El constructor Rafael G¨®mez tiene cinco fincas en el entorno protegido de Medina Azahara

El constructor Rafael G¨®mez, imputado en la Operaci¨®n Malaya, el caso de corrupci¨®n urban¨ªstica de Marbella, posee cinco fincas que suman un total de 61,18 hect¨¢reas en la zona protegida de Medina Azahara, seg¨²n el Registro de la Propiedad de C¨®rdoba. Son los terrenos que flanquean la urbanizaci¨®n ilegal de Las Pitas. IU y PP han solicitado que el ¨¢rea de protecci¨®n del conjunto arqueol¨®gico se reduzca a los l¨ªmites previstos en 2003 para regular las casas ilegales. Si la Junta accediera, los terrenos de G¨®mez, conocido como Sandok¨¢n, estar¨ªan fuera de la zona BIC.

La franja comprendida entre el canal de Guadalmellato y la carretera A-431 a su paso por Medina Azahara es una caja de sorpresas. Esa zona se incluy¨® definitivamente en el ¨¢rea de protecci¨®n del Bien de Inter¨¦s Cultural (BIC) en julio de 2003. All¨ª existen actualmente unas 160 viviendas ilegales agrupadas en la urbanizaci¨®n Cercado de Las Pitas (m¨¢s otras 80 casas en dos parcelaciones distintas). Pero, en esa franja, el constructor Rafael G¨®mez tambi¨¦n posee suelo. En concreto, ha adquirido los terrenos que flanquean a Las Pitas. Los datos figuran, seg¨²n ha comprobado este peri¨®dico, en el Registro de la Propiedad N¨²mero Dos de C¨®rdoba. La primera compra est¨¢ fechada el 25 de marzo de 2004, cuando la zona ya estaba protegida. La ¨²ltima adquisici¨®n est¨¢ datada el 25 de marzo de 2005.

En total, G¨®mez ha comprado cinco parcelas. Lo ha hecho a trav¨¦s de dos de sus empresas dedicadas a la construcci¨®n y promoci¨®n inmobiliaria: las sociedades limitadas Arenal 2000 y Arenal 2001. El coste global de la operaci¨®n fue de 5,4 millones y la superficie que posee a ambos lados de Las Pitas es de 61,18 hect¨¢reas, lo que puede equivaler a 61 campos de f¨²tbol. Partiendo de los datos del Registro de la Propiedad, se deduce que el constructor ha adquirido el metro cuadrado a 8,82 euros.

En este momento, las normativas auton¨®mica y local proh¨ªben que G¨®mez edifique en la zona de protecci¨®n del Bien de Inter¨¦s Cultural de Medina Azahara. Pero en el ¨²ltimo pleno municipal de C¨®rdoba, el PP present¨® una moci¨®n en la que se instaba a la Junta de Andaluc¨ªa a que redujera el ¨¢rea BIC del conjunto arqueol¨®gico hasta los l¨ªmites anteriores a 2003. Los populares argumentaron que as¨ª se podr¨ªan regularizar en un futuro las parcelaciones que se levantaron ilegalmente en la zona. La moci¨®n fue aprobada gracias a los votos de IU, que gobierna la ciudad. El PSOE, la tercera fuerza pol¨ªtica en C¨®rdoba, se abstuvo.

Si la Junta accediera a reducir el ¨¢rea de protecci¨®n a los l¨ªmites anteriores a 2003, algo que parece complicado que ocurra y que los tribunales han desestimado, los terrenos de G¨®mez tambi¨¦n se quedar¨ªan fuera de la zona BIC. Pero esto no significar¨ªa que inmediatamente pudiera construir all¨ª, ni que las urbanizaciones ilegales pudieran regularizarse al momento.

Ese entorno de Medina Azahara tiene varias capas de protecci¨®n. La primera y m¨¢s restrictiva es la declaraci¨®n BIC. Por debajo, est¨¢ el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU), el marco que regula el crecimiento de la ciudad. En el PGOU se especifica que en ese lugar no se pueden acometer ni regularizaciones ni nuevas edificaciones. El entorno del conjunto arqueol¨®gico est¨¢ protegido tambi¨¦n por el Plan Especial de Medina Azahara. Es decir, para que las casas ya existentes pudieran regularizarse ser¨ªa necesario que se eliminaran de esa franja de terreno todas esas capas de protecci¨®n a trav¨¦s, en el caso de las restricciones municipales, de una modificaci¨®n del PGOU. Esos mismos requisitos necesitar¨ªa Rafael G¨®mez para poder construir en los terrenos que adquiri¨® a partir de marzo de 2004.

Precisamente, en junio de ese a?o, el fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde Pumpido, y el fiscal jefe del TSJA, Jes¨²s Calder¨®n, visitaron Medina Azahara. Desde all¨ª, lanzaron una advertencia al Ayuntamiento: la dotaci¨®n de agua y alcantarillado a las viviendas ilegales del entorno del conjunto arqueol¨®gico se podr¨ªa perseguir desde el punto de vista penal al tratarse de unas obras en una zona con la m¨¢xima protecci¨®n patrimonial.

La intenci¨®n del Consistorio de dotar de servicios a estas parcelaciones no es algo nuevo. Aunque ha vuelto a la actualidad debido a que IU y PP han aprobado la tramitaci¨®n de un plan, presentado por los propietarios, para instalar agua corriente y alcantarillado en Las Pitas. La Junta sostiene que esa medida es contraria a la ley. Adem¨¢s, la administraci¨®n auton¨®mica ha anunciado que la recurrir¨¢ en los tribunales si finalmente se lleva a cabo. La tramitaci¨®n del plan ha provocado una reacci¨®n en cadena de expertos, investigadores y catedr¨¢ticos nacionales e internacionales que firmaron un manifiesto en defensa de Medina Azahara. A ellos, se ha unido este martes el Colegio de Arquitectos de C¨®rdoba. Adem¨¢s, el Icomos, organismo encargado del control del patrimonio vinculado a la Unesco, est¨¢ elaborando un informe sobre el caso. Ya adelantaron hace una semana que la consolidaci¨®n de las 240 viviendas ilegales de todo el entorno de Medina Azahara (repartidas en tres urbanizaciones) podr¨ªa acarrear que el conjunto arqueol¨®gico no fuera incluido en la pr¨®xima ampliaci¨®n de la zona Patrimonio de la Humanidad de C¨®rdoba.