Un gran promotor implicado en el 'caso Marbella' irrumpe en el 'pelotazo' de Ciempozuelos

El promotor inmobiliario Fidel San Rom¨¢n, encarcelado y ahora en libertad provisional por su relaci¨®n con el pago de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Marbella a cambio de licencias, compr¨® suelo en la zona de Ciempozuelos que el Gobierno local, presidido por el alcalde socialista Pedro Torrej¨®n, pretend¨ªa recalificar para la construcci¨®n de miles de viviendas. En esa zona hab¨ªa previstas m¨¢s de 5.000 viviendas con un negocio que, seg¨²n los expertos, supera los 600 millones de euros.

La irrupci¨®n de San Roman en el intento de pelotazo en Ciempozuelos se ha descubierto a ra¨ªz de la investigaci¨®n abierta por un juez sobre la titularidad de 152 fincas situadas en la zona por donde el municipio iba a crecer, seg¨²n su Plan General, y en la que se iban a recalificar cientos de hect¨¢reas de suelo r¨²stico a urbanizable.

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Fidel San Rom¨¢n, constructor que opera mayoritariamente en municipios del PP, compr¨® fincas para su recalificaci¨®n

San Rom¨¢n es un promotor inmobiliario que ha hecho sus principales negocios en Las Rozas, municipio del noroeste de Madrid gobernado por el Partido Popular, y que recibi¨® la concesi¨®n de la explotaci¨®n de la Plaza de Toros de Las Ventas por decisi¨®n del Gobierno regional, del PP.

Hace un a?o y medio, cuando el Ayuntamiento de Ciempozuelos aprob¨® inicialmente su Plan General, donde se establec¨ªa por d¨®nde iba a crecer la localidad y las viviendas nuevas que se iban a levantar, se constituy¨® una asociaci¨®n de supuestos propietarios de suelo, llamada Prosci, que denunci¨® un intento de macroestafa por parte de ocho sociedades instrumentales. Estas sociedades, seg¨²n la denuncia, pretend¨ªan registrar a su nombre 152 fincas que no les pertenec¨ªan.

El acta fundacional de Prosci la firmaron el Ayuntamiento de Ciempozuelos, Esprode -la promotora inmobiliaria que supuestamente se comprometi¨® a pagar 40 millones de euros al ex alcalde de Ciempozuelos a cambio de sus gestiones para la recalificaci¨®n de suelo- y Bitango, en cuyo organigrama figuran los apoderados de la mayor¨ªa de sociedades de San Rom¨¢n. Adem¨¢s de esa sociedad, hay otras dos, Tifan y Sanedi, en las que participa San Rom¨¢n junto a familiares y colaboradores, que compraron suelo en la zona.

El juez que instruy¨® la denuncia orden¨® como medida cautelar que no se pudieran comprar ni vender las 152 fincas hasta que no resolviera sobre el contencioso. Sin embargo, el juez se ha encontrado meses despu¨¦s con que una parte de los denunciantes le ha aportado escrituras donde acreditan haber comprado una treintena de fincas pese a que en la denuncia inicial, Esprode aseguraba que s¨®lo ten¨ªan cuatro.

Este hecho ha llevado al juez a consultar a la fiscal¨ªa sobre la apertura de una investigaci¨®n en relaci¨®n a la sospechosa compraventa de fincas en la zona para comprobar si se ha vulnerado su medida cautelar sobre los terrenos en litigio. La pelea por la titularidad de esas fincas, que ha llegado a los tribunales y que enfrenta a empresas inmobiliarias, tiene como causa principal la gesti¨®n del Gobierno municipal de Ciempozuelos, que pretend¨ªa mediante la aprobaci¨®n de un plan General la recalificaci¨®n masiva de esos terrenos con los que se disparaba el valor de los mismos.

Ese Plan General ha sido devuelto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde se tiene que aprobar para que entre en vigor, ante el esc¨¢ndalo urban¨ªstico destapado en esta localidad. Ciempozuelos inici¨® los trabajos del Plan General cuando gobernaba el PP, y se contrat¨® para los mismos a un despacho privado de arquitectos propiedad de Enrique Porto, quien posteriormente pasar¨ªa a la Comunidad de Madrid como director general de Urbanismo, encargado, entre otras cosas, de tramitar los planeamientos de las localidades madrile?as.

Antes de que el Ayuntamiento de Ciempozuelos recalificase ese terreno, el catastro alert¨® a una serie de vecinos de que hab¨ªa ocho sociedades que pretend¨ªan escriturarse 152 fincas en la zona. La mayor¨ªa de las fincas estaban sin inscribir en el registro mercantil. Los denunciantes, la asociaci¨®n Prosci, asegur¨® que esas ocho sociedades estaban utilizando tretas para apoderarse de esas fincas en connivencia con dos notarios de Madrid. El juez Agust¨ªn Carretero orden¨® a los directivos de esas empresas que no se acercaran al municipio de Ciempozuelos y, como medida cautelar, dict¨® una resoluci¨®n prohibiendo la compraventa e inscripci¨®n de las mismas.

Lo llamativo es que meses despu¨¦s de dictar esa orden, Esprode, y otras personas, haya acudido al juzgado diciendo que en la zona tiene una treintena de fincas, algo de lo que no inform¨® inicialmente. Seg¨²n documentos aportados por los denunciados al juzgado, esas fincas han sido escrituradas con posterioridad a la orden judicial de que no se comprasen ni vendiesen fincas. ?ste es uno de los motivos por los que el juez ha consultado a la fiscal¨ªa sobre si deduce testimonio por presuntos delitos de estafa e incumplimiento de las restricciones que pesaban sobre las 152 fincas. Seg¨²n han informado por escrito al juez los denunciados, en algunas de las escrituras aportadas ahora al juzgado hay transmisiones de fincas entre Esprode y sociedades vinculadas a Fidel San Rom¨¢n.