El Gobierno deja pasar otro a?o sin enviar a la C¨¢mara las leyes de liquidaci¨®n de cuentas
El Ejecutivo 'debe' al Parlamento los proyectos de ley correspondientes desde 1999
El Ejecutivo ha dejado transcurrir un a?o m¨¢s sin presentar a la C¨¢mara ninguno de los proyectos de ley de liquidaci¨®n de los presupuestos, pendientes desde que el lehendakari Juan Jos¨¦ Ibarretxe ocupa el cargo. Su presentaci¨®n viene obligada por el art¨ªculo 126 de la Ley de R¨¦gimen Presupuestario vasca y la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, se comprometi¨® en octubre del a?o pasado a enviarlos. No dijo cu¨¢ndo lo har¨ªa, pero apunto que ser¨ªa "en los pr¨®ximos meses" en su respuesta, hace ya m¨¢s de un a?o, a una pregunta parlamentaria.
La vicelehendakari asegur¨® hace un a?o largo que el ejecutivo estaba en condiciones de entregar al Parlamento los proyectos de ley correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 1998 y 2002, ambos incluidos, pero lo cierto es que a¨²n no ha mandado ni uno.
Pese a esa promesa, Zenarruzabeitia consider¨® que el procedimiento de liquidaci¨®n de las cuentas finaliza con la presentaci¨®n ante la c¨¢mara legislativa de los informes elaborados por los ¨®rganos de control externos, es decir, por el Tribunal de Cuentas, cuyo ¨²ltimo trabajo se refiere a 2004.
Tambi¨¦n se quej¨® de que la presentaci¨®n de proyectos de ley de liquidaci¨®n es una obligaci¨®n que no tienen ni el gobierno central ni las otras comunidades aut¨®nomas. La oposici¨®n no acepta este argumento, porque la normativa vasca s¨ª la impone y a ella se debe el Gobierno auton¨®mico.
Los sucesivos ejecutivos presididos por el actual lehendakari no han enviado ni siquiera la ley de liquidaci¨®n correspondiente al ejercicio de 1998, dentro a¨²n del ¨²ltimo mandato del anterior lehendakari, Jos¨¦ Antonio Ardanza, y que aquel equipo no pudo elaborar porque el nuevo le sustituy¨® el 2 de enero de 1999.
As¨ª, son ocho los ejercicios pendientes y nueve los a?os transcurridos desde la ¨²ltima cuenta liquidada con la correspondiente ley, la ejecutada por el Gobierno de coalici¨®n PNV-PSE en 1997.
La oposici¨®n se ha interesado en el Parlamento por este incumplimiento pero el Gobierno sigue haciendo caso omiso. La misma actitud observa ante id¨¦ntica reclamaci¨®n efectuada por el Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas (TVCP), que le ha reiterado la petici¨®n de que env¨ªe los proyectos anualmente.
El Grupo Socialista ha presentado ahora una interpelaci¨®n a Zenarruzabeitia, que podr¨ªa dar lugar a una moci¨®n en la que la C¨¢mara censurara al ejecutivo y le obligara a cumplir la ley.
Caso omiso a TVCP
El Gobierno se escuda en que la normativa presupuestaria no explicita un plazo concreto para la presentaci¨®n de estos proyectos de ley con la liquidaci¨®n de las cuentas a la C¨¢mara. Por tanto, estima que puede decidir a discreci¨®n el momento de enviarlos y acumular cuantos ejercicios desee sin cubrir ese tr¨¢mite, sin que ello signifique que est¨¦ incumpliendo la ley.
El TVCP le ha advertido tambi¨¦n, dando as¨ª la raz¨®n a la oposici¨®n, de que no se escude en esa laguna de la norma, la inexistencia de un plazo preciso, para eludir una obligaci¨®n legal, que sus antecesores s¨ª cumplieron. Es cierto que tambi¨¦n los Gobiernos de Ardanza acumularon retrasos y remitieron los proyectos de ley a la C¨¢mara en paquetes que agrupaban varios a?os.
El Tribunal de Cuentas ha pedido con posterioridad que los proyectos de ley de liquidaci¨®n de las cuentas se env¨ªen en el a?o siguiente al cierre de cada ejercicio. "El Gobierno no debe escudarse en este vac¨ªo legal" -la inexistencia de plazo concreto en la norma- le reconvino el a?o pasado. En el mismo informe le instaba a presentar "anualmente el obligatorio proyecto de ley en el plazo m¨¢s breve posible".
Las fuentes consultadas en el Tribunal de Cuentas no encuentran motivos, al menos de orden operativo o t¨¦cnico, para que el Gobierno no cumpla con lo establecido en el art¨ªculo 126 de la Ley de R¨¦gimen Presupuestario auton¨®mica.
El problema puede ser, pues, m¨¢s de ¨ªndole pol¨ªtico, y residir en que el ejecutivo -que ha visto empeorar su posici¨®n relativa en la C¨¢mara desde que Ibarretxe alcanz¨® el poder- tema que los proyectos le sean rechazados por el Parlamento; m¨¢xime cuando la mayor parte de ellos, hasta que los de este a?o se aprobaron con holgura gracias al respaldo socialista, fueron objeto de graves conflictos con la oposici¨®n y cuestionamientos de su legalidad. El correspondiente a 2002 result¨® incluso anulado un a?o despu¨¦s por el Tribunal Constitucional.
Inc¨®gnitas legales sobre una situaci¨®n in¨¦dita
El Gobierno, seg¨²n los grupos parlamentarios consultados por este peri¨®dico, no se ha dirigido nunca a ellos ni efectuado tanteo alguno acerca de cu¨¢l ser¨ªa su comportamiento en caso de que remitiera los proyectos de ley pendientes.
Las fuentes consultadas en los grupos de la oposici¨®n no se pronuncian con claridad sobre cu¨¢l ser¨ªa su posici¨®n, aunque recuerdan que los presupuestos de todos esos ejercicios, salvo el de 1999, pactado con Batasuna, entonces Euskal Herritarrok, se sacaron adelante gracias al voto por separado de las enmiendas a la totalidad, reprobado por toda la oposici¨®n. Esas mismas fuentes eluden pronunciarse sobre cu¨¢l ser¨ªa la situaci¨®n legal en que quedar¨ªan los presupuestos de todos esos a?os si el Gobierno trasladara a la C¨¢mara los proyectos de ley de liquidaci¨®n y ¨¦stos fueran rechazados. Tampoco las fuentes jur¨ªdicas consultadas tienen una idea clara de cu¨¢les ser¨ªan las consecuencias de un ese eventual rechazo.
Los de orden pr¨¢ctico ser¨ªan nulos, lo dan por hecho, pero otra cosa ser¨ªa los de tipo legal, donde algunas de esas fuentes estiman que el ejercicio o los ejercicios presupuestarios afectados quedar¨ªan sin cerrar y las consecuencias pol¨ªticas y hasta est¨¦ticas, ya que el Gobierno, consideran, deber¨ªa volver a intentarlo hasta que consiguiera la aprobaci¨®n.
Los anteriores gobiernos no se encontraron nunca con este problema gracias a la holgada mayor¨ªa que disfrutaron en coalici¨®n PNV y PSE.
El pronunciamiento m¨¢s reciente sobre el particular lo realiz¨® el director de la Oficina de Control Econ¨®mico del Gobierno, Javier Losa, en su comparecencia hace dos semanas ante la ponencia que estudia la modificaci¨®n de la legislaci¨®n presupuestaria. Losa reiter¨® la queja de la vicelehendakari sobre la inexistencia de obligaci¨®n equivalente en otras autonom¨ªas. Un argumento que no les acepta la oposici¨®n. ?sta considera este proceder elusivo de una obligaci¨®n legal como "un ejercicio de oscurantismo", en palabras del portavoz socialista Jos¨¦ Antonio Pastor.
Por ello lleva mucho tiempo batallando para que el Gobierno adelante los plazos de la rendici¨®n de cuentas, una petici¨®n avalada por el Tribunal de Cuentas. De otro modo, se?alan, los grupos no pueden realizar un contraste adecuado entre promesas y resultados y el Gobierno escamotea as¨ª un control en condiciones de su gesti¨®n de las arcas p¨²blicas.
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