El Gobierno se inhibe

Los ministerios de Justicia y Sanidad no quisieron hacer declaraciones ayer sobre el caso de Inmaculada Echevarr¨ªa. Sus portavoces descartaron que en esta legislatura el Gobierno vaya a cumplir la promesa electoral de crear una Comisi¨®n en el Congreso de los Diputados para debatir una posible regulaci¨®n de la eutanasia o, en su defecto, el suicidio asistido (lo que ocurri¨® en el caso del parapl¨¦jico Ram¨®n Sampedro). Tampoco quisieron manifestarse sobre la legalidad de retirarle el respirador. Ante la posibilidad de que esta pr¨¢ctica estuviera amparada por la Ley de Autonom¨ªa del paciente del 2002, que permite que un enfermo renuncie a un tratamiento, un portavoz de Sanidad indic¨® que "los que deben interpretar las leyes son los jueces".

El debate sobre la eutanasia s¨ª ha sido promovido por una instituci¨®n p¨²blica auton¨®mica. El Comit¨¦ Consultivo de Bio¨¦tica de Catalu?a, impulsado por la Generalitat, ha elaborado un documento en el que considera "¨¦ticamente aceptable y constitucionalmente posible" modificar el art¨ªculo 143 del C¨®digo Penal, que castiga con prisi¨®n la ayuda al suicidio y la eutanasia (dar un f¨¢rmaco o una combinaci¨®n de ellos para causar la muerte del enfermo que lo pide).

El documento se inspira en las leyes de Holanda y B¨¦lgica, que permiten la eutanasia en aquellas "personas que padecen enfermedades incurables o gravemente invalidantes". Seg¨²n una de las coordinadoras del comit¨¦, Margarita Boladeras, el caso de Inmaculada Echevarr¨ªa entrar¨ªa dentro de estos supuestos.