Y Gil cre¨® el modelo...

La llegada de Jes¨²s Gil al poder en el Ayuntamiento de Marbella, en junio de 1991, no fue, como el tiempo ha demostrado, ni un acto inocente ni un caso de aventura pol¨ªtica practicada por aficionados. Gil era promotor inmobiliario y reconoc¨ªa tener negocios en Marbella. Reuni¨® en las mismas manos la gesti¨®n p¨²blica y el inter¨¦s privado. As¨ª cre¨® un modelo de urbanismo a la carta para satisfacer las necesidades de los empresarios del sector que degener¨® en un escenario de corrupci¨®n institucionalizada. Gil llev¨® la gesti¨®n privatizada hasta sus ¨²ltimas consecuencias, pero una parte de su ejemplo prendi¨® en la Costa del Sol, se extendi¨® por el Mediterr¨¢neo y termin¨® infectando a una buena parte del territorio nacional. Su modelo descansaba en tres pilares. Uno: el municipio es soberano respecto al suelo que gestiona; dos: todo hombre tiene un precio, y tres: el sistema judicial es lento e inoperante, antes se construye una urbanizaci¨®n que se instruye un sumario.

Hab¨ªa tres pilares: el municipio es soberano respecto al suelo que gestiona, todo tiene un precio y el sistema judicial es lento e inoperante

Hay documentos que prueban c¨®mo Gil detallaba como pago de un convenio la adquisici¨®n de un Rolls Royce negro con asientos forrados de cuero blanco

Pero Gil era un hombre de excesos y su modelo termin¨® sobrepasando todos los l¨ªmites imaginables. Gil hab¨ªa montado, adem¨¢s, un Ayuntamiento paralelo para mejor satisfacer sus intereses con 32 empresas p¨²blicas y dos organismos aut¨®nomos, algunos de los cuales no ten¨ªan otra finalidad que la de ocultar origen y destino de algunos fondos, seg¨²n se desprende de reiterados informes del Tribunal de Cuentas. El Consistorio marbell¨ª casi igualaba en plantilla al Ayuntamiento de M¨¢laga, el segundo en importancia de Andaluc¨ªa. Teniendo en cuenta que se contrataban funcionarios a dedo y eran gratificados con sueldos y pluses generosos, la estrategia ten¨ªa alg¨²n sentido m¨¢s: seg¨²n el ¨²ltimo censo electoral, podr¨ªa afirmarse que 1 de cada 40 electores de Marbella cobra un sueldo del Consistorio.

El balance final de 15 a?os de gesti¨®n municipal es elocuente: de las cerca de 60.000 viviendas edificadas, al menos la mitad son ilegales. Y puede decirse lo mismo de los m¨¢s de 500 locales comerciales, algunos de ellos, grandes superficies gestionados por multinacionales. El porcentaje de suelo urbanizable en los 114 kil¨®metros cuadrados del municipio ha pasado del 35% al 65% y se ha consolidado a la velocidad del rayo porque el ritmo de edificaci¨®n ha sido muy intenso. Todo ello ha sido posible ante la tard¨ªa reacci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa y la pasiva mirada de la justicia, dado que hubo que esperar hasta el a?o 2003 para presenciar las primeras suspensiones cautelares de algunas obras. La justicia ha vivido en Marbella experiencias escabrosas con casos de jueces sancionados, jueces que han pedido el traslado por sentirse amenazados, robos de sumarios y funcionarios que pusieron fin a sus d¨ªas lanz¨¢ndose por una ventana.

Radiograf¨ªa

La radiograf¨ªa no ser¨ªa completa si no se tuviera en cuenta que Marbella ha sido tambi¨¦n el centro neur¨¢lgico donde operaba un despacho de abogados que supuestamente canaliz¨® las inversiones de delincuentes de todo tipo y condici¨®n hacia el sector inmobiliario de la costa, como parece demostrar la Operaci¨®n Ballena Blanca. As¨ª que Marbella alcanza un r¨¦cord dif¨ªcilmente igualable: 27 ex ediles procesados, tres alcaldes que han visitado la c¨¢rcel, una justicia inoperante, dinero negro a espuertas y un peque?o n¨²cleo de inversores con orden internacional de b¨²squeda y captura.

El balance muestra, de un lado, el enriquecimiento, en alg¨²n caso insultante, de ciertos personajes, cuyo mejor protagonista es Juan Antonio Roca, asesor de Urbanismo y propietario de un patrimonio abrumador. Del otro, un Ayuntamiento arruinado, unos servicios p¨²blicos deteriorados y una ciudad que ha perdido zonas verdes y suelos forestales para mejor vigencia del ladrillo. En 15 a?os de Gobierno del GIL no se ha construido ni un solo centro de salud en la ciudad y la dotaci¨®n educativa p¨²blica s¨®lo se ha incrementado en un colegio.

Gil, sin embargo, siempre tuvo una excusa: el pueblo le votaba. Efectivamente, su partido ha ido ganando las sucesivas elecciones municipales (hasta cuatro) por una holgada mayor¨ªa absoluta. No debe olvidarse que, en las de 1999, Gil logr¨® reunir en torno a su partido pol¨ªtico la cifra de 93 concejales y estuvo en disposici¨®n de gobernar en lugares como La L¨ªnea de la Concepci¨®n, Fuengirola, Manilva, Ceuta y Melilla, entre otros, donde coloc¨® a familiares, empleados y promotores fieles en los puestos de Gobierno. Nadie ha discutido el argumento de que fue su expansi¨®n pol¨ªtica el principio del fin de su carrera cuando el Gobierno central vislumbr¨® el riesgo que entra?aba su entrada en territorios tan sensibles como Ceuta y Melilla.

Gil, para entonces, llevaba ocho a?os de mandato y hab¨ªa dado muestras suficientes de que era capaz de gobernar y de financiarse a espaldas de la legalidad. Lo m¨¢s curioso es que Gil se hab¨ªa presentado a las elecciones de Marbella en 1991 como un adalid de la lucha contra la corrupci¨®n municipal. Seg¨²n su abrupto ideario, los partidos pol¨ªticos tradicionales hab¨ªan dado muestras suficientes de haber hecho un mal uso, un uso interesado, de la gesti¨®n. Criticaba un escenario de municipios sin recursos, sucios, inseguros, mal dotados de equipamiento y gestionados por gente que terminaba llev¨¢ndose el dinero para el partido. Marbella era uno de esos casos. Y ¨¦l ped¨ªa paso a los empresarios como una soluci¨®n alternativa.

Gil criticaba unas pr¨¢cticas que dominaba. Precisamente por su condici¨®n de promotor inmobiliario, Gil conoc¨ªa c¨®mo funcionaba el cohecho en la Espa?a de finales de los ochenta. ?l mismo hab¨ªa sido protagonista del caso Montaner, un asunto en el que lleg¨® a reconocer el pago de 85 millones de pesetas por la recalificaci¨®n de tres parcelas en Marbella. El caso dio lugar a un sumario y a la destituci¨®n de Jaime Montaner, por entonces consejero de la Junta de Andaluc¨ªa. El sumario no lleg¨® a ning¨²n lugar porque el caso hab¨ªa prescrito: la justicia demostraba as¨ª su lentitud.

Las debilidades del sistema

Conocedor de las debilidades del sistema, Gil se dispuso a darle al asunto un toque de profesionalidad: el urbanismo ser¨ªa el motor de su gesti¨®n. ?Qu¨¦ tipo de urbanismo? Podr¨ªa afirmarse que se trataba de un urbanismo a la carta, un urbanismo rampante a partir del cual toda superficie era susceptible de ser recalificada si hab¨ªa un constructor dispuesto a edificar. Para Gil, el ladrillo era sin¨®nimo de riqueza y motor de progreso para la ciudad.

La figura central de su gesti¨®n era el convenio de planeamiento, una pr¨¢ctica que se hab¨ªa puesto de manifiesto en algunos municipios y que ¨¦l llev¨® al exceso. El convenio significaba un acuerdo privado entre Ayuntamiento y empresario por el cual, a cambio de dinero por adelantado, se satisfac¨ªan las inquietudes del promotor. El pago pod¨ªa darse en efectivo o en especie. El convenio, por otra parte, no ten¨ªa por qu¨¦ someterse a la ordenaci¨®n prevista en el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de 1986. De esa manera, una zona verde pod¨ªa pasar a ser edificable o una zona forestal pod¨ªa dar cobijo a una urbanizaci¨®n. Gil actu¨® sin l¨ªmites. Tampoco hizo demasiado caso de la legislaci¨®n en materia de concesi¨®n de licencias de obra. Liberaliz¨® todas las normas a su manera.

Hay documentos que prueban c¨®mo Gil detallaba como pago de un convenio la adquisici¨®n de un Rolls Royce negro con los asientos forrados de cuero blanco. El convenio no ten¨ªa por qu¨¦ ser p¨²blico ni por qu¨¦ atenerse a las directrices del PGOU en vigor, pero daba a los municipios un instrumento alegal que permit¨ªa financiar sus necesidades. El problema era discernir cu¨¢les eran esas necesidades y d¨®nde se situaba el inter¨¦s p¨²blico y el inter¨¦s privado. El c¨ªrculo se cerraba en los plenos municipales, donde se le daba al procedimiento apariencia de legalidad.

Gil entend¨ªa que eso no era m¨¢s que un ejercicio de soberan¨ªa. Quedaba un ¨²ltimo escollo. ?Y si el convenio no se ajustaba al Plan General? Tampoco parec¨ªa importar. Gil conoc¨ªa por experiencia la inoperancia de la justicia en estos asuntos: para cuando ¨¦sta diera sus primeros pasos, los compradores estar¨ªan disfrutando de su vivienda. No se puede olvidar que de esta legalidad enmascarada participaron tambi¨¦n otras instituciones, tales como registradores de la propiedad, notarios y, por supuesto, entidades bancarias que concedieron cr¨¦ditos para la edificaci¨®n de urbanizaciones bajo sospecha.

Gil cre¨® un modelo. Un modelo excesivo, pero que pon¨ªa de manifiesto las debilidades del sistema. Su pr¨¢ctica corri¨® como la p¨®lvora por el Mediterr¨¢neo. En poco tiempo se generaliz¨® por otros territorios. Quiz¨¢ nadie lleg¨® tan lejos como ¨¦l y sus seguidores en Marbella, pero la realidad de poblaciones que han dise?ado planes de expansi¨®n urban¨ªstica que multiplican hasta por 40 su futura poblaci¨®n es ahora un hecho cotidiano en Espa?a.