo su principal y tentadoramente abundante fuente de financiaci¨®n. Por otra, la figura de los interventores de la Administraci¨®n local, que deber¨ªa ser decisiva para coartar la tentaci¨®n del enriquecimiento individual, se ha depreciado durante los ¨²ltimos a?os debido sobre todo a una dependencia org¨¢nica -cuelgan pol¨ªtica y econ¨®micamente de los organigramas de los ayuntamientos- que limita radicalmente su capacidad de actuaci¨®n y de denuncia p¨²blica. En el caso del ya ex director de Urbanismo de Madrid se une la desdichada circunstancia de que haya sido el funcionario de una comunidad aut¨®noma, llamado a vigilar y corregir las irregularidades de los ayuntamientos, quien se destapa como coordinador general de una trama dedicada a recalificar terrenos en beneficio propio. Si a eso se dedica el vigilante, ?qu¨¦ no se permitir¨¢n los vigilados? Y, sobre todo, ?a qu¨¦ se dedicaba el Gobierno de Esperanza Aguirre, tan interesada en tantas pol¨¦micas ajenas a la Comunidad de Madrid, mientras su jefe de Urbanismo ordenaba el territorio de la manera m¨¢s conveniente para su bolsillo?

Deber¨ªa ser relativamente f¨¢cil adoptar las medidas legales oportunas para atajar las causas de la corrupci¨®n. Pero no parece que los beneficiados por esta colosal m¨¢quina de recalificaciones, plusval¨ªas, comisiones y riqueza personal est¨¦n interesados en ordenar unas reglas de juego que desincentiven la gigantesca espiral de fraude. Es notorio, adem¨¢s, el cinismo que rodea estos asuntos. La presidenta madrile?a respondi¨® a las preguntas de los periodistas sobre el caso con un exculpatorio "preg¨²ntenle a Porto". Una evasiva que revela sus deseos de que no le salpique el esc¨¢ndalo, y quiz¨¢ su disgusto personal; pero tambi¨¦n una deplorable maniobra de distracci¨®n, porque Porto era un cargo de responsabilidad pol¨ªtica con un perfil bien definido.