El consistorio se inhibe en casos de acoso inmobiliario, seg¨²n la FAVB
Eva Fern¨¢ndez, presidenta de la Federaci¨®n de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), critic¨® ayer la actitud del Ayuntamiento de Barcelona en los casos de acoso inmobiliario. La oficina municipal, dijo, no sirve para nada, defiende mejor los derechos de los propietarios que los de los inquilinos y acaba aconsejando a gente mayor que abandone la casa y no defienda sus derechos. Para evitar estas situaciones, dijo, la Administraci¨®n deber¨ªa personarse en el proceso junto con la v¨ªctima. La oficina municipal sobre acoso inmobiliario, que depende de Jordi Portabella, no tiene otra funci¨®n que la informativa, explic¨® un portavoz municipal. "Ni resuelve ni interviene, s¨®lo informa".
Para la presidenta de la FAVB, la actitud municipal es tan pasiva que acaba siendo disuasoria para las v¨ªctimas, que son "muchas veces gente mayor sin recursos ni energ¨ªa para hacer frente a los acosadores". Si se a?ade la, en su opini¨®n, pasividad del Ayuntamiento, se comprende que los vecinos sucumban al acoso, porque las personas "acaban perdiendo el dinero y la salud". Eva Fern¨¢ndez hizo estas declaraciones a la emisora Ona Catalana.
"Si la empresa acosadora corta la luz, el agua y el tel¨¦fono del vecino y ¨¦ste acaba ganando en los juzgados, la multa puede ascender a 300 euros. A una inmobiliaria eso no le hace ni cosquillas", dijo Fern¨¢ndez. Frente a esa cantidad "irrisoria", la presidenta de las organizaciones vecinales cit¨® el importe que puede alcanzar una multa por "cerrar un terraza" que es de hasta 30.000 euros, para concluir que hay una "evidente desproporci¨®n" entre la sanci¨®n a una familia que gana unos metros y la que se puede llegar a imponer a una inmobiliaria que especula para ganar millones.
Eva Fern¨¢ndez se?al¨® la pobreza del debate electoral con relaci¨®n a la vivienda, se?alando que una de las mejores iniciativas del tripartito, la ley del derecho a la vivienda, no merec¨ªa que nadie la defendiera ni la atacara, cuando se trataba de "un gran paso adelante" para solucionar el problema del acceso a un piso, que se ha convertido en "una emergencia de primer orden" a la que los partidos no hacen referencia.
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